De mal en peor

De mal en peor

21.10.2008

L os errores y negligencias registrados en el 'caso Mari Luz', que desembocaron en la muerte de la pequeña presuntamente a manos de un pederasta reincidente con una pena de prisión pendiente de ejecutar, han acabado convirtiéndose en un desgraciado catálogo de las profundas deficiencias que minan la eficacia y la credibilidad de la Administración de Justicia. La búsqueda del obligado resarcimiento para la familia de la víctima no se ha traducido ni en una evaluación transparente y sosegada de por qué se produjo una cadena de equivocaciones con un resultado tan descorazonador, ni tampoco en la adopción de medidas de sanción para los supuestos responsables de la dilaciones indebidas -el juez Tirado y la secretaria judicial- que hayan suscitado la comprensión de la opinión pública. Es obvio que este último factor ni puede ni debe condicionar las decisiones que se adoptan en el ámbito de los tribunales y del gobierno de la Magistratura. Pero la distancia entre la multa de 1.500 euros impuesta a Tirado por el Consejo del Poder Judicial, frente a los dos años de suspensión acordada por el Ministerio de Justicia para la funcionaria, no sólo siembra el desconcierto sobre la relevancia de las funciones que concurren en un juzgado; también impide saber si la endémica sobrecarga de trabajo que arrastran los tribunales favoreció la comisión del fallo humano, lo que descarga a su vez de toda culpa a los gestores políticos de los que depende la dotación de recursos personales y materiales.
Este cúmulo de despropósitos se ha visto agravado por las presiones del Gobierno y la oposición al nuevo CGPJ para que incremente la sanción contra Tirado, hasta dar lugar hoy a la inédita y preocupante estampa que supondrá el paro de protesta organizado por los secretarios judiciales, la convocatoria en paralelo de juntas de jueces para revisar y delimitar la carga de trabajo y el comunicado que ultiman magistrados del Supremo contra la injerencia política en el 'caso Mari Luz'. La insuficiencia de medios y la notable pendencia acumulada en los juzgados exigen de quienes los denuncian el compromiso de no intensificar los efectos de esas carencias con sus reivindicaciones, por legítimas que éstas puedan ser. Pero su apariencia de corporativismo no exime ni al Gobierno ni al Poder Judicial de sus responsabilidades para paliar el descrédito que amenaza al tercer poder del Estado.

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20081021/opinion/peor-20081021.html