Viviendas, mas ruido que nueces

lunes 1 de octubre de 2007
Vivienda, más ruido que nueces
EL Gobierno dio a conocer el pasado viernes un amplio plan de actuaciones para relanzar el mercado del alquiler de vivienda en España y equilibrarlo con el de la compraventa. Tras el fiasco del primer anuncio de medidas para incentivar los arrendamientos, tachadas de reproducir en parte el plan 2005-2008 aprobado por la anterior ministra de Vivienda, el Gobierno parece que ha querido evitar nuevas acusaciones de plagio. Lo ha conseguido sólo parcialmente porque las nuevas medidas, aun sin poner en duda la buena intención que las anima, son incompletas o demasiado genéricas. Se han confirmado las ayudas directas a los jóvenes que quieren alquilar una vivienda, con una cantidad pomposamente llamada «renta de emancipación» que asciende a 210 euros mensuales, a la que se unen un préstamo para la fianza del arriendo y el coste del aval para garantizar el pago de la renta durante los seis primeros meses. Estas medidas, anunciadas hace unos días por Chacón, siguen adoleciendo de los mismos defectos que se denunciaron en su momento: no ayuda a las familias, puede provocar un incremento de los precios del alquiler e instaura una política de subvenciones engañosa.
Otras medidas se dirigen a la protección de los arrendadores, lo que supone una rectificación del Ministerio de Vivienda, que en sus primeros planteamientos no contemplaba la actuación sobre los procesos judiciales de desahucio. Ahora lo ha hecho, y tiene razón el Partido Popular cuando denuncia que el Gobierno se ha apropiado de algunas de sus propuestas. La principal es la creación de diez juzgados especializados para desahucios en capitales donde exista un mayor volumen de este tipo de procesos. Esta iniciativa es de eficacia discutible porque los juzgados especializados acaban sepultados por la concentración de todos los asuntos judiciales para los que han sido creados y, por tanto, incrementan las dilaciones de los procesos. También es una medida insuficiente, porque el verdadero problema de los desahucios no está en el plazo para obtener la sentencia que condene al inquilino a abandonar la vivienda, sino en la ejecución material del desahucio, que en las grandes ciudades puede tardar hasta ocho y nueve meses, lo que pone al juicio en una duración total de más de un año. Desde 2003 estaban regulados los juicios rápidos de desahucio. El Gobierno no se ha ocupado en este mandato de desarrollarlos dando medios a las oficinas judiciales encargadas de sus trámites. Más coherentes son las modificaciones en la actuación de la Sociedad Pública de Alquiler, sobre todo la oferta de «Alquiler seguro», que sí debe resultar objetivamente atractiva para los propietarios de inmuebles. También beneficiará al mercado la nueva regulación de los agentes de la propiedad inmobiliaria, que profesionalizará el sector de la intermediación. En general, se trata de un plan de choque a medio gas, con medidas ya conocidas desde hace días y con otras nuevas que revelan poca audacia del Gobierno, al basarse en el método del subsidio y en la exclusión de importantes sectores sociales necesitados de ayudas directas. El contenido de este plan estrella del Gobierno no ha estado a la altura de las expectativas creadas