Enrique Badia, El zoco fiscal

jueves 31 de enero de 2008
El zoco fiscal

Enrique Badía
El aluvión de promesas relacionadas con los impuestos no significa, aunque lo parezca, que el gobierno que salga de las urnas el próximo 9 de marzo vaya a impulsar nada parecido a una reforma fiscal. Quizás las propuestas del PP estén un poco más cerca que las del PSOE, pero en el fondo ambos partidos apuestan por el relativo continuismo del modelo que, con ligeros retoques, se mantiene desde la ya lejana fecha de 1978.
Dadas las circunstancias, sin embargo, un replanteamiento a fondo del modelo tributario no vendría nada mal. Al menos por dos razones. De una parte, por todo lo que ha cambiado en los últimos treinta años, tanto España como el conjunto del mundo, cada vez más sometido a los imperativos de la globalidad. De otra, a causa de los sucesivos parcheos que se han sucedido, año tras año, restándole buena parte de la coherencia con que se diseñó. Sin embargo, parece que, en lugar de rehacerlo, ambos aspirantes a gobernar hasta 2012 vuelven a optar por añadirle nuevos parches, alguno más discutible que los demás.

Entre los últimos figura sin duda la difusa promesa de devolver 400 euros a todos los contribuyentes durante 2008, lanzada por el presidente Rodríguez Zapatero hace algunas fechas, posteriormente matizada por él mismo y también por el vicepresidente Solbes… hasta dejarla en una palpable confusión sobre cómo y a quiénes se va a entregar. Una medida que ha sido objeto de al menos dos o tres lecturas, además de una atribución electoralista difícil de descartar. Para unos, se trataría de distribuir el superávit alcanzado por las cuentas públicas en 2007 –en torno al 2 por 100 del PIB- de forma lineal entre los contribuyentes sujetos al IRPF. Otros, en cambio, sostienen que la realidad no va más allá de reducir las retenciones en 2008 en la medida necesaria para eliminar el efecto de subida impositiva que comporta la tasa de inflación; la realidad es que el Ejecutivo incumple reiteradamente el compromiso de deflactar la tarifa del impuesto todos los años. Y los hay, en fin, que ven en la medida una suerte de emulación del reparto fiscal que ha propuesto aplicar el presidente Bush en Estados Unidos para reanimar el consumo y conjurar fantasmas y riesgos de recesión.

Cualquiera de las hipótesis plantea no pocas dudas, tanto sobre los verdaderos efectos de la medida como desde el punto de vista de su eventual repercusión en las inclinaciones de voto de los ciudadanos. Algunos han hablado ya de que se está tratando de comprar el voto, pero suena un tanto deplorable que menos de 100.000 de las antiguas pesetas vayan a decantar las preferencias de ningún elector. Tampoco la cantidad se intuye suficiente para instar una recuperación del consumo, lo que mueve a pensar que es más el ruido y la polémica desatados alrededor de la promesa que su efecto real.

Otros ingredientes del zoco fiscal que se está organizando, cuando ni siquiera ha comenzado oficialmente la campaña electoral, comparten el inconveniente de suponer retoques parciales al modelo que, vale la pena repetirlo, anda sobrado de remoción parcial.

No hace falta extenderse demasiado para significar la trascendencia individual y colectiva que tiene el modelo fiscal elegido. Es mucho lo que condiciona a nivel interno, pero lleva también tiempo convertido en elemento crucial de competitividad. Reza la teoría que los impuestos deben ser justos, equitativos, neutrales y fáciles de cumplimentar, pero no parece que ninguna de esas reglas se cumpla satisfactoriamente en el maremágnum impositivo español. También deben ser estables, en aras de no inducir inseguridad jurídica al contribuyente, requisito que aquí se está lejos de cumplir.

Al margen del ronroneo político, existe amplio consenso entre los especialistas sobre que la economía española precisa una reforma fiscal, poniendo al día un modelo –vigente- que hace aguas por muchas partes y se revela día a día poco adecuado para buena parte de la realidad actual. Sin duda, no es tarea fácil, sino que requeriría gran dosis de estudio, análisis y proyección, porque cualquier tarea de este tipo se debe concebir con propósito de durar. De lo que a su vez deriva la parte más espinosa de ese hipotético escenario: debería ser objeto de pacto entre los dos grandes partidos, siquiera en sus líneas maestras, comprometiéndose a no alterar sus bases al menos en tres o cuatro legislaturas desde su implantación.

Por manido que resulte y escasa fe que concite, sería oportuno un pacto de Estado entre PP y PSOE para poner en marcha una verdadera y profunda reforma fiscal. Claro que, entonces, el zoco debería cerrar.


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