Luis de Velasco, Un Presupuesto residual para un Estado residual

lunes 1 de octubre de 2007
Un Presupuesto residual para un Estado residual Luis de Velasco

El Presupuesto general del Estado tiene cada vez menos importancia en el total de las Administraciones Públicas, hoy ya aproximadamente un tercio. Es el resultado obligado del creciente y nunca finalizado proceso de descentralización política y económica, el Estado de las Autonomías, que va camino de dejar un Estado residual, con dificultades crecientes para políticas económicas y sociales coherentes y equitativas. El balance positivo de ese proceso autonómico se convierte en negativo a partir de su total revisión, que se inicia con el nuevo Estatuto de Cataluña al que, imparablemente, siguen otros, aumentando paralelamente el nivel de presiones y exigencias nacionalistas y de los “asimilados”. Todo ello tiene su reflejo, negativo, en el papel central que en todo Estado desempeña el principal instrumento de política económica y social como es el presupuesto anual.
A lo largo de los últimos días y como resultado de las coaliciones del Gobierno del PSOE, se ha asistido a una reprobable ceremonia de chalaneo político y económico con aspectos escasamente serios. Lo más grave es, concretamente en lo relativo a las inversiones públicas, que el sistema de negociación y acuerdo multilateral, como es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha sido reemplazado por la negociación bilateral con el resultado de reales o pretendidos agravios comparativos y la esperada dificultad para armonizar la cifra final por esos acuerdos bilaterales, iniciados con el alcanzado con la Generalitat. Además, esto crea precedentes de los que las Autonomías parten siempre en su siguiente nivel de exigencias.
El sistema tributario vigente, del que participa este Presupuesto 2008, sigue caracterizándose por su creciente regresividad e inequidad. El peso de los impuestos indirectos es cada vez mayor y en la imposición directa, el principal impuesto, el de la renta sobre las personas físicas, es cada vez más un impuesto sobre las nóminas. No cabe hablar, como hace el Gobierno, de política redistributiva y social contemplando sólo el gasto público, es decir, sin tener en cuenta esa injusta característica citada del ingreso público. En realidad, la redistribución es entre las rentas medias y las bajas, con las altas apenas gravadas.
El Gobierno sigue adjudicándose medallas por su continuada política de superávit público. Olvida algo clave, y es que el saldo final de un presupuesto no es un fin sino un medio, un instrumento para determinadas opciones políticas. En un país como el nuestro, en el que el gasto de protección social sigue varios puntos por debajo del promedio de la OCDE, en el que hay grandes carencias en infraestructuras, en educación, en sanidad, en investigación y desarrollo, por citar sólo algunas, alardear de superávit en las cuentas públicas tiene escaso sentido. Más cuando el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea admite hasta un déficit público del 3 por ciento del PIB. Ser más papistas que el Papa es un error con altos costes.
En este Presupuesto 2008, el Gobierno insiste en la misma opción de superávit. Falta saber si se alcanzará, porque la economía ha entrado en una fase de menor crecimiento (las previsiones del cuadro macroeconómico que acompañan este presupuesto parecen muy optimistas), que supondrá menores ingresos públicos y demandará un aumento del gasto.