Educacion conciliada

Educación conciliada
04.09.2007 -

El inminente inicio del curso escolar se está viendo afectado por las abiertas discrepancias que ha suscitado la asignatura de 'Educación para la ciudadanía', no todas ellas justificadas a tenor de lo contemplado en la LOE, de su desarrollo curricular y de los libros de texto editados hasta ahora. La controversia ha llegado al extremo de que distintas asociaciones de padres están propugnando la objeción de conciencia y, por tanto, la no asistencia de sus hijos a la citada materia. Una actitud que, por legítima que pudiera parecer, no cabe concebir como legal ni como la más adecuada para la formación cívica de los alumnos. Pero frente a las posiciones más rotundas, que presentan la asignatura como un intento de adoctrinamiento que se inmiscuiría en un terreno privativo de cada familia y que atentaría contra la moral sustentada en las convicciones más profundas y en la fe, los pronunciamientos de la FERE y del presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, podrían propiciar la conciliación allá donde más importa: en el seno de la comunidad educativa. La próxima publicación de una guía que, editada por la federación de los centros católicos, pretende adecuar el contenido curricular de la nueva asignatura al ideario propio de los mismos servirá para demostrar que la obligación legal de impartir tan controvertida materia sólo puede realizarse desde el respeto a la decisión de los padres al matricular a sus hijos en un determinado centro y desde la consideración debida a la libertad de cátedra. Las palabras de monseñor Blázquez, valorando sin criticarla la iniciativa de la FERE, aunque subrayando el derecho de los padres a reaccionar por medios «legítimos y democráticos» y recordando la unanimidad de los obispos en su oposición a la asignatura, permiten atisbar una disposición más proclive al entendimiento que la de otras voces de la jerarquía católica. En este sentido, es de esperar que la introducción este curso de 'Educación para la ciudadanía' en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra sirva para revisar o desarrollar armoniosamente aquellos apartados curriculares más opinables. La decisión del Gobierno de Rodríguez Zapatero de incluir en los contenidos de la enseñanza no universitaria una materia que, de una forma u otra, se imparte en la mayoría de los países europeos ha demostrado, una vez más, lo inconveniente que resulta modificar la legislación educativa sin el deseable consenso. Tanto que sus promotores serían los primeros responsables en el caso de que la nueva asignatura acabe invalidada académicamente a causa de la polémica. Pero lo más preocupante sería que la confrontación diese a entender que no existen principios y valores comunes y compartidos en nuestra convivencia. Tal conclusión resultaría tan absurda y perniciosa que sólo podría evitarse reconduciendo el debate hasta que pueda ser asumida por todas las sensibilidades políticas.