Cesar Alonso, Rajoy baja a la calle

viernes 9 de marzo de 2007
Rajoy baja a la calle
POR CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS
En la pasada legislatura fue el PSOE el que salió a la calle. En ésta, es el PP. ¿Tendremos que igualar el comportamiento de los dos? ¿Habrá que reprocharles a ambos su incapacidad para resolver las diferencias en las instituciones? Hace unos días, Zapatero recurrió al truco de deslegitimar la iniciativa del PP a partir de la autocrítica. ¿Acaso no reprochaban mis manifestaciones callejeras?, se preguntaba retóricamente.
El PSOE ensayó la pasada legislatura un tipo de oposición que respondía a una «estrategia de la tensión». Ni el caso Prestige ni la política de alianzas con Estados Unidos y Gran Bretaña en relación con la guerra de Irak pudieron justificar la sustitución del Parlamento por la calle y, aún menos, las formas violentas que tomaron las acciones dirigidas por el PSOE. Los asaltos a las sedes del PP y la criminalización de sus dirigentes y diputados («asesinos, asesinos») se completaba con una campaña propagandística mediante la que se acusaba al PP de «crispar» la vida pública. Fue una revancha y el comienzo de la división de las dos Españas, la reivindicación de la II República y la expulsión del PP del juego partidario («pacto del Tinell»).
La salida a la calle del PP no es la aplicación a la inversa de aquella «estrategia de la tensión». A mi entender, el PP va ahora a la calle obligado, a rastras de la sociedad civil. Por una razón simple: el PSOE ha seguido llevando desde el poder una política que desborda las instituciones. El cambio de modelo de Estado del que es «fruto» el Estatuto de Cataluña, y el «proceso de paz», mediante el que se quieren resolver las aspiraciones secesionistas de los nacionalistas vascos, está obligando al partido de Rajoy a bajar a la calle. El plan de Zapatero supone la disolución del Estado autonómico, el salto al confederal y en esa terrible marcha se inscribe el escándalo de De Juana Chaos.
La gobernación de Zapatero es una provocación sistemática. Sus desmanes jurídicos e institucionales quedan remitidos a un Tribunal Constitucional que hablará una vez consumados los hechos. En estas circunstancias sale el PP. Afortunadamente obligado.