Debate sobre la Policía Judicial

Debate sobre la Policía Judicial

Lunes, 27-04-09
LA reforma del proceso penal ha recobrado interés político después de que el nuevo ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se mostrara dispuesto a transferir a los fiscales la fase de instrucción de los procesos penales. Esta es una idea de la que erróneamente se dice que es la más acorde con la Constitución. Nada dice la Constitución al respecto. Menos aún es la solución que necesita la justicia penal, porque aún no se ha demostrado que el fiscal instructor sea una fórmula más eficaz y más garantista que la del juez instructor. Por otro lado, la dependencia política de la Fiscalía respecto del Gobierno -al margen de la profesionalidad y la rectitud que acreditan a diario la inmensa mayoría de sus miembros- y la participación de acusadores populares y particulares con sus propios intereses y estrategias procesales, hacen desaconsejable esta reforma. El trasfondo político de la atribución de la instrucción a los fiscales es evidente, y, por eso, la reforma del proceso penal es un campo de batalla de cuestiones de principio relacionadas con la independencia judicial, los derechos de los justiciables, el papel de la Policía y la responsabilidad de la Fiscalía. En definitiva, es todo un debate sobre el Estado democrático y de Derecho.
En todo caso, el debate sobre la reforma del proceso penal está de nuevo sobre la mesa y el Partido Popular ha introducido una novedad en los argumentos habituales, al calor de las polémicas sobre el «caso Gürtel». El PP propone que la Policía Judicial deje de depender orgánica y funcionalmente del Ministerio del Interior. Si la finalidad de esta propuesta es asegurar la «neutralidad» de la Policía cuando investiga hechos delictivos, la reforma merece ser estudiada y analizada con serenidad, pero sin confundir las malas prácticas personales o políticas con carencias de la ley. Tanto la Constitución (artículo 126) como la Ley Orgánica del Poder Judicial ya ponen a la Policía Judicial bajo la dependencia de jueces y fiscales. La propuesta del PP parece ir más allá y aspira a configurar un cuerpo policial integrado directamente en el Poder Judicial, sin interferencias políticas. Aunque suene bien, es difícil que salga adelante, pero sí sería más eficaz establecer mecanismos de responsabilidad que castiguen las prácticas irregulares que contaminan el sistema. La actuación del responsable policial del «caso Gürtel» y las filtraciones de conversaciones privadas no incorporadas al sumario no son los únicos antecedentes. En junio de 2006, en plena tregua de ETA, el juez Grande-Marlaska apartó de la investigación sobre la red de extorsión de la banda terrorista al entonces comisario general de Información. Nada más se ha vuelto a saber de tan grave decisión, que en cualquier país democrático habría supuesto una crisis en el Ministerio correspondiente.
No cabe duda de que hay que revisar la relación de la Policía Judicial con jueces, fiscales y Ministerio del Interior, fijar pautas para que practiquen con garantías pruebas cada vez más complejas y necesarias (telefonía móvil, acceso a Internet, recogida de muestras biológicas). Pero no debería olvidarse que, cuando se diagnostica la situación de la Policía Judicial, muchos de los problemas son de intromisión política y de actitudes personales irregulares que quedan impunes, y cuya erradicación depende más de la ética y la profesionalidad de las personas que del mandato de la ley. A partir de esta premisa, cualquier idea razonable sobre el modelo policial, como la del Partido Popular, debe ser estudiada con respeto y seriedad.

http://www.abc.es/20090427/opinion-editorial/debate-sobre-policia-judicial-20090427.html