Ismael Medina, Memoria historica y dictadura democratica

martes 4 de septiembre de 2007
Memoria histórica y dictadura democrática
Ismael Medina
M ÁS grave que todo lo que está aconteciendo en estos días es la marcha vertiginosa de los partidos separatistas hacia el recobro de su absoluto predominio y quizá más grave que eso la indiferencia española ante el fenómeno. No es que parezca como si no se hubiera producido el 6 de octubre; es que parece -y es- que ha triunfado el 6 de octubre. Aquel 6 de octubre en que se gritó: "¡Catalanes, a las armas!" contra España. "Los mismos nombres en el Poder. Y aclamaciones frenéticas por las calles para quienes simbolizan la muerte de oficiales y soldados que salieron a las calles de Barcelona en defensa de la unidad. "En el frenesí de la multitud apiñada en torno a Companys, ni un "Viva España" se ha escapado. Todo ha sido vivas a Cataluña y a la República, proferidos con el designio patente de eludir la pronunciación del odiado nombre de España. De igual manera se eludirá el pronunciarlo en la formación de la infancia catalana ya en camino de ser entregada por entero a manos separatistas. Ni siquiera se guardará para España un silencio de extranjería, sino que se empleará el más cuto rencor en extirpar del alma de los niños eso que llaman los separatistas el asimilismo español. Sean cuales sean los requerimientos de la hora, no neguemos ni un instante el desvelo a esa terrible inminencia de Cataluña. De la tierra española de Cataluña que por nada, cueste lo que cueste, nos avendremos a perder". Lo escribió José Antonio Primo de Rivera el 5 de marzo de 1936 (Arriba", num. 34). Al hilo de ese texto premonitorio, considero necesario advertir a quienes desconozcan lo que escribió José Antonio Primo de Rivera y sus múltiples intervenciones orales que dejó reiterada constancia de su amor a Cataluña. Y asimismo, que en "Mil veces José Antonio", una valiosa antología realizada por Enrique de Aguinaga y Emilio González Navarro (Ed. Plataforma 2003), pueden encontrarse elogiosas opiniones acerca de su personalidad y ejecutoria de renombrados políticos e intelectuales de su tiempo que militaban en campos contrarios e incluso de notorios líderes del Frente Popular. (Se impone un inciso en este punto. La edición más acabada de las "Obras Completas de José Antonio" la realizó el Instituto de Estudios Políticos en 1976, bajo el título de "José Antonio Primo de Rivera. Escritos y discursos". Dicho Instituto disponía de un valioso fondo editorial, en su mayoría ensayos de autores españoles y extranjeros de alto prestigio. Y ediciones de indudable valor bibliográfico, como "Las Leyes" y "Defensa de la Fe", de Francisco Suárez, o "De la Justicia y del Derecho", de Domingo de Soto". El transaccionismo pseudemocratizador no se limitó a cambiar el nombre del Instituto de Estudios Políticos, convirtiéndolo en Instituto de Política Constitucional. Bajo la dirección de la muy democrática y amante de la libertad señora Iglesias, recién nombrada presidente de la editora UNEDISA por Pedro J. Ramírez, se procedió a convertir en papelote buena parte de dicho depósito editorial. Y con especial fruición los dos gruesos volúmenes que recogían los textos joseantonianos en su corta vida política. La inquisición antifranquista alcanzaba también a lo que no le correspondía. La Plataforma 2003, gracias a la entrega de Jaime Suárez, ha publicado una nueva edición de las "Obras Completas de José Antonio" con incorporaciones desconocidas en las precedentes. Un ingente tarea de documentación y depuración crítica abordada por Rafael Ibáñez Hernández.) RETROCEDEMOS VERTIGINOSAMENTE A 1933 Unas declaraciones veraniegas de Nati Mistral en "El Mundo" me incitaron a exhumar el texto de José Antonio Primo de Rivera que encabeza esta crónica. Exponía Nati Mistral la inquietud que le producía la crispación que hoy vive España, la cual equiparaba a la de 1933. Nati Mistral es harto más joven que yo y no vivió aquellos