Enrique Badia, El arte de repartir lo que "sobra"

martes 25 de septiembre de 2007
El arte de repartir lo que ‘sobra’ Enrique Badía

El debate abierto sobre el reparto o la asignación del superávit presupuestario tiene algún que otro ingrediente falaz. Primero y principal, porque añadir el adjetivo social al gasto no comporta automáticamente que lo sea, entendiendo por tal cosa que beneficie al conjunto de la sociedad, ni significa —todavía menos— que devenga eficaz.
Buena parte de las cuentas que se están haciendo estos días revelan una de dos: desconocimiento o manipulación. La matemática que se maneja habla de que sobran entre 13.000 y 18.000 millones de euros del presupuesto público para el presente año y que sólo se van a gastar en torno a 5.000 u 8.000 millones en la suma de promesas preelectorales que el presidente Zapatero y sus ministros están lanzando a los cuatro vientos desde hace algunas semanas. Lo que no se dice es que no se está gastando tal cifra, sino comprometiendo su importe, con sus correspondientes actualizaciones, para cada uno de los futuros ejercicios, tanto si los ingresos fiscales se mantienen o aumentan, como si no.
Aunque parezca lo contrario, las cuentas no admiten cuentos y vale la pena —en realidad debería ser obligatorio— hacerlas bien.
Este año 2007, el saldo entre ingresos y gastos públicos de la Administración central va a ser ligeramente positivo, pero no demasiado en porcentaje sobre el monto total. Un cálculo simple, quizás grosero, sugiere que bastará una caída de la recaudación en esa misma cuantía para que reaparezca el descuadre negativo —déficit— y, entonces, ¿qué? Ya se sabe que el gasto público es poco más o menos inmortal: una vez nace en forma de compromiso, no desaparece jamás.
Una caída de ingresos públicos en próximos ejercicios es bastante previsible, sin necesidad de dotes especiales de predicción. Al margen de la que resulte como consecuencia de la ralentización del crecimiento que por todas partes se apunta —entre uno y dos puntos por debajo del año en curso—, existe el dato nada despreciable de que España pasará en los próximos años, a partir del 2008, de ser uno de los mayores perceptores de fondos comunitarios a la categoría de contribuyente neto a las arcas de la Unión Europea (UE). Por no mencionar que un horizonte de crecimiento más moderado sugiere la probable aparición de incrementos en algunas partidas de gasto que hoy discurren en mínimos históricos gracias a la fase expansiva que persiste desde hace más de una década. Y aunque se puede aducir que hay margen para el endeudamiento, no hay que obviar que eso incrementa el gasto y alimenta déficit, antes de después.
En más de una declaración parece como si el Gobierno estuviera poco menos que arrepentido de haber gestionado estos años las arcas públicas con rigor. O que, por lo que dicen otros, debieran pedir perdón por ello. Eso por no mencionar que una cosa son las cuentas de la Administración central y otra las que corresponden a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, cuyos saldos presupuestarios y nivel de endeudamiento discurren en bastantes casos en sentido inverso: es decir, peor.
Hace tiempo que los dirigentes políticos recurren a lo social para justificar lo que en realidad subyace: la convicción de que gobernar es gastar… el dinero de los demás. Pero la acotación del calificativo se ha vuelto un tanto perversa: parece que sólo debiera aplicarse a la prestación, la subvención o el subsidio, y no a la inversión. Como si no fuera social la dotación de infraestructuras y equipamientos que tanto contribuyen a la generación de riqueza y el bienestar de la población.
A modo de última reflexión, quizás valdría la pena que quienes presumen de que España sube sus partidas de gasto social al tiempo que el resto de la UE tiende a recortarlo, se preguntaran: ¿por qué? Avanzar por un camino que otros están desandando puede sonar, a poco que se analice, cuando menos inquietante en un mundo donde todo es cada vez más global.
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