Un debate ineludible

Un debate ineludible
02.07.2007 -

El debate sobre el Estado de la Nación que se iniciará mañana en el Congreso afrontará de manera insoslayable la estrategia para hacer frente a la renovada amenaza de ETA. La lucha contra el terrorismo no fue objeto de discusión expresa en el Parlamento tras la ruptura de las conversaciones entabladas con la banda en 1989 y 1999. Pero la revisión del último y fallido proceso de diálogo se ha hecho ineludible no sólo porque el mismo estuviera avalado por la resolución aprobada por la Cámara el 17 de mayo de 2005, sino por el excepcional enfrentamiento que han mantenido el Gobierno y el principal partido de la oposición en una materia que requiere del máximo consenso. El Pleno ofrece así una oportunidad de primer orden para situar la coincidencia por encima de las divergencias. Sin embargo, también comporta serios riesgos, derivados tanto de la acritud que ha definido la relación entre el Ejecutivo y el PP, como de la proximidad de la confrontación electoral, que puede hacer prevalecer los intereses partidarios sobre la imprescindible alianza frente al continuismo terrorista. El debate pondrá a prueba, de hecho, la solidez del acercamiento protagonizado por Rodríguez Zapatero y Rajoy, una vez que la banda formalizó la quiebra del alto el fuego, y servirá para que la sociedad constate si el gesto de distensión de ambos dirigentes supuso un mero cese de hostilidades de caducidad limitada o respondió, por el contrario, a convicciones de fondo compartidas. Si fuera así, uno y otro deben confirmarlo con actitudes inequívocas, una obligación que concierne de manera singular al presidente del Gobierno. Rodríguez Zapatero ha de dar cuenta cabal de los motivos que le impulsaron a creer en la «clara voluntad» de ETA de abandonar la violencia, de los procedimientos que se utilizaron para verificar esa hipotética disposición y de las razones que explicarían el fracaso. Y aunque se resista a reconocerlo explícitamente, el jefe del Ejecutivo no puede obviar los errores cometidos ni ocultarlos tras el argumento moral de la bondad de sus intenciones. Las declaraciones efectuadas recientemente por Josu Jon Imaz han tratado de contrarrestar la lectura tendenciosa que pueden estar realizando ETA y la izquierda abertzale de los contactos mantenidos entre la banda y el Gobierno y entre socialistas y nacionalistas con Batasuna; pero han contribuido, paradójicamente, a dar verosimilitud tanto al trasfondo de esas dilatadas conversaciones, como a la radical incompatibilidad entre el planteamiento de las fuerzas democráticas y el empecinamiento violento de los terroristas en sus reivindicaciones tradicionales. A pesar de esa evidencia, el Gobierno no supo responder puntualmente a los desplantes, provocaciones y desafíos de la banda y su entorno, inclinándose por un paciente ejercicio de diálogo que si ya resultaba cuestionable a la luz del creciente envalentonamiento de los terroristas, se hizo del todo infructuoso y contraproducente tras el brutal atentado de Barajas. El Ejecutivo ha de ser consciente de que es la propia ETA la que impide no sólo reeditar el malogrado intento de salida dialogada, sino alentar cualquier expectativa de diálogo amparada en formulaciones ambiguas como las del lehendakari Ibarretxe. Y asumir, junto a ello, lo adverso que resulta para los intereses democráticos iniciar un proceso de esa envergadura sin el aval del principal partido de la oposición.Esa interiorización compete también a la formación de Mariano Rajoy, que ha de renunciar a seguir convirtiendo sus legítimas críticas en descalificaciones injustificadas y sus discrepancias en condiciones que la otra parte habría de aceptar, con carácter previo y de manera ineludible, para poder llegar a cualquier acuerdo. Lo contrario sólo contribuirá a profundizar en un desencuentro que obstaculiza la consecución del fin definitivo del terrorismo deseado por la inmensa mayoría de la sociedad. El éxito del debate dependerá, en gran medida, de la capacidad que los partidos demuestren de mirar al futuro, sin enzarzarse en discusiones sobre las actitudes de otros gobiernos en el pasado, y de su habilidad para extraer conclusiones coincidentes de tanta y tan frustrante experiencia acumulada. Resulta estéril a estas alturas que tanto quienes la impulsaron como quienes se opusieron a ella pretendan reavivar la controversia sobre la resolución parlamentaria aprobada hace dos años, porque es la confirmación por parte de ETA de que proseguirá con su trayectoria criminal la que imposibilita cualquier desarrollo de las previsiones en ella contenidas. La estrategia del Gobierno y de sus instituciones no puede permitirse ya elucubrar sobre la debilidad de los terroristas ni dejarse enredar por el taimado lenguaje de los portavoces de Batasuna. La amenaza cierta de la comisión de nuevos atentados ha de llevar al Ejecutivo a liderar decididamente la unidad democrática frente a tan manifiesto peligro, una respuesta compartida que confiere continuidad a la lucha antiterrorista y que debería confirmarse esta semana en el Congreso.