El Gobierno pierde el envite judicial

El Gobierno pierde el envite judicial

Miércoles, 22-10-08
EL Gobierno socialista recibió ayer un duro revés con el seguimiento masivo a la convocatoria de paro hecha por los secretarios judiciales. Además, los jueces de toda España y de todas las categorías -incluidos los jueces centrales de instrucción y cerca de la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo- emitieron comunicados muy críticos con el Ejecutivo por su intromisión en la potestad disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. Sin duda alguna, las suspensiones de vistas y juicios representan la vertiente más perjudicial de este paro, porque afectan a ciudadanos cuyos pleitos se verán aplazados a meses vista, aumentando así el retraso que, como norma general, suelen sufrir los procesos judiciales. Además, el contexto de esta respuesta judicial masiva -la polémica sobre la leve sanción al juez Rafael Tirado- permite al Gobierno insistir en el mensaje de que la protesta es corporativista. Al Ejecutivo le interesa reiterar este mensaje para diluir las sólidas razones de fondo que asisten a jueces y secretarios -quienes omiten cualquier autocrítica por su papel en el estado actual de la Justicia- en sus demandas de medios materiales para los órganos jurisdiccionales y de respeto al CGPJ. La ocasión, ciertamente, puede no haber sido la más propicia para este paro, teniendo en cuenta que no es la primera vez que el Gobierno socialista da motivos para salir en defensa de la independencia judicial y de su autogobierno. En todo caso, hechas estas reservas, la protesta de la justicia evidencia un hartazgo de jueces y secretarios por la desidia del Ejecutivo ante las necesidades materiales de los tribunales y es también una reacción ante el deterioro de su imagen pública, golpeada con acusaciones políticas de corporativismo y encubrimiento.
Por las reacciones del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, cabe temer una escalada en la tensión entre el Poder Judicial y el Gobierno. El nuevo CGPJ se ha estrenado con una crisis que puede marcar definitivamente su mandato si no asume el liderazgo de la justicia. Sin duda, Bermejo incurre en un burdo fariseísmo cuando acusa a jueces y secretarios de querer condicionar al CGPJ con el paro de ayer, cuando ha sido la presión explícita del Ejecutivo sobre este órgano el detonante de la reacción judicial. Es insólito que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, interfiera en el recurso de la Fiscalía y reclame del CGPJ -al que ella perteneció- una determinada sanción al juez Tirado y también está fuera de lugar que el ministro de Justicia atice constantemente la discordia con declaraciones irresponsables sobre las motivaciones ideológicas de los consejeros del Poder Judicial que impusieron una multa al juez del «caso Mari Luz». Lo grave es que en este Gobierno se observan tendencias autoritarias muy peligrosas y crecientes en sus relaciones con las instituciones del Estado de Derecho, que lo mismo se manifiestan en una bronca pública a la presidenta del Tribunal Constitucional durante el desfile de la Fiesta Nacional que en el aleccionamiento al CGPJ de la sanción que debe imponer a un juez.
Es comprensible que los secretarios judiciales se sientan «chivos expiatorios» del Gobierno y que los jueces defiendan a la máxima institución de su autogobierno frente a las intromisiones políticas, aunque las consecuencias del paro puedan rebajar ante la opinión pública la autoridad de sus argumentos. Para el funcionamiento del Estado de Derecho, lo importante es que hay un conflicto entre poderes, provocado por la actitud intervencionista del Gobierno, y que la administración de Justicia ha encadenado una huelga de funcionarios y un paro masivo de secretarios en el mismo año. Cualquier otro «caso Mari Luz» está ya políticamente anotado en el pasivo del Gobierno. En condiciones normales, el ministro de Justicia al que le pasa esto debería asumir su responsabilidad o el presidente del Gobierno debería encargarse de hacerla efectiva. En un Estado de Derecho, las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Judicial deben basarse en un respeto que el actual Gobierno es incapaz de garantizar

http://www.abc.es/20081022/opinion-editorial/gobierno-pierde-envite-judicial-20081022.html