Vidal-Quadras, Abascal y otros, unidad nacional

Enmienda Vidal-Quadras, Abascal y otros: unidad nacional

Enmiendas a la ponencia política del XVI Congreso del Partido Popular
presentadas por los compromisarios cuyos nombres y firmas figuran en la relación adjunta


Enmienda al conjunto del texto del epígrafe I. Introducción.


La totalidad del texto del epígrafe I debe ser sustituida por la redacción siguiente:

1. España se enfrenta a nuevos y difíciles desafíos en los próximos años y el Partido Popular ha de responder a ellos, como formación política de ámbito y vocación nacionales, fortaleciendo las instituciones democráticas y, por lo tanto, contribuyendo a la revitalización de la propia sociedad española, para garantizar la unidad y continuidad de la Nación en paz, libertad y prosperidad.

2. A tal fin, el Partido Popular manifiesta en esta ponencia política los principios y valores que conforman su ideario, así como las orientaciones fundamentales que inspirarán su acción política.

3. Los treinta años del periodo histórico iniciado en 1976 con el comienzo de la Transición democrática y clausurado con la aprobación en 2006 del nuevo Estatuto de Cataluña han sido en conjunto muy fecundos para la convivencia en democracia y para la prosperidad de la sociedad española. Sin embargo, durante este periodo se ha agravado el problema histórico que representan los nacionalismos para el mantenimiento de la unidad de España, y han aparecido innegables fisuras en la cohesión nacional. A la vez se han deteriorado instituciones esenciales, en especial, el Parlamento nacional, la Justicia y el sistema educativo.

4. En la última legislatura, por otro lado, se han erosionado gravemente algunos de los fundamentos de la reconciliación política que permitió establecer con un amplio apoyo popular el pacto constitucional de 1978, con el que se consagró la devolución al pueblo español de la soberanía nacional y el pleno restablecimiento de las instituciones democráticas en el marco de la Monarquía parlamentaria.

5. En estas circunstancias, el Partido Popular asume como propia la defensa de la Constitución de 1978 y, en particular, de sus principios y orientaciones fundamentales (unidad y soberanía nacionales, Estado social y democrático de Derecho, Monarquía parlamentaria con separación de poderes, descentralización territorial del poder político en el marco de la unidad del Estado nacional), sin perjuicio de poder proponer, en aras precisamente de esa defensa, la reforma de aquellos de sus aspectos que han sido desarrollados hasta ahora - y muy especialmente durante la pasada legislatura - de manera contraria a la interpretación lógica y sistemática de esos principios y orientaciones fundamentales.



6. La reforma parcial de la Constitución estaría, pues, al servicio del reforzamiento de los principios y orientaciones fundamentales de aquélla y expresaría su vitalidad y su vigencia. El Partido Popular, en consecuencia, propondrá a las demás fuerzas políticas de ámbito y vocación nacionales tanto esa reforma constitucional parcial como el simultáneo fortalecimiento de nuestro armazón institucional. Esto sólo podrá llevarse a cabo mediante pactos parlamentarios o, si fuera preciso, mediante coaliciones de gobierno, entre las fuerzas políticas dispuestas a acometer esas reformas.

7. En cualquier caso, la soberanía del pueblo español, como conjunto de ciudadanos libres e iguales en derechos y libertades en el marco de un sólido Estado de Derecho, y la unidad de la Nación española, como sujeto histórico-político, son y deben seguir siendo los primeros fundamentos de la Constitución. No caben, por ello, dentro del orden constitucional español otros sujetos históricos que tengan la consideración de naciones, comunidades nacionales o entidades similares, o de los que se predique que poseen identidad nacional. Creemos indispensable restablecer con claridad la supremacía de este principio – hoy seriamente amenazado - en el seno de nuestro ordenamiento jurídico.