tiempos, si bien sus declaraciones parecen demostrar que ha estudiado nuestra historia reciente sin apriorismos partidistas, despegándose de lo común entre quienes comulgan con las ruedas de molino de la "memoria histórica" aventada por Rodríguez y sus comparsas. En seriadas crónicas anteriores sobre la contramemoria histórica, en cuyo cenagal nadan a sus anchas las ratas rodriguezcas, expuse el proceso que condujo a la revolución de octubre del 34 y su nefasta solución política, impuesta por el presunto buenismo de Niceto Alcalá Zamora, que desembocaría en una trágica aceleración del problema secesionista y revolucionario. El recordatorio de aquel lúcido texto de José Antonio Primo de Rivera lo hago como una invitación a mis lectores para que, mediante la sustitución de nombres concretos y de fechas por otros actuales, descubran hasta qué punto el recurso a la actual y falaz retrohistoria ha desembocado en una situación pareja a la de entonces. Y no sólo respecto de Cataluña. También del secesionismo vascongado, su extensión purulenta a Galicia y su contaminación estatuaria, una carrera en pelo en la que ninguna taifa se resigna a ser menos que la catalana. Ortega y Gasset, uno de los maestros de mi generación joseantoniana, nos dejó dicho que la historia se reitera con aburrida monotonía. Los fenómenos históricos se reiteran una y otra vez. Pero con formas de exteriorización propias, según los tiempos y la entidad de unas u otras culturas. . Considero innecesario un relato pormenorizado de la agitada historia política española de aquel largo periodo de creciente decrepitud en que menudearon asonadas, revoluciones, golpes de Estado, guerras civiles y cambios de régimen, mientras la economía iba de mal en peor y la crispación social se hacía insostenible. La mayoría de los lectores de Vistazo a la Prensa conocen la realidad de lo sucedido y no me parece que comulguen con las ruedas de molino de esa ya lejana memoria que falsean e inventan noveladores de la historia, miembros bien untados del agit-prop que se dice progresista. Pero sí me parece indispensable advertir que la Dictadura del general Primo de Rivera fue una fugaz opción regeneracionista que pareció encaminar España hacia una saludable recuperación económica, social y de pacífica convivencia. No supieron los hombres de la "dictablanda", atinada acuñación de entonces, crear en su seno una fuerza política con sólida nervatura ideológica y carecieron de fortaleza para afrontar victoriosamente la traición de quienes habían instigado al general a la toma del poder y beneficiado de su andadura, entre ellos Alfonso XIII, un desdichado, superficial y arbitrario monarca que pagó su traición con la de sus cortesanos y prefirió el exilio voluntario a la defensa a ultranza del trono aunque le costara la vida, una vez que las elecciones municipales las habían ganado las candidaturas monárquicas en el conjunto de España. Se reproducía de alguna manera la deshonrosa defección de Fernando VII ante la expansión imperial napoleónica. La II República fue el resultado de una explosiva amalgama: intelectuales de relumbre que apostaron por el modelo republicano y no tardaron algunos de ellos en proclamar su decepción; el vengativo laicismo de la masonería que tardíamente pretendía reproducir en España la carga ideológica del jacobinismo francés; un socialismo ansioso por insertarnos en el ámbito de la triunfante y expansiva revolución bolchevique, convertida por Stalin en imperialismo eslavo; un poderoso, belicoso y extremoso anarcosindicalismo de cepa ibérica en pugna interna con FAI-AIT, el brazo político de la acracia europea; los separatismos catalán y vascongado, estimulados por la República; y una cohibida derecha republicana que perdió el rumbo y la oportunidad de oponer una sólida barrera democrática al oleaje revolucionario. LA II REPÚBLICA O LA DICTADURA DEMOCRÁTICA QUEDÓ claro tras las elecciones de 1933 que el socialismo español no aceptaba las reglas