martes 29 de enero de 2008
Reflexiones para un momento postelectoral)
EN 1971 se estrena la película musical, ganadora de tres oscars, dirigida por Norman Jewison, con el título «El violinista en el tejado». La obra está basada en una novela del escritor ruso Sholom Aleichem, titulada «Las hijas de Teyve». Como es sabido, el violinista es usado como una metáfora de la vida inestable de las comunidades judías en la Rusia zarista. En la vida política actual determinadas acciones y omisiones políticas nos obligan a muchos a actuar como violinistas, tratando de sacarle a la vida melodías agradables e invitar a los demás al optimismo. Y lo grave es que, pese a los problemas planteados en toda sociedad compleja como la nuestra, los ciudadanos serían mucho más optimistas si las cosas se hiciesen de otro modo.
Una vez convocadas las elecciones generales entramos en un período de campaña electoral donde, junto con el contraste de los diferentes programas electorales, asistiremos a enfrentamientos políticos diversos en los cuales reinará el principio del «todo vale» con tal de conseguir el voto de los ciudadanos. Las encuestas realizadas dan un empate técnico entre el PSOE y el PP. Todo puede suceder el día 9 de marzo y aún es pronto para predecir seriamente un determinado resultado electoral. Lo probable es que ningún partido político obtenga mayoría absoluta, siendo, por tanto, necesarias futuras alianzas parlamentarias y/o gubernamentales. ¿Es este un buen panorama político? Creo que no. Preferiría que el partido político que ganase las elecciones lo hiciese por una mayoría absoluta, aun siendo consciente de que las mayorías absolutas de pasadas Legislaturas han producido importantes disfuncionalidades. Como esta posibilidad resulta, a día de hoy, imposible, la solución pasa por un necesario Gobierno de Coalición.
¿Por qué razón es necesario un Gobierno fuerte y sólido? Sencillamente porque los problemas actualmente planteados y las posibles soluciones, incluida la imperiosa necesidad de una reforma constitucional en profundidad, que deben adoptarse, así lo exigen. Aunque en España nunca ha habido, en la reciente etapa democrática, un auténtico Gobierno de coalición gubernamental, creo que ha llegado el momento de planteárnoslo. Y debe ser un Gobierno de Gran Coalición PSOE-PP/PP-PSOE, en función de quien sea el partido vencedor, con el apoyo puntual de otras fuerzas políticas en temas sectoriales y concretos. Todo ello, siendo conscientes de que el consenso que caracterizó a nuestra transición política es un hecho históricamente irrepetible. Incluso, es posible afirmar que la proclamación del consenso como una especie de canon de constitucionalidad supone un serio atentado a la lógica democrática y a la propia dogmática constitucional.
Desde 1978 los dos principales partidos políticos han mantenido, con algunos altibajos, un acuerdo esencial en los grandes temas de Estado: modelo económico, organización territorial del poder político, lucha contra el terrorismo, política exterior, inmigración, etc... Este acuerdo no ha impedido, cuando han sido llamados a gobernar por los ciudadanos, la realización de políticas públicas diferenciadas que no han alterado sustancialmente ese acuerdo esencial. Con ello, nuestro sistema de gobierno adquiría, quizás por primera vez en nuestra historia, unas características tales que nos elevaban a la condición de nación civilizada. Durante los últimos años esta situación se ha visto fuertemente alterada, produciéndose un fraccionamiento político y social. Creo que se trata de problemas con la suficiente envergadura como para poder exigir a nuestros partidos políticos que se pongan de acuerdo, de una vez y para siempre, sobre ellos. De lo contrario, cada cierto tiempo volveremos a debatir «viejos problemas históricos», produciéndose un inevitable alejamiento de las preocupaciones de los ciudadanos. Además se producirán enfrentamientos políticos aun más crispados que en la pasada Legislatura. Y lo que es aun más grave: se acrecentará el enfrentamiento social, la ruptura en el seno de nuestra sociedad civil, afectando, en consecuencia, a la propia esencia de nuestro sistema democrático.