8. La Nación española, como realidad histórica y cultural, tiene su raíz plural en los Reinos cristianos medievales, pero se basa ante todo en la herencia de la Hispania romana y visigoda común a todos ellos y en la unidad política establecida desde hace quinientos años por la integración de esos Reinos en la Monarquía de España, mediante la unión de las Coronas de Castilla y Aragón y el Reino de Navarra. Esta unión quedó definitivamente consolidada a partir de 1516, con la llegada al trono de Carlos I. Tres siglos después, en la Guerra de la Independencia, la Nación adquirió como tal plena conciencia de su soberanía, proclamándola por vez primera en la Constitución de 1812.

9. La pluralidad en la formación histórica de España, así como la diversidad de lenguas y tradiciones culturales, son, por tanto, elementos constitutivos de la propia unidad nacional española. La enriquecen, pues, sin merma de los factores culturales y sociales unificadores basados en una larga historia compartida, entre los que se encuentra de manera destacada el castellano, como lengua española común.

10. La configuración del Estado autonómico, dentro de la unidad de la Nación española, se fundamenta precisamente en esa pluralidad y diversidad. La autonomía, sin embargo, no es ni puede convertirse en soberanía. Tampoco puede conducir a una disociación o disgregación territorial ni a un debilitamiento del conjunto de España. Sólo puede concebirse, interpretarse y aplicarse sobre la base de la unidad nacional, la cohesión social y cultural y la solidaridad interterritorial, y todo ello con sólidas instituciones generales que lo garanticen. Este es, precisamente, el papel del Estado.

11. Para cumplir mejor este papel propugnamos algunas reformas parciales, aunque significativas, en instituciones como el Congreso de los Diputados, el Senado, la Administración General del Estado y el Poder Judicial. Es difícil pedir lealtad constitucional a los Poderes públicos autonómicos si las instituciones generales del propio Estado no están a la altura de su misión, con lo que se debilita el Estado de Derecho y el proyecto nacional pierde su atractivo.


12. La reforma y fortalecimiento de las instituciones públicas no puede limitarse a las instituciones generales del Estado. Tiene que alcanzar también a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones locales, si se quiere garantizar más eficazmente los derechos y las libertades de los ciudadanos, así como mejorar sus condiciones de vida y el marco en que desarrollan sus actividades en el nuevo contexto global.

13. La Nación española, como “proyecto sugestivo de vida en común”, tiene también que ofrecer libertad, justicia, seguridad, bienestar, prosperidad y acceso a la educación y a la cultura a todos los ciudadanos españoles y a los inmigrantes que se integren en nuestra sociedad. Las actuaciones de todos los Poderes públicos deben encaminarse a ello. Corresponde, en particular, al Estado garantizar efectivamente las condiciones indispensables para el ejercicio en toda España de los derechos de los ciudadanos y el cumplimiento por parte de los Poderes públicos de sus deberes frente a ellos. Si el proyecto nacional es atractivo, las fuerzas centrífugas pierden su sentido. Si el Estado de Derecho resplandece, para orgullo de la Nación, ésta no se debilita.

14. Sólo puede existir una verdadera democracia pluralista con una pujante sociedad civil, la cual, junto a los actores políticos, conforma el espacio público. Por ello, consideramos imprescindible revitalizar las instituciones que son expresión y cauce de la propia sociedad (partidos políticos, sindicatos, agrupaciones empresariales, asociaciones, entidades sin fines de lucro, instituciones religiosas, medios de comunicación) así como reforzar los valores sociales. Este reforzamiento sólo puede alcanzarse mediante una decidida voluntad de mejorar el sistema educativo, de elevar el nivel cultural y de ensalzar las virtudes cívicas, así como el esfuerzo, el trabajo, el mérito, el altruismo y la responsabilidad individuales.

Enmienda al conjunto del texto del epígrafe II Principios y valores del PP.

El actual título de este epígrafe II debe sustituirse por “Valores, principios y orientaciones fundamentales de la acción política del PP”.