democráticas y estaba dispuesto al asalto revolucionario del Estado si no conseguía hacerse con la mayoría en las urnas. La revolución de octubre del 34, que no llegó a cuajar fuera de Cataluña y Asturias, según expliqué semanas atrás, respondió a la vocación totalitaria de socialistas y comunistas. Querían dar la vuelta al fracaso electoral del 33 con armas y dinamita. Ya con anterioridad habían salpicado España de virulentas huelgas revolucionarias, de asesinatos y de incitaciones al odio entre las masas desfavorecidas. La democracia era un pelele agónico, en el que, amacebada con la izquierda socialcomunista, la burguesía catalanista buscaba en el soberanismo el mantenimiento de sus situaciones de ventaja sobre el resto de España, a la que se sumaba Vizcaya en el ámbito industrial. Ignacio Agustí nos dejó un acabado retrtato de esa alta sociedad barcelonesa en su novela "Mariona Rebull". Recurro una vez más a las memorias de Joan Puig i Ferreter, diputado en el Congreso por Ezquerra Republicana, para ofrecer una imagen verídica de proceso degenerativo de la II República, origen y causa de la revolución de octubre y de su desembocadura en la III República tras las violentadas elecciones de 1936. Escritas desde su exilio en Francia, las memorias de Puig i Ferreter, durísimas para el catalanismo político al que perteneció y desmanteladoras de la imagen progresista de sus principales personajes, en particular Companys y Tarradellas, fueron rápidamente secuestradas y sólo unos pocos lograron hacerse con un ejemplar durante las primeras horas de su aparición en unas escasasºs librerías. La tirada casi completa fue sustraída de inmediato por agentes de la Generalidad. "La peor Dictadura -escribía Puig i Ferrater, es la de la democracia. Tiene tras de sí a millones de cabezas sin pensamiento. Es tiránica en nombre de la libertad. Por eso es hipócrita. Y es irresponsable por razón del nombre. Un dictador tiene la vida corta. La muerte natural, un atentado o una revolución acaban con él. No tiene herederos. Para el dictador no hay sucesión. "Muerta la bicha bicho, muerto el veneno". Por contra, la Dictadura de la democracia, impersonal, hipócrita, irresponsable, es un microbio que se cuela dentro de casa, del cuerpo, del pensamiento e invadan un pueblo, una época, una nación. Hay que tener el coraje de pensar estas cosas y de escribirlas. Es la Dictadura de la democracia la que habremos de combatir de ahora en adelante". Puig i Fereter traslada en esas pocas líneas su penosa experiencia como diputado de Ezquerra Repúblicana y miembro de la Genralidad durante la guerra, amén de encargado de sus finanzas en el exterior, una y otra vez burlado por quienes, como Tarradellas, afanaron lo que pudieron de esos fondos, según relata con pormenor y confirma Francisco Olaya Morales en "El expolio de la República". La lectura de las crónicas de Josep Pla, escritas para "La Veu de Catalunya" entre 1931 y 1936, confirma la tesis de Puig i Ferreter. Compiladas en el grueso volumen "La segunda República Española" (Ediciones Destino, 2006), son un relato vivo y sereno, casi aséptico, de la deriva totalitaria del sistema desde su misma instalación. Pla relata en su última crónica desde Madrid (2 de abril de 1936) la conversación a que asistió entre un diputado comunista y una extremosa diputada socialista: "Quería (el comunista) hacer la revolución enseguida, en la calle, y, una vez hecha, aguantarla con carácter permanente. La señora se mostraba más razonable. Decía que, en efecto, la revolución hay que hacerla, pero que todavía no ha llegado el momento. Que todo llegará a su hora. "¿Para qué hemos de hacer ahora la revolución -decía la señora N- si la estamos haciendo desde la "Gaceta"?". La señora N era a todas luces Margarita Nelken, perteneciente al sector más agreste del partido socialista y a la que recuerdo llevada a hombros por una multitud enardecida de jornaleros Carrera arriba, en Jaén, a la que excitó aún más con