Pablo Sebastian, Los campeones españoles de la energia

miercoles 5 de septiembre de 2007
Los campeones españoles de la energía Pablo Sebastián

La decisión del Gobierno de Argelia de suspender —a través de su empresa estatal Sonatrach— los contratos que había establecido por concurso internacional con Repsol y Gas Natural para la explotación de los yacimientos de Gassi Touil constituye un duro varapalo para las citadas empresas españolas y sus proyectos en marcha y de desarrollo, pero a la vez un contratiempo para el Gobierno de Zapatero y los intereses estratégicos y energéticos de España que tiene su origen en el cambio de la política española con respecto a la crisis del Sahara, por la posición del Ejecutivo del PSOE en contra de Argelia y más cerca de las tesis marroquíes en contra de la tradicional imparcialidad hispana, al tiempo que el Gobierno de Argel innovaba una política de nacionalización de sus empresas y recursos energéticos, al estilo de lo ocurrido en Venezuela y Bolivia, y de lo que se perfila en Argentina (países todos ellos donde España —y Repsol— tiene sus intereses energéticos).
Esta noticia, unida a la creación de un nuevo gigante europeo de la energía, tras la fusión de Gaz de Francia y el grupo belga Suez, con la participación destacada del Estado galo (de un 36%), constituyen dos avisos importantes para los intereses globales de España. Un país que, en el campo de la energía —sin perspectiva alguna de desarrollo de centrales nucleares—, es completamente dependiente del exterior, y que durante este gobierno de Zapatero no sólo ha sido incapaz de crear los “prometidos campeones españoles de la energía”, sino que ha permitido la colonización del sector con la entrada del Gobierno de Italia en Endesa, a través de Enel, y del Gobierno francés en Gas Natural, por la vía de la nueva empresa que ya estaba posicionada en la gasista catalana.
Del discurso de los campeones españoles que utilizó Zapatero para frenar a E.ON y dar pie a la entrada de “campeones nacionalistas” —catalanes— en las grandes empresas de la energía española no queda nada. Y ahora pasaremos al discurso del mundo global y de las empresas europeas para justificar este fracaso del Gobierno, que lo es también de la ceguera nacionalista catalana, empeñados en controlar el sector eléctrico español, y que en lugar de hacerlo fuerte ha acabado en una difícil situación y en manos extranjeras de Italia, Francia y por supuesto de los proveedores productores de energía como Argelia, frente a los que poco o nada hay que hacer porque tienen la sartén —o la llave del gas— por el mango, y además están convencidos de que tienen razón política por el desaire o la traición que les hizo Zapatero en la crisis del Sahara. De ahí la tibia reacción del Ejecutivo ante la decisión de Argel, que curiosamente ha llegado poco después de que España aceptara que la empresa estatal argelina Sonatrach se hiciera con un paquete de control de Medgaz, la sociedad que gestiona el nuevo gaseoducto que Argelia y la Unión Europea quieren poner en marcha y construir a través del territorio español.
No hace falta recordar los errores de Zapatero en la reforma confederal estatutaria y en la negociación con ETA para saber de la incapacidad política de este Gobierno en casi todo lo que toca, y la improvisación y la ligereza con la que aborda las cuestiones de Estado. Pero ocurre que una parte muy importante de esta crisis tiene mucho que ver, también, con el proceso político confederal que el presidente puso en marcha al inicio de la legislatura, y que no sólo afectaba al ámbito de lo autonómico sino también al de lo económico. Y buena parte de culpa la han tenido los nacionalistas —de CiU y PSC— y sus empresas “nacionales” que, como Repsol, Gas Natural y La Caixa, se han querido aprovechar de la debilidad política e intelectual de Zapatero para desarrollar, en una Europa de Estados fuertes, su pequeño y a la vez ambicioso proyecto nacionalista. Se vio en la OPA de Gas Natural sobre Endesa que fue pilotada y apoyada por el Gobierno de Zapatero y de la Generalitat, que acabó más que mal y dando entrada la Gobierno italiano en Endesa por la vía de Enel y con ayuda de Acciona (bendecida por Zapatero), causando a La Caixa (que sin prudencia ni visión de Estado gobernaba Fornesa) muchos problemas de eficacia, credibilidad y de presencia e influencia en el mercado bancario, empresarial y financiero español, tras un cúmulo de errores políticos y empresariales que ahora empiezan a rectificar, con buen criterio y oportuna decisión, el primer gestor de la citada entidad catalana, Isidro Fainé, y su brazo derecho, Juan María Nin. Aunque aún permanecen serias secuelas y consecuencias como las que ahora sufren Repsol y Gas Natural —además de Endesa, sobre la que pende el riesgo de un desguace o partición entre Enel y otros operadores— tanto en la crisis propiciada por Argelia, como en la presencia de Gaz de Francia y Suez en el accionariado de Gas Natural (y Aguas de Barcelona), con serias posibilidades de avanzar hacia su pleno control.
Sobre todo una vez que el Gobierno de Zapatero dio luz verde a Enel, y con ello a la colonización del sector energético español, pasando de los pretendidos campeones españoles, que en realidad eran presuntos campeones nacionalistas, a los campeones europeos, donde ya no hay una sola empresa española, salvo que Fenosa e Iberdrola se alíen de una vez.
Todos estos errores —en los que también tienen su parte de responsabilidad los pasados gobiernos de Aznar, al haber impedido la fusión de Endesa e Iberdrola—, sumados a la cerrazón electoralista de nuestros políticos de no promover un desarrollo de la energía nuclear, y a la miopía de los empresarios y políticos nacionalistas, nos conducen a un horizonte complicado en el que la política energética española estará sometida, cada vez más, a las influencias de empresas y gobiernos extranjeros, condicionando —como ya ocurre en Argel— nuestra política exterior y autonomía nacional e internacional. Pero obligando al Gobierno de Zapatero, gran responsable de este demencial enredo, a exigir ahora al Gobierno de Argel el cumplimiento de los contratos pactados con Gas Natural y con Repsol tanto por la vía directa, política diplomática y judicial, como a través de la Unión Europea, que sí tiene el tamaño y peso suficiente para reconducir la decisión más que arbitraria e ilegal de Argel. A no ser que el presidente de la Generalitat, José Montilla, coautor del fracaso de esta política energética a su paso por el Ministerio de Industria, se considere con la fuerza suficiente como para doblegar, como campeón del nacionalismo catalán, al desafiante Gobierno de Argelia, lo que resulta imposible de imaginar.