Además, la totalidad del texto del epígrafe II debe ser sustituida por la redacción siguiente:

15. El Partido Popular se considera heredero de la tradición reformadora de la sociedad y del Estado que arranca en España del pensamiento ilustrado del siglo XVIII. Esta tradición tuvo acusada expresión en las reformas políticas, jurídicas y económicas propiciadas durante el siglo XIX por las dos grandes corrientes – moderada y progresista – del liberalismo español y en las reformas sociales de inspiración conservadora de comienzos del siglo XX, acentuadas posteriormente por las tendencias políticas inspiradas, por una parte, en el regeneracionismo español y, por otra, en el humanismo cristiano. El ideario político del Partido Popular refleja la síntesis de todas estas corrientes históricas, en la línea de las formaciones políticas surgidas en Europa desde el final de la II Guerra Mundial para representar a los sectores que se identifican a sí mismos en el centro y la derecha moderada, y que contribuyeron decisivamente a la reconstrucción y modernización de las democracias europeas en la postguerra. Estas formaciones también impulsaron de modo determinante el proceso de integración europea, para preservar la paz y la libertad de nuestro continente. Hoy se agrupan en la familia de los partidos populares europeos, a la que pertenece el Partido Popular.

16. En la actualidad, el Partido Popular propone a la sociedad española una visión renovada del ideario de estas corrientes históricas desde una posición de centro reformista. Visión que tiene como eje la libertad y que atiende también al logro de un mayor bienestar para todos a través de las adecuadas políticas sociales.

17. Esta visión renovada del liberalismo es compatible con el mantenimiento de postulados procedentes del pensamiento conservador, tales como la reafirmación de la Nación española como sujeto histórico y la indispensable vinculación de la persona con la comunidad política y la sociedad de las que forma parte. También se apoya en los valores esenciales de la tradición cristiana que se encuentran en la base de la civilización occidental, entre los que destacan la dignidad y libertad de la persona y sus derechos inalienables, la defensa de la vida humana desde su concepción, la consideración como fundamentos de la sociedad del matrimonio entre hombre y mujer y de la familia resultante del mismo y el ideal de justicia social.

18. Además, el Partido Popular comparte plenamente los valores superiores de nuestro Estado social y democrático de Derecho enunciados en el artículo 1 de la Constitución: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estos valores constituyen el núcleo esencial de la democracia liberal.

19. Nuestro pueblo, al igual que otros muchos, ha tenido que recorrer un largo, turbulento y difícil camino durante la Época Contemporánea hasta llegar a consolidar un sistema democrático-liberal. Por ello, debe ser firmemente rechazado cualquier intento de revivir o ahondar los enfrentamientos del pasado o de destruir, dañar o tergiversar la actitud de superación de los rencores nacidos de esos enfrentamientos.

20. España es una antigua y gran Nación, compuesta de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes. Ha participado de modo destacado en la historia del mundo y ha contribuido como pocas a la expansión de la civilización occidental. La continuidad de su existencia histórica es precisamente la garantía de que se podrán mantener y, a ser posible, mejorar la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la seguridad y la prosperidad de cuantos habitan en ella. Por tanto, todos los ciudadanos están invitados a participar en el proyecto colectivo de asegurar la continuidad de la Nación española como comunidad histórica y como base de nuestra democracia y nuestras actuales condiciones de vida.

21. Tras la crisis del modelo autonómico vigente hasta 2006 y los problemas que suscita la configuración y debilidad de las Cámaras legislativas, del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, hemos de admitir que la defensa de la continuidad de España como proyecto y el reforzamiento de nuestras instituciones y de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico exigirán a partir de ahora la corrección de las desviaciones de signo confederalizante producidas en la organización territorial del Poder del Estado, así como la reforma y modernización del armazón institucional del Estado democrático y social. Sin esas correcciones y reformas no podrá garantizarse la estabilidad y la viabilidad de nuestro Estado a medio plazo.