una de la soflamas incendiarias que le eran habituales. Esa postrera crónica terminaba con la agorera premonición de que todo cambiaría con las elecciones municipales del 12 de abril: "En las elecciones del 16 de febrero, el Frente Popular, construido pensando en perder, puso el acento en la izquierda burguesa . En las elecciones del 12 de abril, el Frente Popular, construido partiendo de la hipótesis de que se ha de ganar, pondrá el acento en el socialismo y el comunismo. Será el mismo Frente Popular, contará con las mismas personas al frente, se esgrimirán los mismos argumentos. Pero el Frente Popular será totalmente distinto de lo que era el 16 de febrero. El acento se habrá desplazado considerablemente. Consecuencia fatal: las consecuencias políticas de las elecciones municipales serán considerablemente distintas de las del 16 de febrero". ¡Y v ya si lo fueron! La revolución, abordada desde el gobierno a través de la "Gaceta", con la resuelta colaboración de la "izquierda burguesa" y amparada desde todas las esquinas masónicas, se convirtió resueltamente en acción revolucionaria tras las elecciones municipales, ganadas, como en buena parte las generales, con manipulación de actas, no pocas veces a punta de pistola, Se había impuesto el acuerdo suscrito entre CNT y UGT, bajo el amparo de sus correspondientes partidos, PSOE y FAI-AIT. Para "destruir completamente el régimen social y político", según recuerda Xavier Pericay en la nota título de epílogo que cierra la compilación de las crónicas de Pla. Pericay toma de Julio Gil Pecharromán el tétrico balance de aquel periodo revolucionario: "Según cálculos, entre febrero y julio de 1936 los enfrentamientos y los atentados de signo diverso arrojarían un saldo de 215 muertos y 537 heridos". Un sangriento balance, harto más pormenorizado por Gil Robles en la tempestuosa sesión del Congreso de los Diputados que signó a efectos políticos el certificado de defunción de la II República. Se impuso por las bravas el totalitarismo revolucionario a la "dictadura democrática". EL ANTIFRANQUISMO COMO COARTADA A propósito de la Ley de Memoria Histórica, en trámite parlamentario y para la que el gobierno Rodríguez ya ha dispuesto una partida presupuestaria de 20 millones de euros, viene a cuento este párrafo extraído de un esquema sobre la evolución del régimen de Franco que he capturado en Internet: "Durará hasta su muerte (Franco), no será derribado, lo está siendo después. En 1975, se dijo que no nos íbamos a pasar otros 40 años hablando de la dictadura de 40 años, pero llevamos ya 31. Se ve que los que no derribaron a Franco, o incluso lo apoyaron cuando estaba en el poder, creen que necesitan demostrar que estaban en contra y seguirlo demostrando otros tantos años o más para justificar también su inoperancia actual". Sucedió antes con la II República respecto de la "dictablanda" del general Primo de Rivera. Y no deja de ser curioso que la República durara casi el mismo tiempo que el periodo cuya aniquilación política le obsesionaba. Si la historia se reitera podemos jugar con la hipótesis de que a la "Dictadura democrática" actual, o "democracia ortopédica", le restarían de vida apenas diez años. El antifranquismo se convirtió para los "democratizadores" en algo similar a los platos con carne de cerdo que consumían ostensiblemente los judíos conversos para evidenciar su abandono de la fe mosaica. Sólo que ahora, con Rodríguez y su "memoria histórica", el cocido antifranquista es el plato preferido del sistema, a izquierda y derecha. Los peperos, salvo excepciones, procuran guardar una pasividad concesiva, temerosos de que un mínimo amago en defensa de la verdad histórica les procure un alud de invectivas. Pero la patulea rodriguezca, Llamazares al frente de un comunismo jibarizado y los separatismos buscan con denuedo ganar sobre el papel la guerra que perdieron hace la friolera de 68 años, en buena parte por sus propias carencias. Retiran estatuas y escudos, cambian