Propaganda y vivienda

jueves 6 de septiembre de 2007
Propaganda y vivienda
LA política de vivienda del Gobierno de Rodríguez Zapatero es un laberinto de despropósitos. El PSOE parece instalado en una campaña de subastas, en la que cada día sube la puja para atraerse el voto con propuestas que sólo son ganchos propagandísticos, irrealizables como proyectos sólidos y duraderos. Éste es el fundamento político, si así pudiera calificarse, del proyecto de ley con el que la Junta de Andalucía dice que garantizará el derecho de los andaluces a una vivienda. El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, dio ayer mismo un golpe mortal a esta iniciativa demagógica y oportunista al afirmar, entre otros reproches, que «suena bien, pero luego hay que aplicarla» y que implica «restricciones económicas». En el mismo sentido, el comisario de Economía de la UE, Joaquín Almunia, ya advirtió que tanta promesa electoral sin una base sólida puede convertirse en un peligro.
Además, el proyecto andaluz es una demostración de la irrelevancia del Ministerio de Vivienda, cuya titular, Carmen Chacón, intenta hacerse una agenda propia con los retales que le dejan el Ministerio de Economía y Hacienda y las comunidades autónomas. La propuesta de aprobar una ley regional que garantice el acceso a una vivienda de alquiler o en propiedad deja a Vivienda con poco o nada que ofrecer al resto de los ciudadanos. Manuel Chaves ha puesto el listón a la medida de sus necesidades electorales, pero a costa de aguar a Zapatero las «sorpresas» de Chacón. Los mensajes de los gobiernos andaluz y el central no pueden ser más contradictorios. La Junta de Andalucía se apunta a la denostada «cultura del ladrillo» -el plan de Chaves contempla la construcción de 700.000 viviendas en diez años- y favorece la tendencia hegemónica de la propiedad frente al alquiler. Esto es exactamente lo contrario de lo que Carmen Chacón ha defendido en los últimos días, al anunciar un plan para incentivar el alquiler frente a la compra de vivienda. En cuanto al contenido del proyecto de ley, se hace evidente la diferencia entre la propaganda y la cruda realidad. La ley regula el acceso a la vivienda «como derecho exigible» a las administraciones públicas -y, peligrosamente, a «entidades privadas»-, pero lo importante, como en cualquier derecho, es que sea defendible ante los tribunales de Justicia, y de esto nada dice la ley, aunque si una administración se impone una obligación, su incumplimiento es denunciable judicialmente. La pregunta que no se contesta es cómo se amparará el derecho del ciudadano que reclame la vivienda a la que tiene derecho. ¿Se llegará a dictar una sentencia de condena a la Junta de Andalucía o a un ayuntamiento a construir y entregar una vivienda al ciudadano que la reclame? La trampa de la ley es su propia inviabilidad y la apelación a la Constitución, una coartada sin base, porque realmente prevé el derecho «a disfrutar» de una vivienda, y emplaza a los poderes públicos a hacerlo efectivo «regulando la utilización del suelo» -es decir, con políticas urbanísticas- y porque no es un derecho subjetivo, sino un «principio rector de la política económica y social». Al margen de este callejón sin salida que prevé el proyecto de ley, políticamente es una manipulación de las necesidades de la sociedad, especialmente de la juventud. La Junta de Andalucía vende el eslogan que garantiza el derecho a una vivienda, pero la letra pequeña endosa a los ayuntamientos toda la responsabilidad de proporcionar el suelo preciso, aprobar las normas urbanísticas y determinar las necesidades de vivienda de sus vecinos. Además, la previsión de que el coste del alquiler o la compra no superará un tercio del salario sólo se puede cumplir con un intervencionismo trasnochado en los precios, o convirtiendo a las administraciones públicas en promotoras inmobiliarias, lo cual llevaría directamente a altos riesgos de corrupción. Por otro lado, el límite de 3.100 euros de salario mensual, por debajo del cual se podrá acceder a la vivienda «garantizada», va a ser una fuente de picarescas y también de agravios, porque el salario mensual, como dato objetivo de capacidad económica, debe estar directamente vinculado a las cargas familiares.
El PSOE está nervioso porque la economía se le está yendo de las manos. Los palos de ciego demuestran que el Gobierno está preso de sus promesas demagógicas, y la propuesta de la Junta de Andalucía es la prueba de que en esta etapa electoral todo va a valer con tal de ganar votos