22. Es precisa, por lo tanto, una reforma parcial de la Constitución que sea pactada y apoyada, como mínimo, por las dos grandes fuerzas políticas nacionales, el Partido Socialista y el Partido Popular. Cualquier política de alianzas de nuestro Partido con otras fuerzas políticas, tanto en el plano nacional como en el autonómico, se orientará básicamente al objetivo de conseguir la estabilidad y viabilidad del sistema constitucional español conforme a esa propuesta de reforma.

23. Sin perjuicio de ese planteamiento de reforma constitucional e institucional, el Partido Popular sigue considerando que los valores superiores del ordenamiento jurídico español plasmados en la Constitución conservan plena vigencia.

24. La libertad es el primero de los valores de la convivencia democrática. Permite a cada persona vivir de acuerdo con su dignidad esencial y a la sociedad enriquecerse y prosperar, material y espiritualmente, mediante el despliegue de la personalidad de sus miembros, y con respeto siempre de los derechos de los demás. La finalidad de la Constitución es precisamente garantizar la libertad que necesita cada ser humano. El ejercicio de la libertad implica asumir una responsabilidad hacia los demás y las generaciones futuras. Entendemos que la garantía de la libertad, en un entramado de derechos y obligaciones, es el imperio de la ley y el gobierno limitado. La Constitución diseña un amplísimo sistema de libertades y derechos fundamentales, a cuya garantía y expansión deben contribuir todos los Poderes públicos.

25. Las libertades públicas son indivisibles. Cualquier amenaza a una de ellas constituye una amenaza a su conjunto. La defensa de las libertades no puede hacerse de forma selectiva. Como formación política al servicio de la libertad, el Partido Popular cree indispensable velar por la vigencia real de todos los derechos y libertades, porque ninguno de ellos está definitivamente exento de amenazas.

26. La libertad de expresión goza de la máxima protección jurídica en nuestra Constitución. Pero, como ocurre en todo Occidente, hay fenómenos inquietantes de intolerancia hacia quienes no se someten a los criterios dominantes sobre lo “políticamente correcto”, o critican el fanatismo ideológico o religioso, con lamentable pasividad o, incluso, complicidad de las autoridades públicas. Los medios de comunicación tienen un papel crucial para que sea real el ejercicio de la libertad de expresión, y ejercen una función insustituible en la formación de la opinión pública como elemento esencial del régimen democrático. Defendemos, por tanto, su libertad e independencia, que debe preservarse con respeto siempre a los derechos de las personas, de los que son garantes los Tribunales.

27. La Constitución garantiza, asimismo, la libertad de religión y de culto en el marco de un Estado no confesional. Disponemos de uno de los marcos jurídicos más completos para el libre ejercicio de esta libertad por parte de los individuos y de las comunidades y confesiones religiosas. En él se establece que los Poderes públicos tendrán en consideración las creencias religiosas de la sociedad española y garantizarán el debido respeto a las mismas. Ese marco jurídico, nacido en la misma Transición con el máximo consenso de las fuerzas políticas, debe ser íntegramente preservado.

28. La justicia es el fundamento moral y material de cualquier sociedad democrática. Sin ella reina la arbitrariedad y es imposible la vigencia de la igualdad y la garantía de ejercicio de la libertad. De la justicia se desprende también la exigencia de reparto de los deberes y cargas públicos atendiendo a criterios de capacidad y equidad.

29. La igualdad es, ante todo, la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Implica la ausencia de privilegios y discriminaciones por razones de credo, raza, lugar de nacimiento, residencia, o cualquier otra circunstancia personal o social. Este valor requiere asimismo la existencia efectiva de oportunidades para todos y la imposición de los criterios de mérito y capacidad para el acceso a los cargos y funciones públicos.

30. El pluralismo político, consecuencia de la proclamación de la libertad en sus versiones clásicas (libertad religiosa, libertad de pensamiento, libertad de creación intelectual, libertad de expresión, libertad de asociación y libertad de voto y participación política), permite dentro del ordenamiento constitucional la formulación y la defensa de ideas, propuestas y programas políticos, sometiéndose siempre en cuanto a su posible puesta en práctica a la voluntad popular democráticamente expresada.