nombres de calles y encienden campañas denigratorias, mientras levantan monumentos, modifican los callejeros y exaltan a personajes que tuvieron resolutivo protagonismo en las más sangrientas acciones del desbocado revanchismo. Quitaron la estatua ecuestre de Franco de los Nuevos Ministerios, bajo cuyo mandato se terminó la construcción del complejo iniciado durante la II República y cuya planta debía recordar el emblema comunista de la hoz y el martillo. Pero plantaron en esa misma esquina las estatuas modernistas de Prieto y Largo Caballero responsables directos de la revolución de octubre del 34, de los expolios del patrimonio nacional y de brutales represalias. Si tanta e irreprimible es su pasión demoledora de los cuarenta años del Estado Nacional, bien podrían llevarla hasta sus últimas consecuencias y volar embalses, infraestructuras y plantas fabriles que hicieron posible, junto al esfuerzo de la generalidad de los españoles, que una España retrasada y destruida se convirtiera en la séptima potencia industrial. Una España que los detentores de la "democracia ortopédica" se encontraron hecha y gracias a la cual seguimos viviendo en gran medida. Ante la inminencia de la aprobación de la nefasta Ley de la Memoria Histórica, destinada a reavivar heridas que habían cicatrizado, CiU ha pedido que también se tomen en consideración los excesos republicanos. La burguesía catalana, pese a su tradicional apego a un soberanismo que le permita seguir prosperando a costa del resto de España, no puede olvidar la Semana Trágica, la revolución de octubre ni la persecución macabra de que fue víctima durante la guerra. Tampoco, aunque lo oculte, Barcelona, sobre todo, recibió del régimen de Franco, aunque lo calle, privilegiadas inversiones y asistencias gracias a las cuales es hoy lo que es. El tripartido, embarcado en una visceral y huera demagogia pareja a la del gobierno Rodríguez, amén de fenómenos inocultables de regresión y del despertar de una creciente animosidad social de otras regiones españolas, acrecen calladas inquietudes de futuro en quienes manejan los hilos financieros. Es consecuente que afloren en CiU especialmente de la parte democristiana de Durán y Llieda, tras la que se agrupa una pequeña burguesía en trance de precariedad creciente. DE LA "LEY DE FUGAS" A LA LEY DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA LA recordación insistente de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1940 y su aplicación es una de las cantinelas de la progresía a sueldo del P(SOE), además de la Ley de Represión de la Francmasonería y el Comunismo y la posterior Ley de Seguridad del Estado, Se silencia, sin embargo, que la Ley de Responsabilidades Políticas por delitos derivados de la revolución de octubre y de la guerra fue de hecho derogada por la ley de 1946 que las daba por zanjadas. No voy a entrar en la disputa sobre la hipótesis de lo que habría sucedido en el supuesto de que ganara la guerra la III República, República Popular o República Roja, denominaciones estas dos últimas habituales en su seno. Sí aludiré, no obstante, a los antecedentes de la Ley de Responsabilidades Políticas y de la Ley de Seguridad del Estado. Aquilino Duque dedicó uno de sus enjundiosos artículos ("Arzaluos contra la Constitución. Don Julián y los leones") a poner de manifiesto el sinsentido y la anticonstitucionalidad de que se reconociera a Arzallus el derecho a defender la independencia de las Vascongadas mientras se empapelaba a García Damborenea por presunta apología del terrorismo, aunque la culpa que se le atribuía era, paradójicamente, la de haber participado en actividades constraterroristas del gobierno González. "Esta Constitución -escribía Aquilino Duque- tiene un artículo 2, en cuya virtud el señor Arzallus hace tiempo que tendría puesto el bozal, si es que eso de "Estado de Derecho" no fuera un rollo macabeo". Ahora, con Rodríguez y Conde-Pumpido, el cacareado Estado de Derecho, ha pasado de ser