Fractura institucional

martes 30 de enero de 2007
Fractura institucional

La citación al lehendakari para que testifique ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior vasco, en calidad de imputado por supuesta colaboración en un delito de desobediencia a raíz de la reunión que celebró en abril con representantes de la ilegalizada Batasuna, ha causado preocupación y desconcierto en amplios sectores de la sociedad. Pero la lógica inquietud que suscita la inédita declaración no puede ser aprovechada para deslegitimar el papel de los tribunales, cuestionar al TSJPV como un órgano ajeno al entramado institucional vasco, afirmar que su actitud está conculcando las libertades políticas o asegurar, como hicieron los ex presidentes Ardanza y Garaikoetxea al término de la manifestación de Bilbao, que constituye un «ataque a los pilares de la democracia».Es cierto que, desde un principio, no resultaba fácil entender que la iniciativa de Ibarretxe, al margen de inoportuna o contraria a las consecuencias que derivan de un procedimiento de ilegalización, pudiera constituir un delito perseguible penalmente. El auto que emitió el Supremo sobre una querella de análogo contenido hizo todavía más chocante el proceder de la Sala de lo Penal: el Alto Tribunal negó que pueda incurrirse en desobediencia si no media orden expresa de prohibición de un determinado acto, y tildó de «fraude constitucional» aquellas querellas que pretendan desactivar judicialmente la acción política. Pero es de un oportunismo inadmisible considerar la citación como algo ofensivo para las instituciones de autogobierno. O que ante la misma se defienda poco menos que la impunidad del más alto representante de nuestra comunidad autónoma frente a toda fiscalización de los poderes judiciales. Es muy probable que muchos de quienes se manifestaron ayer lo hicieran albergando los más respetables deseos. Pero ni cabe recurrir a la movilización popular para resolver las discrepancias entre dos poderes constitucionales, ni las expresiones y eslóganes empleados para promoverla son ajenos a una determinada intencionalidad política. Intencionalidad que muy poco tiene que ver con la crítica razonable y provoca efectos contrarios a los que dice perseguir: el desprestigio de nuestras instituciones y del Estado de Derecho.Sería del todo aconsejable que el enfrentamiento volviera cuanto antes a los cauces de la normalidad, y que jueces y políticos recuperaran el respeto recíproco para que las instituciones, sin interferencias mutuas, pudieran concentrarse en lo verdaderamente trascendente para todos: la defensa del sistema democrático común frente a los ataques de quienes sí pretenden destruirlo. Pero esa unidad sólo puede recomponerse con solidez desde la aceptación comprometida por parte de todos los poderes institucionales de la legalidad y legitimidad de las resoluciones que pueda adoptar la justicia, también en este caso.