Dentro de la ley

Dentro de la ley
07.09.2007 -

La proposición del Partido Popular, anunciada ayer por su portavoz parlamentario Eduardo Zaplana, para que el Gobierno inste la ilegalización de ANV y disuelva los consistorios gobernados por los electos de la izquierda abertzale, conecta sin duda con la indignación que suscita confirmar día a día que estas siglas no son hoy más que una marca que Batasuna ha utilizado para colarse en algunas instituciones. Pero la demanda de ilegalizar ANV no debería convertirse en una iniciativa parlamentaria que conduzca a una diatriba pública en período preelectoral, porque tanto el fondo de la cuestión -la cobertura que ANV presta a ETA, especialmente tras la ruptura de su tregua- como el basamento para un procedimiento de ilegalización y el momento de plantearlo requieren, en todo caso, de un proceso de decisión política que asegure la unidad democrática y se sostenga jurídicamente ante los tribunales. Además, si bien la demostración de que ANV está al servicio de la estrategia terrorista sería suficiente para que la Fiscalía General y la Abogacía del Estado instasen al Tribunal Supremo a dejarla fuera de la ley, la disolución de una corporación local sólo podría darse como consecuencia de una vulneración continuada de la legalidad por parte de sus integrantes en el ejercicio de las competencias municipales o mediante la utilización de sus atribuciones públicas. De ahí que convenga deslindar ambos extremos, de manera que si la controversia partidaria no puede ceder ante el valor superior del máximo de unidad en la lucha contra el terrorismo en sus distintas vertientes, se atenga al principio de legalidad y a los límites garantistas que establece nuestro ordenamiento. Hay razones más que suficientes para pensar que, llevado por su renuencia a admitir que el atentado de la T4 representaba la ruptura del alto el fuego de ETA, el presidente Rodríguez Zapatero quiso apurar las posibilidades de la 'salida dialogada' o, cuando menos, situar del lado de la banda terrorista la responsabilidad de acabar formalmente con la tregua. Y de que por ello se decidió a impugnar unas candidaturas de ANV, permitiendo que otras concurrieran a las elecciones. Pero si tal actuación, cuestionable ya entonces, se ha demostrado errónea en tanto que fallida, resultaría del todo improcedente pretender corregirla desbordando la propia legalidad.