un rollo macabeo a ficción institucionalizada. Pero a lo que iba. Recuerda Aquilino Duque que la llamada "ley de fugas", gracias a cuya aplicación "yugularon el bandolerismo andaluz gobernadores civiles como don Julián de Zugasti y don Antonio Machado y Núñez, el abuelito de los hermanos poetas, con el progresista Rivero en el Ministerio de la Gobernación". Y añade: "La ley de fugas y el tiro en la nuca son los procedimientos de que se suele valer la democracia cuando se ve obligada a aplicar esa pena de muerte de la que abomina en público". Antecedentes los hay hasta el agotamiento y no sólo en España. La liquidación de los Panteras Negras en los USA, las OAS en Francia y la Baader-Meinhof en Alemania fueron casos emblemático fuera de nuestras fronteras, aunque no los únicos. No es baladí la anterior alusión a la "ley de fugas" respecto a los usos de la "Dictadura democrática" contra la que se pronunciaba Puig i Ferreter. La II República, a instancias de Azaña y del PSOE, promulgó la Ley de Defensa de la República aún antes de que terminaran los debates constituyentes. El sesgo de dicha Ley era acorde con la ideología de sus promotores. Y aunque, como señala el profesor Fernández Barbadillo, la Constitución de 1931 establece en el artículo 34 la libertad de opinión, lo sería sólo sobre el papel. La Ley de Defensa la República se siguió aplicando con fruición, hasta el punto de que, como denunció Julián Marías años atrás en "ABC", las garantías constitucionales estuvieron prácticamente en suspenso durante todo el periodo republicano. Sin entrar en un análisis pormenorizado de la Ley de Defensa de la República, es lo suficiente indicativo su artículo 1º, el cual, según recuerda Fernández Barbadillo, consideraba un "acto de agresión a la República". Entresaco los apartados más expresivos de las limitaciones: La incitación a resistir o desobedecer las leyes o las disposiciones legítimas de la autoridad. La incitación a la indisciplina o al antagonismo entre Institutos armados o entre éstos y los organismos civiles. Difundir noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público. Toda acción expresión que redundo en menosprecio de las instituciones u organismos del Estado. La apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno y otras. El artículo 3, de otra parte, confería al Ministerio de Gobernación y a sus delegados especiales muy amplias facultades interpretativas para aplicar tales preceptos con todo rigor. El cual se aplicó a los contrarios, pero no a los propios y afines pese a sus continuados desmanes. Resulta expresiva al propósito la respuesta de Azaña, recogida por Fernández Bardají, a una comisión de periodistas que solicitaban se levantara la supensión a "La Correspondencia Militar", sin aparecer desde hacía tres meses: "Me es agradable afirmar delante del director de "El Debate" mi resolución de romper el espinazo al que toque la República". LE LEY DE ORDEN REPUBLICANA Y SU CONTINUIDAD EN EL RÉGIMEN DE FRANCO LAS protestas de los sectores políticos y sociales más afectados por la aplicación de la Ley de Defensa de la República aconsejó su sustitución por la Ley de Orden Público, presentada a las Cortes en abril de 1933 y aprobada el en julio, no sin fuerte oposición desde los escaños contrarios al gobierno. Aunque en apariencia más relajada que la precedente respecto de las libertades individuales, políticas y sociales. "Pero -observa Julio Gil Pecharromán-, dada la conflictividad del periodo republicano, prevalecieron rápidamente los aspectos más autoritarios de la Ley, y especialmente los artículos que facultaban al Gobierno para establecer por Decreto tres grados excepcionales por motivos de orden público: el estado de prevención, que permitía al Ejecutivo adoptar medidas no aplicables en régimen normal durante dos meses, sin necesidad de suspender las garantías constitucionales; el estado de alarma, que se aplicaría en casos de notoria e inminente gravedad, y que facultaba a