Fractura en el Tribunal Constitucional

domingo 30 de septiembre de 2007
Fractura en el tribunal constitucional
QUIEN siembra vientos recoge tempestades. El PSOE y sus socios parlamentarios impusieron una enmienda en la reciente reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, conocida como «enmienda Casas», estableciendo la prórroga automática del mandato del presidente -en este caso, de su presidenta, María Emilia Casas- para hacer coincidir su vencimiento con la renovación del órgano. A efectos prácticos, se trata de garantizar el voto de calidad de María Emilia Casas, cercana al llamado bloque «progresista» del Tribunal Constitucional, ante un posible, e incluso probable, empate en las resoluciones del Estatuto catalán. El PP impugnó ante el Tribunal Constitucional este aspecto de la reforma de la ley orgánica que regula el funcionamiento de este mismo Tribunal, y ello ha provocado una fractura interna de difícil remedio, puesto que se discute si la presidenta y el vicepresidente, Guillermo Jiménez, deben quedar apartados del debate sobre la inconstitucionalidad de un precepto que afecta directamente a su continuidad en el cargo. Y en este caso concreto, el Pleno está presidido por el magistrado más antiguo, Vicente Conde, supuestamente cercano a las tesis consideradas «conservadoras».
El Tribunal parece incapaz de solventar un problema que bloquea su funcionamiento y su resolución ha quedado por ahora aplazada hasta dentro de unos días. La cuestión se complica debido a la razonable impugnación por el PP de otra novedad introducida por la reciente reforma, en virtud de la cual el Senado tendrá que elegir a los cuatro magistrados que le corresponden entre los candidatos presentados por las comunidades autónomas, lo que supone una evidente limitación para la voluntad de una Cámara que representa al pueblo español.
La politización del intérprete supremo de la Constitución es un hecho gravísimo que, al igual que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, lleva camino de convertirse en un cáncer para el funcionamiento correcto del Estado de Derecho. Las medidas adoptadas sin consenso y con fines coyunturales al servicio del partido gobernante producen por definición este tipo de consecuencias indeseables. En cuanto se aborda un asunto de cierta densidad política, el Tribunal aparece dividido en bloques homogéneos. El Gobierno está empeñado en sacar adelante un Estatuto que plantea muy serias objeciones desde el punto de vista de la constitucionalidad y para ello no duda en formular -por medio de la Abogacía del Estado o del Ministerio Fiscal- una serie de trabas frente a los recursos del PP. Los magistrados se debaten entre el respeto que deben a la Constitución y las presiones que sufren desde muy diversas instancias, creando así una situación insostenible. Bajo la apariencia de debates de carácter técnico-jurídico, se libran batallas de alto significado político en el lugar menos adecuado para ello. El Gobierno ha llevado al TC a un punto de no retorno, que sólo podrá solventarse si sus miembros actúan con independencia y los políticos les dejan actuar sin interferencias.