31. El Partido Popular defiende y seguirá defendiendo el mantenimiento de la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado, así como los símbolos del mismo.

32. Defendemos, asimismo, la solidaridad entre todos los ciudadanos y los Poderes públicos territoriales (Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales). El Partido Popular, en todas y cada una de las Comunidades Autónomas, defiende la unidad de España, la libertad y la igualdad ante la ley de todos los españoles y la cohesión nacional. Y este es un signo característico de su acción política.

33. El Estado es quien garantiza efectivamente la libertad y la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y libertades. Nacer o residir en uno u otro territorio, tener una u otra seña de identidad lingüística, cultural o histórica es una muestra de la diversidad que enriquece a España, pero no puede ni debe comportar discriminación alguna entre españoles.

34. El reforzamiento de la capacidad del Estado para establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y deberes y para garantizar el interés general en toda España, tanto desde el punto de vista jurídico, como organizativo y financiero, es uno de los objetivos principales de la acción política del Partido Popular. Si se merma esa capacidad, como sucede en las recientes reformas estatutarias, se pondrá en serio peligro la viabilidad del propio Estado.

35. Mantenemos como principio esencial que la soberanía nacional reside en el pueblo español, entendido como conjunto de todos los ciudadanos españoles, tal y como proclama el artículo 1.2 de la Constitución de 1978. Ningún territorio ni ninguna parte de la población están legitimados para privar de ese poder de decisión al conjunto de los españoles.
36. España necesita tener una voz potente y clara en el mundo, a cuyo servicio se ponga una decidida mejora de nuestra acción exterior, para desempeñar el papel que nos corresponde por nuestra posición, capacidad y desarrollo, defender nuestros intereses nacionales y proyectar nuestra lengua común y nuestra cultura en su rica diversidad.

37. A partir de nuestras propuestas políticas, el Partido Popular seguirá esforzándose para establecer consensos básicos con las fuerzas políticas de ámbito y vocación nacionales en los grandes asuntos de Estado (lucha contra el terrorismo, política de seguridad y defensa, política exterior, reforma de la Justicia, organización territorial, sistema educativo) además de para la reforma parcial de la Constitución a fin de garantizar la viabilidad y estabilidad del Estado.

38. El Partido Popular quiere devolver a los ciudadanos la confianza plena en las instituciones públicas, y por ello reclama no sólo comportamientos éticamente irreprochables en el ejercicio de las funciones públicas, sino también la reforma y modernización de las propias instituciones para restablecer su prestigio y eficacia.

39. El prestigio de la democracia depende de la ejemplaridad de los comportamientos políticos, por lo que debe llevarse a cabo con urgencia una decidida tarea de regeneración de la vida pública y de máximo reforzamiento de la ética política, con una lucha permanente contra la corrupción.

40. El Partido Popular cree en una política económica al servicio del bienestar del conjunto de la sociedad, basada en la libre iniciativa privada y en la garantía del derecho de propiedad y de herencia. Defiende, asimismo, dentro de la economía de mercado y al servicio de la justicia social, la realización de políticas que permitan atender a las necesidades de los ciudadanos con menores recursos y capacidades o en situación de vulnerabilidad.

41. Defendemos también que los Poderes públicos, y en particular el Estado, han de garantizar la igualdad de oportunidades entre las personas, así como el equilibrio social y territorial, mediante políticas que fomenten la cohesión interterritorial, la adecuada ordenación del territorio, la integración social y el acceso de todos a la información, a la educación y a la cultura.

42. El Partido Popular considera un principio esencial de su política la defensa de la libertad de la persona frente a la intromisión de los Poderes públicos. Por ello, propugna la subsidiariedad de la acción pública en la vida económica, social y cultural. Es también contrario al exceso de intervencionismo y a cualquier pretensión de adoctrinamiento, intento de homogeneización social o sustitución por las autoridades de la actuación libre y de la responsabilidad de los ciudadanos. Insiste particularmente en la necesidad de proteger el ejercicio de la libertad individual en los ámbitos en que se prestan servicios públicos, como la enseñanza y la sanidad, dentro del respeto a los derechos de los demás.




