Necesaria adaptacion legal

jueves 25 de enero de 2007
Necesaria adaptación legal

El Gobierno vasco ha iniciado conversaciones con las diputaciones forales y otros sectores concernidos para elaborar, en el plazo de dos meses, un anteproyecto de Ley de Servicios Sociales. Será la tercera norma con rango de ley que se aprueba en la comunidad autónoma desde su constitución en 1979. Esta continua adaptación del marco legal resulta, además de explicable, necesaria por tratarse de un sector de los servicios públicos que, a diferencia de lo que ocurre con el de la sanidad o el de la educación, no está todavía del todo consolidado en nuestro país y requiere, por tanto, de frecuentes revisiones y reorientaciones. Por otra parte, la reciente aprobación de la conocida como Ley de Dependencia que, aunque válida para todo el ámbito del Estado, deberá ser puesta en práctica, sobre todo, por las comunidades autónomas, aconseja la acomodación de la normativa autonómica a sus nuevos y exigentes requisitos.Dos parecen ser los objetivos principales que la nueva ley habrá de perseguir. La homologación territorial de los servicios, tanto en el aspecto cuantitativo como en el cualitativo, y el fortalecimiento de los llamados servicios sociales de base, de implantación municipal. La peculiar estructura de nuestra comunidad, en la que las competencias de legislación, desarrollo y ejecución sobre esta materia descienden en cascada desde el Parlamento hasta las corporaciones locales, pasando por las juntas generales, así como la diversa tradición con que cada territorio histórico inició en este campo la andadura del autogobierno, han dado lugar a considerables diferencias territoriales que es necesario homologar si se quiere salvaguardar la igualdad de derechos de los ciudadanos vascos en el acceso y disfrute de los servicios. De otro lado, la mencionada Ley de Dependencia se propone crear un sistema de atención a los ciudadanos dependientes que sólo podrá ser correctamente gestionado si se refuerzan, y de manera además muy notable, unos servicios sociales de base que ni siquiera eran capaces de atender las demandas que ya preexistían a la ley.De entre los contenidos del próximo proyecto de ley ha saltado a la opinión pública como especialmente problemática la cuestión del 'copago' en la forma del 'reconocimiento de deuda' sobre la vivienda habitual del usuario por los servicios residenciales que éste reciba. El concepto resulta tan plausible en sí como arriesgado en sus consecuencias. Convendría, por ello, que, antes de que se definiera en la ley, se evaluaran los resultados que arrojan, por ejemplo, las experiencias de Álava o Navarra, de modo que se excluyeran, de un lado, la demagogia y, de otro, la discriminación injusta y la picaresca fraudulenta.