Ignacio Camacho, El carajal

viernes 20 de julio de 2007
El carajal

IGNACIO
CAMACHO
ESPAÑA no se ha roto, proclama triunfalmente el zapaterismo para convencernos de que sus juegos estatutarios de aprendiz de brujo no han supuesto el derrumbe del Estado. Y es cierto, pero habría que añadir que por ahora. De momento no se rompe, es verdad, pero se cuartea, se casca, se agrieta bajo la insaciable presión de unas autonomías dispuestas a porfiar en esa subasta de competencias que ha abierto el Estatuto de Cataluña, al grito de centralista el último. Se apropian de atribuciones por el procedimiento del tirón, como los judíos se rifaban los jirones de la túnica del Cristo. Nacionalizan ríos, crean agencias tributarias, ponen fronteras al folclore y tienden la mano al Estado para que les financie el aquelarre. Cuando Borrell, el jacobino del tardofelipismo, habló del «carajal autonómico» escocido porque las taifas territoriales no le dejaban diseñar el trazado de las carreteras, ni se imaginaba que algo más de una década después los virreyes iban a poner la zarpa en la mismísima caja de la Hacienda Pública o a decretar la propiedad exclusiva de las aguas de la aldea, represándoselas a los de más abajo como los hoscos campesinos auverneses de «Manon des sources». España no se ha fracturado, pero se raja a través de un descosido de insolidaridad que apenas se sostiene gracias a los hilos invisibles de la Historia.
La crisis llegará más tarde, cuando acaso Zapatero no sea más que un mal recuerdo, ese paréntesis histórico del que hablan Gallardón y Rajoy sin acotar la duración de la pausa. Porque cada cesión es irreversible: no habrá en el futuro ningún Gobierno capaz de recoger el agua derramada. Y pasará como con la LOGSE, cuyos efectos perniciosos no se han hecho visibles hasta al cabo de unos ciertos años, cuando una generación de analfabetos funcionales va tomando los mandos del relevo de la pirámide social. Hoy por hoy, la rebatiña de competencias es sólo un pulso político de coyuntura, un campo de justas para que los presidentes de Madrid, Valencia, Andalucía o Baleares se suban al carro de las reivindicaciones electoralistas bajo el listón del demarraje catalán, pero mañana o pasado será imposible garantizar desde el Gobierno de España la igualdad de todos los ciudadanos de lo que quede de la nación. Y se abrirá la brecha que logró evitarse con el equilibrio de la cohesión constitucional, porque el presupuesto público es una suma cero en la que algunos tendrán que perder lo que otros salgan ganando.
Va a ser una tragedia diferida, que nunca inquieta a los políticos atentos sólo a los horizontes cortoplacistas de su mandato. Pero los edificios de la Historia rara vez se desploman de golpe; cuando eso ocurre se trata de una revolución. El proceso que ha abierto Zapatero actuará como una lenta carcoma en el interior de la viga maestra del Estado. Él ya no estará cuando comiencen a caer los cascotes y el carajal se convierta en una falla telúrica rodeada de arbitrarias fronteras de desigualitarismo.