Enmienda al conjunto del texto de los apartados 1, 2 y 3 del epígrafe III. España, gran nación de ciudadanos libres e iguales. Modelo de Estado.


La totalidad del texto de los apartados 1, 2 y 3 del epígrafe III debe ser sustituida por la redacción siguiente:


III. 1. España, nación de ciudadanos.

43. La Nación española no es una creación artificial surgida de un texto legal. España es una de las naciones más antiguas de Europa, fruto de una multisecular historia, de la que son herederos por igual todos los españoles.

44. Sólo un Estado nacional fuerte y respetado, dentro y fuera de nuestras fronteras, es garantía de libertad y de igualdad para todos los españoles. Este es el primer deber de un partido nacional con vocación de gobierno en España: asegurar los mismos derechos, obligaciones y oportunidades a los ciudadanos, sin permitir diferencias entre ellos, según la parte del territorio español en que residan, que supongan una efectiva y permanente desigualdad.

45. Las tensiones introducidas en la organización territorial del Estado durante la pasada legislatura han dañado los principios de igualdad y solidaridad y quebrado el modelo de financiación autonómica. También han deteriorado seriamente la capacidad de las Cortes Generales para garantizar el interés general, limitando indebidamente sus competencias legislativas, financieras y presupuestarias. Se ha quebrado así el consenso básico sobre el Estado autonómico entre los dos grandes partidos nacionales, y el Gobierno socialista no ha sabido, o no ha querido, evitar que adquirieran una desmedida influencia las fuerzas políticas empeñadas en romper los fundamentos de la convivencia nacional.

46. En Cataluña y el País Vasco, y en menor medida en Galicia, Canarias y Baleares, existen partidos nacionalistas claramente separatistas, y en algunos casos manifiestamente antidemocráticos (ANV, PCTV). Todos ellos - y en especial cuando han ejercido funciones de gobierno - han presionado sobre la organización constitucional para conseguir una indefinida apertura de sus ámbitos competenciales y una progresiva relación de bilateralidad con el propio Estado, antesala de la secesión. Con ello se pretende, como en el Estatuto catalán, establecer una especie de cosoberanía, inhabilitando al Estado para ejercer su función al servicio del conjunto de la Nación. En el País Vasco, tras el rechazo por el Congreso de la propuesta de “Estado Libre Asociado” en que consistía el primer Plan Ibarretxe, se ha anunciado la convocatoria de un referéndum de autodeterminación para octubre de 2008 sin que el Gobierno haya dado pista alguna de cómo atajará este desafío abiertamente anticonstitucional.

47. La permanente deslealtad al marco constitucional y el desbordamiento de los límites del Estado autonómico han sido las causas originarias de la desestabilización del modelo territorial, pero no puede desconocerse tampoco el efecto del sistema electoral en este punto. La circunscripción provincial, que es la base de la asignación de escaños en el Congreso de los Diputados y del reparto de los restos electorales en nuestro sistema electoral, ha sido un factor determinante en este proceso cuando no se han dado mayorías parlamentarias absolutas para apoyar al Gobierno.

48. La gravedad de la situación se percibe todavía más al analizar su efecto pernicioso sobre las demás Comunidades Autónomas, en las que provoca una reiterada espiral de agravios y reclamaciones desde comienzos de la década de 1980. Ello ha conducido a reformas estatutarias que deterioran también, en mayor o menor medida, la coherencia del conjunto de la organización territorial, pues no responden a un esquema previamente debatido y establecido por un acuerdo de los partidos nacionales, sino que surgen a golpe de iniciativas de los diferentes Parlamentos autonómicos. Se está configurando así una España de hasta “siete velocidades” (País Vasco y Navarra, Cataluña, Andalucía, Aragón y Baleares, Valencia, Castilla y León, y las demás Comunidades, por el momento).

