Una iniciativa revanchista

miercoles 26 de septiembre de 2007
Una iniciativa revanchista
EL PSOE mitigó ayer en el Congreso una iniciativa revanchista de Izquierda Unida por la que se pedía la expropiación -aunque sería más correcto hablar de confiscación- del patrimonio de la familia Franco. La propuesta, lanzada al calor de la polémica sobre el futuro del pazo de Meirás, era un dislate jurídico, porque incluso instaba a «recuperar» bienes del anterior jefe del Estado que hubieran pasado a manos de terceras personas, lo que habría supuesto rescindir transmisiones patrimoniales -por tanto, vulnerar derechos adquiridos- al margen de cualquier motivo de los reconocidos por la legislación vigente para dejar sin efecto un contrato. Tampoco el afán expropiatorio que preside la propuesta de IU respondía a un interés público que sólo pudiera satisfacerse con esa medida administrativa. A pesar de ser graves estos reproches legales, más lo es el reproche político que merece la propuesta de IU, pues no era más que una vuelta de tuerca a su sectaria forma de entender la «memoria histórica», convirtiendo en tema de debate parlamentario una cuestión que, a lo sumo, debe abordarse como un asunto histórico y artístico que tiene sus propios procedimientos y requisitos técnicos. Los socialistas recondujeron la iniciativa de IU y aprobaron un texto que excluye los aspectos más extremos de la propuesta, como el inventario de bienes de la familia Franco y el afán expropiatorio, y acuerda colaborar con la Xunta de Galicia para que el pazo de Meirás sea considerado patrimonio histórico y cultural.
Al margen de cualquier valoración retrospectiva sobre el acceso de esos bienes al patrimonio de la familia Franco, lo que no tiene sentido es provocar este tipo de debates después de treinta años de democracia, durante los cuales se ha reparado buena parte de las injusticias cometidas durante la Guerra Civil y el régimen franquista, con devolución de patrimonios a sindicatos y partidos políticos, reconocimiento a los militares del bando republicano y, en general, a las víctimas de la posguerra. Todo esto, además, se ha logrado sin necesidad de ley alguna de «memoria histórica», que no es más que una coartada legal para insistir en un discurso de deslegitimación y enfrentamiento ciudadano. Ha bastado dejar que la democracia generara su propia necesidad de asumir la historia más reciente de nuestro país sin ajustes de cuentas, ni revanchismos de oportunistas que, como IU, deberían preocuparse más por ganarse el respaldo de los ciudadanos en las urnas -y que estos le niegan sistemáticamente- que por hurgar en la memoria colectiva.