Mejor detener que negociar

viernes 27 de julio de 2007
Mejor detener que negociar
LA detención de tres terroristas en el sur de Francia, entre ellos el posible jefe del «aparato logístico», Juan Cruz Maiza Artola, demuestra nuevamente que un Estado democrático y de Derecho es más eficaz cuando persigue al terrorismo que cuando intenta apaciguarlo. El Ministerio del Interior está sumando éxitos en la lucha antiterrorista y lo obligado en este momento es reconocerlo sin matices, porque, al margen de las responsabilidades políticas derivadas del «proceso de paz» con ETA -que siguen vigentes y pendientes de depurar-, la sociedad española y su clase política deben mantener una actitud cerrada de apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Igualmente oportuno es valorar de manera muy favorable el respaldo del Gobierno francés a las autoridades españoles, en consonancia con los reiterados compromisos públicos de Nicolas Sarkozy de perseguir a ETA y contribuir a su derrota. En definitiva, al Gobierno se le exigía presión y eficacia policiales y ambas se están dando, por lo que hay que congratularse de que finalmente haya confiado más en la aplicación de la ley que en la seducción del talante para erradicar a una banda de criminales. La sucesión de éxitos policiales no garantiza, en absoluto, que puedan evitarse todos los atentados de ETA: las dos pequeñas bombas que estallaron en la ruta del Tour de Francia, a su paso por el norte de Navarra, son un aviso de que, cuando una organización persiste en su voluntad criminal, al final consigue su objetivo. También cuando finalizó la tregua de ETA el 3 de diciembre de 1999, las Fuerzas de Seguridad del Estado evitaron tres atentados inminentes. En ese mismo mes fueron interceptadas en Zaragoza dos furgonetas con más de mil kilos de material explosivo. El 13 de enero de 2000, la Ertzantza localizó en Bilbao un coche con veinte kilos de explosivo, que había sido abandonado días antes por tres etarras, que fueron detenidos. El 22 de enero, ETA asesinó a su primera víctima, el teniente coronel Pedro Antonio Blanco García.
La fragilidad de la banda terrorista se está haciendo patente desde que el pasado 6 de junio anunciara la revocación del alto el fuego. En este nuevo escenario de firmeza antiterrorista, parece claro que lo único que puede hacer ETA es rendirse y entregar las armas, aunque nuevamente sea oportuno preguntarse dónde estaría hoy la banda terrorista si el Gobierno socialista hubiera desplegado contra sus miembros la eficacia policial que hoy está permitiendo la detención continua de terroristas. El tiempo y las energías perdidas por José Luis Rodríguez Zapatero en sus experimentos negociadores con ETA han aplazado la derrota de esta organización criminal en el plano policial, y la han complicado mucho más en el plano político, donde aún subsisten actitudes ambiguas por parte del Gobierno. No tiene justificación alguna que el fiscal general del Estado no haya instado la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca, ni la del Partido Comunista de las Tierras Vascas, herramientas de la colonización terrorista en las instituciones democráticas del País Vasco. Las detenciones policiales multiplicarían exponencialmente sus beneficios si fueran acompañadas de un auténtica política antiterrorista, que es una estrategia mucho más ambiciosa que la meramente policial y que comprende la extensión de la ley a todos los rincones de la estructura etarra -principalmente los que aparentan ajustarse a la legalidad democrática-, así como la defensa activa y militante del constitucionalismo en las instituciones del País Vasco y de Navarra. Este último compromiso concierne plenamente al Partido Popular y al PSOE, y de forma especial a los socialistas, quienes parecen haber viajado al pasado para recuperar las fórmulas más fracasadas de contemporización con los partidos nacionalistas y con sus objetivos soberanistas.
Las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Gobierno galo están cumpliendo con sus obligaciones. Ahora es el momento de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el PSOE rectifiquen los errores políticos del «proceso de paz» y reintegren al Estado toda la fortaleza perdida en estos tres últimos años.