49. El Partido Popular, por todo ello, considera indispensable devolver al Estado su capacidad efectiva para garantizar la funcionalidad del conjunto de su organización territorial, hoy totalmente desestabilizada, como empieza a comprobarse con las pugnas y polémicas sobre la financiación autonómica, la cuestión del agua y las desigualdades salariales entre funcionarios. De lo contrario, los Poderes públicos no podrán seguir cumpliendo el papel que les asigna la Constitución de 1978, ni tampoco serán capaces de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. De ahí la urgencia de estabilizar, clarificar y restablecer definitivamente la viabilidad del Estado autonómico, mediante la oportuna reforma constitucional parcial.

50. Es preciso eliminar por completo la posibilidad de que triunfe la pretensión de despojar al Estado de una gran parte de sus funciones esenciales. Esta pretensión nace de la idea de que España es un “Estado plurinacional”, compuesto de varias “naciones”, con una interpretación claramente abusiva del término “nacionalidades” incluido en el artículo 2 de la Constitución.

51. Tampoco debe admitirse, por principio, que España sea una Federación. La semejanza del funcionamiento de nuestro sistema autonómico con algunos de los sistemas federales actuales no significa que encuentre su fundamento político e histórico en la federación de varios Estados preexistentes para crear una unión federal. España, como Estado nacional, es un Estado unitario fuertemente descentralizado, pero no es propiamente un Estado Federal.

52. La experiencia política en los últimos dos siglos nos enseña que una nación es fuerte si sus instituciones son fuertes, tanto las del Estado como las de la sociedad. Fortalecer las instituciones es la gran tarea del gobernante. Hacerlas ágiles, sólidas, eficientes, y ponerlas al servicio de las personas a las que se deben. Esa es la clave de la unidad nacional.

III. 2. Fortalecimiento del Estado a través de la reforma constitucional parcial.

53. El reciente proceso de reformas estatutarias, con vulneración a menudo de los principios y orientaciones fundamentales de la Constitución, ha conducido a la inestabilidad e inviabilidad del Estado autonómico. Para corregir en el futuro esta utilización perversa de las reformas estatutarias y restablecer la vigencia efectiva de los principios y orientaciones fundamentales de la Constitución, se requiere, a la luz de la experiencia de los últimos treinta años, una reforma constitucional parcial.

54. Para el Partido Popular, cualquier reforma constitucional tendría que abordar las cuestiones básicas a que se refieren los siguientes párrafos para tratar de resolver la indeseable situación creada en la anterior legislatura:

55. En primer lugar, debería precisarse el significado y funcionamiento del Estado autonómico, sobre la base de considerarlo un Estado unitario de base nacional pero políticamente descentralizado, en el que las decisiones que afectan al conjunto deben prevalecer sobre las que interesan únicamente a los poderes públicos territoriales organizados por y desde la propia Constitución. En el Preámbulo habría que hacer referencia al proceso de formación de la unidad nacional, verdadera base de la pluralidad histórica española, lo que a su vez permitiría revisar el artículo 2º y suprimir la artificiosa distinción entre “nacionalidades” y “regiones”. Tendría también que abordarse la reforma del sistema electoral del Congreso para asegurar el mantenimiento de una visión de conjunto, en garantía del interés general de España, al constituirse las mayorías parlamentarias. Al mismo tiempo, habría que reformar el Senado y sus relaciones con la Cámara Baja, para convertirlo en el órgano de participación de las Comunidades Autónomas en las decisiones del Estado.

56. Complementariamente, debería procederse a la culminación estable del sistema autonómico en la perspectiva del interés general, mediante la prohibición de que se incluyan declaraciones de derechos y deberes de los ciudadanos en los Estatutos de Autonomía, la redefinición de las competencias respectivas del Estado y las Comunidades Autónomas, la mejor regulación de los “hechos diferenciales” (incluyendo una mejor y más clara regulación de los derechos históricos de los territorios forales y los regímenes jurídicos civiles forales), la supresión de la posibilidad de seguir realizando en el futuro transferencias de competencias y el definitivo reconocimiento del actual status de Navarra.