las autoridades gubernativas para realizar registros y detenciones preventivas, imponer penas de destierro, prohibir actos públicos y disolver asociaciones consideradas peligrosas; y el estado de de guerra, destinado a dominar en breve término la agitación y restablecer el orden cuando fuera gravemente alterado. Bajo este estado de excepción, las garantías constitucionales quedaban suspendidas y las Fuerzas Armadas se hacían directamente cargo del orden público. En los tres casos, actuarían los llamados Tribunales de Urgencia". Las elecciones generales de noviembre de 1933, en las que por primera vez votaron las mujeres (seis millones), dieron al traste con la expectativas de victoria de la izquierda, la cual, como había amenazado, intentó recuperar el poder mediante la insurrección revolucionaria. Fue la primera ocasión en que se declaró el estado de guerra, si bien los otros dos se practicarían con asiduidad. Las previsiones penales del estado de guerra se fueron al traste, como ya he explicado en alguna ocasión, a causa de los indultos impuestos por Alcalá Zamora, los cuales, insisto, favorecieron la insurgencia revolucionaria y el recrecimiento de los separatismos. La principal víctima de las arbitrariedades cometidas al amparo de la Ley de Orden Público serían Falange Española y José Antonio Primo de Rivera a su cabeza. Muchas veces me he preguntado lo que ya percibí en mi niñez inmersa en los conflictos que se sucedían sin tregua. Me refiero a la causa de que un partido tan minoritario como era el falangista se convirtiera en el obsesivo enemigo a batir por la izquierda y la derecha. Algún día dedicaré una crónica al tema. La Ley de Orden Público de la República permaneció vigente de hecho en la zona nacional en lo concerniente al estado de guerra hasta la promulgación de la Ley de Responsabilidades Políticas en 1940. Y al igual que sucedió en ocasión de la revolución de octubre, fueron Tribunales Militares los que juzgaron y sentenciaron, mientras en zona roja los Tribunales de Urgencia fueron sustituidos por Tribunales Populares montados aribitrariamente por partidos, sindicatos y facciones, a despecho de su propia Ley de Orden Público que pasó a mejor vida. Una de tantas paradojas que proporciona la historia. El cotejo de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1940 con las precedentes republicanas pone de manifiesto un homogéneo hilo conductor, si bien adaptado en lo formal a las nuevas circunstancias. Y debe admitirse, asimismo, la correlación entre la sustitución de la Ley de Defensa de la República por la Ley de Orden Público republicanas, y la Ley de Responsabilidades Políticas por la Ley de Seguridad del Estado, cuya creación del Tribunal de Orden Público es equiparable a los Tribunales de Urgencia. HACIA LA CONSOLIDACIÓN TOTALITARIA DE LA DICTADURA REPUBLICANA LA regresión histórica hacia la II y III Repúblicas en que se ha embarcado Rodríguez hace que su actividad legislativa, una diarrea imparable, amén de iniciativas taifales, como la catalana, nos aproximen cada vez con más nítidos perfiles a aquel lejano periodo conflictivo y de coerción de las libertades. También a los objetivos entonces frustrados de la revolución de 1934. El tripartito frentepopulista catalán y el Estatuto favorecido por Rodríguez han conseguido lo que buscaba Companys por las armas y justifica la actualidad del texto de José Antonio Primo de Rivera que encabeza esta crónica. Una proclamación que también tiene validez para la taifa vascongada, donde, con el beneplácito del gobierno Rodríguez y la colaboración resuelta del PSE, el secesionismo se vale de la guerra irregular y del crimen etarras como en Cataluña y Asturias en 1934. No hay ya margen para el engaño: hemos vuelto al ayer. Rodríguez, tal que proponía Margarita Nelken, hace la revolución desde el "Boletín Oficial del Estado. Y fiel a la tradición socialista, convirtiendo la constitución en papel mojado. Y el Estado de Derecho en rollo macabeo.