Crece la amenaza de las mafias

lunes 3 de septiembre de 2007
Crece la amenaza de las mafias
EL balance de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) durante 2006 demuestra que la lucha contra las mafias y los grupos criminales exige un aumento de la cooperación internacional y una revisión del tratamiento penal y procesal de este tipo de delincuencia. En 2006, la UDYCO realizó 180 operaciones anti-mafia y detuvo a 757 de sus integrantes. Las nacionalidades de los detenidos muestran que los españoles son el grupo más numeroso (248), pero los extranjeros constituyen la gran mayoría, lo que también añade el factor migratorio al campo de actuación de las autoridades. En lo que va de 2007, el número de operaciones policiales contra el crimen organizado supera al de 2006 y el de detenidos es también similar. Incluso, los alijos de droga incautados empiezan a ser superiores a los de 2006, que ya habían alcanzado niveles históricos en cocaína y heroína. Los motivos para tomarse en serio la presencia de redes mafiosas y criminales en nuestro país van más allá de la clara amenaza para la seguridad pública. Es preciso determinar las razones por las que se está produciendo está implantación constante y masiva de grupos delictivos, que en 2006 superaban los 400. Además, el poder criminógeno de estas bandas es creciente porque realmente industrializan tanto la comisión como los resultados de sus delitos estableciendo «sinergias» delictivas entre ellos.
España no puede seguir siendo un lugar de destino para el establecimiento de las bandas mafiosas y grupos organizados que quieren delinquir en Europa o bien blanquear los beneficios de los delitos que cometen en otros lugares. No cabe hablar, por supuesto, de ineficacia policial, pues el saldo que presenta la UDYCO la desmiente rotundamente, pero quizá el sistema penal no responda con la misma intensidad. Cabría recordar la compleja polémica que se suscitó entre las autoridades judiciales italianas y el Tribunal Constitucional español a cuenta de la extradición de mafiosos condenados en Italia en rebeldía, incluso a penas de prisión perpetua. Finalmente, las garantías ofrecidas por el Gobierno italiano sobre la revisión de estas condenas desbloqueó un conflicto legal muy ilustrativo de los problemas que se plantean en la coordinación internacional contra las mafias y redes delictivas.
Parece evidente que España debe contar con una legislación penal que disuada a estas organizaciones de instalarse en España. También, que castigue con mayor eficacia a las ya instaladas. El intercambio de información entre policías, el nombramiento de jueces de enlace, la constitución de equipos conjuntos de investigación o el acceso a bases de datos comunes son medidas que deben ir acompañadas de reformas penales que, por ejemplo, extiendan el cumplimiento íntegro de las penas a los integrantes de estos grupos organizados, equiparándolos a estos efectos con los terroristas. También es una propuesta interesante de algunos sindicatos policiales la modificación del concepto de asociación ilícita, para no dejar fuera de ella a los grupos que se constituyen para perpetrar una serie de delitos y luego disolverse. La Policía sola no basta para hacer frente a esta amenaza que maneja ingentes cantidades de dinero y corrompe conciencias, sociedades e instituciones.