57. Habría también que garantizar efectivamente el uso del castellano o español en todo el territorio nacional, como lengua común y oficial del Estado, tanto en las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos como en el sistema educativo y en la toponimia, sin perjuicio de la cooficialidad de las restantes lenguas españolas en los territorios en que respectivamente se hablen. Ello, en ningún caso, puede afectar al derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en castellano como lengua vehicular.

58. Debería reforzarse, asimismo, la independencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional respecto de los restantes órganos constitucionales. En ese contexto, debería procederse a la reforma del recurso de amparo, atribuyendo la competencia sobre el mismo al Tribunal Supremo, para mejorar el funcionamiento del Tribunal Constitucional y la debida coherencia de la actuación de ambos en aplicación del ordenamiento jurídico.

59. Convendría hacer referencia a la pertenencia de España, como Estado miembro, a la Unión Europea y regular la adopción en ella de la actuación del Estado con participación, en su caso, de las Comunidades Autónomas afectadas a través del Senado, que se configuraría así en un órgano no sólo dotado de potestades legislativas sino de cooperación multilateral para el establecimiento de políticas comunes en la esfera del poder ejecutivo.

60. Por último, habría de suprimirse en el futuro la preferencia del varón en el orden de sucesión a la Corona, en la misma línea propugnada por el Informe del Consejo de Estado.


III. 3. Pactos de Estado.

61. Es evidente que una reforma parcial de la Constitución de 1978 como la que acaba de mencionarse requiere un amplísimo consenso entre los dos grandes partidos nacionales para abordar con éxito su tramitación parlamentaria y proponerla al conjunto de los ciudadanos españoles. Por ello, el Partido Popular, sin perjuicio de estar siempre dispuesto a hablar con el Gobierno para tratar de establecer acuerdos sobre las materias que afectan a la esencia del Estado, considera que es su deber, desde ahora mismo, ofrecer de manera permanente un pacto al Partido Socialista para abordar conjuntamente la reforma parcial de la Constitución con el alcance indicado, que exigirá acudir al procedimiento previsto en el artículo 168.

62. En consecuencia, la necesidad del consenso político se refuerza aún más, pues no sólo toca conseguirlo a una determinada mayoría parlamentaria, de por sí amplísima, sino a la siguiente. Por ello, debería establecerse un acuerdo previo para estudiar la reforma en esta legislatura entre las fuerzas políticas de ámbito y vocación nacionales. Una vez acordado el contenido de la reforma entre esas fuerzas, se adoptaría parlamentariamente el principio de la reforma y se disolverían las Cortes Generales, coincidiendo con el fin de la legislatura, con el compromiso público de las fuerzas políticas que hubieran establecido ese acuerdo de mantenerlo durante la siguiente, mediante un pacto parlamentario o incluso un Gobierno de coalición, que se formaría tras las siguientes elecciones generales. En esas elecciones generales el pueblo español podría decidir, por sí mismo y desde el comienzo del proceso, acerca de la reforma propuesta y conceder o no el mandato de llevarla a cabo. La claridad del debate político previo habría sido en este caso absoluta.


63. El proyecto descrito en los apartados anteriores, nucleado en torno a la reforma constitucional parcial, para preservar la Constitución misma, y a la correspondiente agenda política, representa la única alternativa posible frente a la pretensión de transformar la Nación española en una confederación de naciones cuasi-soberanas, paso previo a su definitiva fragmentación. El Partido Popular, en coherencia con sus principios y valores más profundos, tiene el deber moral y político de llamar a todos los españoles a este ambicioso propósito.

http://www.elmanifiesto.com/imagenes/fotosdeldia/EnmiendaVidalAbascal[1].doc