Enrique Rosendo, Una propuesta de reforma electoral (y III)

jueves 24 de enero de 2008
Por un nuevo sistema
Una propuesta de reforma electoral (y III)

Los partidos que concurran a las elecciones deberán obtener al menos el 1% en el cómputo nacional, porcentaje a partir del cual una formación política puede tener representación parlamentaria, eliminando las exigencias provinciales.

José Enrique Rosendo

La actual situación política pone en evidencia, a mi juicio, al sistema electoral español muy por encima de las conclusiones a que hice referencia en mi anterior artículo. La crisis institucional derivada de la demanda de los nacionalismos y la crisis económica en ciernes constituyen dos importantes retos que debiéramos abordar con una energía que ninguno de los dos grandes partidos parece que vaya a obtener de las urnas. De ahí que el sistema electoral suponga a mi juicio tan grave inconveniente previo que, si fuéramos sensatos, cosa nada común en la política de hoy, su reforma debiera constituir una prioridad inmediata.

Sobre la crisis institucional se ha dicho ya casi todo. Y pocos dudan de que el exagerado peso parlamentario de los nacionalismos, unido a una coyuntura en la que las dos grandes fuerzas políticas tienden a disponer de una diferencia cada vez menor en términos electorales, ha precipitado una espiral interminable de demandas centrífugas que tiene visos de quebrar definitivamente la unidad de España. Podría parecer exagerado, pero desde luego no lo es. Baste medir las diferencias en los sistemas sanitario y educativo, en la fiscalidad, en la apabullante normativa que regula buena parte de nuestra economía real y en la burocratización excesiva de nuestros aparatos administrativos.

Sobre la crisis económica, que el pasado lunes asomó su auténtico rostro en el parqué, sólo tenemos que echar cuentas en el calendario. En vez de estar tomando medidas, tratamos de disimular la crisis y sus efectos por pura conveniencia electoral, y de aquí a que se constituya el Gobierno, habremos dilapidado algo más del primer cuatrimestre de este año, un tiempo que se me antoja vital para tomar las medidas necesarias para que nuestra economía enderece el rumbo cuanto antes: primero las elecciones, luego la constitución de las Cortes, la negociación entre las fuerzas políticas (no parece que ni PSOE ni PP vayan a obtener mayoría absoluta el 9 de marzo), luego la investidura y conformación del nuevo Gobierno y finalmente el nombramiento de los escalones medios del ejecutivo.

El Gobierno que resulte desde luego tendrá un margen proporcional a la diferencia de escaños que tenga en relación con el obtenido por el principal partido de la oposición. Pero en todo caso, dependerá de las alianzas parlamentarias con los nacionalistas, que constituirán una importante traba para las reformas económicas necesarias.

Visto el análisis sobre el sistema electoral español en la Constitución, y sus efectos en las últimas elecciones, si el resultado entre PSOE y PP es tan ajustado como se presume por los demoscópicos, lo conveniente sería desde luego que ambas formaciones alcanzaran un acuerdo nacional para la reforma electoral, a resultas de la cual se garantizase de alguna manera que la fuerza política victoriosa de futuras elecciones dispusiera de una mayoría parlamentaria absoluta con la que poder realizar su plataforma programática sin necesidad de obsequiar con dádivas a los minoritarios nacionalistas.

Mi propuesta es muy simple. Consiste no en cambiar la Constitución, que es algo bastante complejo y debería enmarcarse en un proyecto más amplio el día que fuera necesario el cambio de la Carta Magna, sino en aprobar una nueva ley electoral, con las siguientes modificaciones básicas:

Los partidos que concurran a las elecciones deberán obtener al menos el 1% en el cómputo nacional, porcentaje a partir del cual una formación política puede tener representación parlamentaria, eliminando las exigencias provinciales.

Garantizar dos escaños mínimos a cada provincia, independientemente del número de habitantes. Esto, unido a los escaños de Ceuta y Melilla, computaría 102 diputados, que irían a parar directamente al partido con más votos en cada provincia, siempre que se reúna el requisito anterior.
Distribuir proporcionalmente el resto de los escaños a las candidaturas presentadas en cada provincia, conforme a la fórmula de la denominada Ley D’Hont.

Con esto conseguiríamos ponderar adecuadamente la fuerza electoral de los nacionalistas y su representación parlamentaria; reduciríamos el coste de votos por escaño a las fuerzas políticas nacionales distintas a PSOE y PP; y dotaríamos con facilidad de mayoría absoluta al partido que gane las elecciones.

http://www.libertaddigital.com/opiniones/opinion_41586.html