Sin buscar ahora responsables, lo cierto es que esos grandes acuerdos hoy día no existen y que ello constituye una de las principales características de nuestro actual sistema democrático. Urge, por tanto, volver a esos acuerdos generales, de los cuales no hay que excluir necesariamente a los demás partidos políticos. Pero deben ser acuerdos protagonizados por las dos principales fuerzas políticas y formalizados, debido a las actuales circunstancias políticas, necesariamente a través de un Gobierno de coalición entre ellas. Y ello con arreglo a las siguientes características:
1) La campaña electoral puede ser todo lo dura que se quiera, pero nunca debe rebasar los límites que impidan o dificulten en extremo los necesarios acuerdos postelectorales.
2) La próxima legislatura debe ser la Legislatura de la Reforma Constitucional, cerrando las cuestiones que nuestros constituyentes dejaron, por razones que ahora no es necesario explicitar, abiertas e indefinidas. Además, ha de ser una Legislatura breve. Las próximas Cortes Generales, además de dar solución a los problemas cotidianos planteados, y que no son pocos, deben dedicarse preferentemente a la elaboración de un texto constitucional realista, negociado, aceptado por la mayoría de las fuerzas políticas, aunque no sean todas, en los términos del art. 168 de nuestra Constitución. Y ello en el plazo prudencial de unos dos años.
Por la propia dinámica del proceso, no creo que sea ya posible una reforma constitucional puntual, muy concreta y, por lo tanto, ceñida a pocos artículos. Se impone una reforma en profundidad de la misma y tratar de conciliar las propuestas formuladas por el Consejo de Estado, en su Informe emitido a iniciativa del Gobierno, las explicitadas por el PP y las que, con toda seguridad, efectuarán en la campaña electoral otras formaciones políticas. Ello supondrá, inevitablemente, una reforma constitucional extensa y en profundidad, en la cual, entre otras cosas, se cierre definitivamente el modelo de Estado con la finalidad de que éste no venga determinado por los Estatutos de Autonomía, de forma absolutamente asimétrica y con un claro fraude constitucional. No se trata, por otro lado, de prescindir del contenido del actual texto constitucional, como si éste ya no sirviese para nada, y elaborar una Constitución totalmente nueva que nada tenga que ver con la anterior. Ello supondría la destrucción del actual texto constitucional, cuyos principios inspiradores continúan siendo válidos y conservan una eficacia transformadora. La tarea parece ingente, pero es posible. Y hay que hacerla en un plazo breve de tiempo para evitar un proceso de reforma constitucional permanentemente abierto.
Junto a ello, hay que recuperar la unidad en torno al modelo económico, máxime si tenemos en cuenta el actual proceso de recesión a que estamos asistiendo y que ya empieza a ser sentido por los bolsillos de los ciudadanos; recuperar la unidad en la lucha contra el terrorismo, evitando los acuerdos políticos a cambio de nada, decisiones precipitadas y la manipulación de las víctimas delterrorismo; desarrollar una política exterior propia, en función de nuestros intereses, sin ser apéndice de nadie, pero teniendo en cuenta nuestros aliados naturales y las naciones de nuestra comunidad histórica; y realizar una política coherente en materia de inmigración, que pasa por una lucha contra la inmigración ilegal, la potenciación del desarrollo en los países correspondientes y la ausencia de «legalizaciones masivas» que causan estupor entre nuestros aliados europeos.
Creo que esta propuesta va a ser rechazada por casi todos los partidos políticos. Por lo menos durante la campaña electoral. Si ello es así, nos encontraremos con un partido vencedor que necesitará el apoyo parlamentario de otras fuerzas políticas minoritarias. Ya sabemos, por experiencia, lo que ello supone. Posiblemente yo, y otros muchos, tengamos vocación eterna de «violinistas en el tejado», pero es hora de llamar la atención de nuestros responsables políticos para que actúen como lo que deben ser: auténticos responsables.
ENRIQUE ÁLVAREZ CONDE
Catedrático de Derecho Constitucional
http://www.abc.es/20080129/opinion-la-tercera/were-zapatero-were-rajoy_200801290344.html
martes, enero 29, 2008
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