Las inversiones partidistas de Fomento

viernes 20 de julio de 2007
Las inversiones partidistas de Fomento
UN reciente informe elaborado con todo rigor técnico pone de relieve el desequilibrio regional en las inversiones que realiza la Administración central en materia de infraestructuras. Se desprende del informe, entre otros datos, que Fomento gasta seis veces más en Asturias o en Castilla-La Mancha que en Madrid y que, con carácter general, hay una relación inversa muy acusada entre la riqueza de la región y el esfuerzo inversor del Estado. Si alguien piensa ingenuamente que el objetivo es aplicar el principio de solidaridad o corregir desequilibrios, basta llamar la atención sobre un aspecto concluyente: las comunidades más beneficiadas están gobernadas por los socialistas, mientras que, en el periodo de referencia (2003-2006), las más perjudicadas estaban todas ellas gestionadas por otros partidos. Es llamativo también el caso de Cataluña, puesto que -pese a la protesta constante del tripartito- la inversión ministerial duplicó a la de Madrid, si bien es cierto que no llegó a alcanzar la media nacional. El dinero público debe estar al servicio de los ciudadanos y no de las estrategias partidistas. Esta regla básica en un Estado democrático se incumple cuando, de forma directa o indirecta, el Ejecutivo «premia» a los votantes de su partido y «castiga» sin pudor alguno a los demás. No es ésta, desde luego, la exigencia de la Constitución cuando determina, en el artículo 103, que la Administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo, entre otros, con los principios de eficacia y eficiencia.
La patronal de la construcción, autora del informe, ofrece también otras consideraciones de interés. Estima Seopan que, para hacer creíble la aportación solidaria de los españoles, las comunidades autónomas deben aportar más recursos propios. La plenitud del estado autonómico y el importante volumen de recursos que gestionan los entes territoriales exigen, en efecto, que se arrincone la idea de las autonomías como un poder centrado en la reivindicación permanente, de modo que deben convertirse en gestoras responsables de sus competencias y obligaciones. Es interesante también la referencia a la cohesión social y la movilidad de personas y mercancías como elementos del mercado libre, lo cual exige planes de inversión coherentes y no decisiones erráticas en función de circunstancias coyunturales. Antes de responder airadamente a las acusaciones de discriminación, Magdalena Álvarez debería estudiar con detalle este informe técnico. La inversión del Estado en infraestructuras es un arma política y financiera de primer orden que, a la vista de los datos, se utiliza al servicio de comunidades afines, de modo que la oposición debe pedir explicaciones en sede parlamentaria y las administraciones perjudicadas presentar sus quejas ante el Ministerio, aunque ello provoque el enfado de una ministra que encaja mal las críticas.