Javier Olaverri, ¿Antes muerto que sencillos?

miercoles 3 de enero de 2007
¿Antes muertos que sencillos
AVIER OLAVERRI

Se alegraría usted de que a su vecino le tocaran en la lotería 110 millones de euros adicionales si eso le iba a costar a usted 25 millones? Pues eso es lo que les pasa a las haciendas forales de Araba y Gipuzkoa: que van a perder 13 y 25 millones de euros de su presupuesto, por el simple hecho de que dos empresas vizcaínas, Iberdrola y BBVA, van a ampliar sustancialmente su capital y van a ingresar 110 millones de euros adicionales en la Hacienda foral vizcaína. Es decir, lo que tendría que ser una buena noticia para la hacienda vasca, como es la existencia de más recursos disponibles, se convierte en una fuente de disgustos para dos de las tres haciendas forales. Un desaguisado económico que no tiene desperdicio y que se debe a un defecto en el modelo vigente que no por conocido se termina de corregir, al que según el periodista que daba la noticia en este mismo periódico hace unos días se le conoce como 'efecto Olaverri', por ser este parlamentario el que lo denunció hace 20 años en el Parlamento vasco.La idea de castigar a las otras dos haciendas cada vez que la tercera tiene unos ingresos mayores de los previstos es simplemente perversa. Así, resulta objetivamente perjudicial para una hacienda foral colaborar con información fiscal para que otra hacienda foral imponga una suculenta sanción por fraude fiscal. En efecto, por cada 100 euros que Bizkaia recaudase de más gracias a dicha información, Gipuzkoa dejaría de disponer de 23 euros y Araba, de 9 euros. ¿Quién es la mente retorcida que ha ideado este modelo?¿Y por qué no se ha corregido en veinte años un problema tan sencillo de resolver, tan conocido y tan absurdo? En mi opinión por una razón grave y profunda que tiene sus raíces en el gran déficit democrático que arrastra el sistema foral vasco, tal y como se aprobó con la Ley de Territorios Históricos (LTH). Los foralistas consiguieron crear entonces un modelo opaco y a-democrático, que imposibilita la discusión pública en materia fiscal y que convierte a la hacienda foral en una guerra de guerrillas, donde cada diputación no mueve un peón, por pequeño que sea como es el caso del 'efecto Olaverri', por miedo a que se resquebraje el montaje artificial que se consiguió en los albores de la autonomía.Hay que recordarlo: Euskadi es el único país del mundo donde los impuestos no se discuten en un parlamento, sino que se deciden en una oficina sin luz ni taquígrafos, el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), donde sólo se sientan miembros de los ejecutivos y del que no se conocen ni actas ni contenido de las discusiones. Estas personas sólo tiene una obsesión: que no se traslade esa fuente de poder al Parlamento, para lo cual evitan que se discuta en sede parlamentaria cualquier tema de hacienda, aunque sea ese tan minúsculo como absurdo 'efecto Olaverri', no sea que el Parlamento coja gusto a la discusión fiscal y el foralismo se diluya como un azucarillo.El sistema se ha ido degradando con los años, porque da la impresión de que las discusiones en la OCT responden más a los agravios entre los presentes por tiquismiquis del pasado que en verdadero debate sobre la hacienda del País Vasco. Así, vemos cómo pasan los meses y nuestros foralistas son incapaces de aprobar unas sencillas reformas fiscales -sencillas porque consisten básicamente en copiar lo que dice el Estado previamente-, de manera que la norma que regula el IRPF para el año 2007 sólo ha sido aprobada en el OCT hace unos pocos días, y que esa oficina opaca ha acabado el año sin aprobar la reforma del Impuesto de Sociedades que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año.Por lo que parece, el OCT se rige por el simple principio de que cada diputación busca que nadie le dé órdenes y que los demás le aprueben su propuesta, con el resultado evidente de que las reuniones resultan estériles, el tiempo se consume y la hacienda vasca acumula retrasos en la aprobación de normas, inadmisibles en una sociedad moderna, obligando a los ciudadanos y empresas a actuar a ciegas, porque nadie sabe lo que estará en vigor el año que viene. Si a alguno le molesta esta opinión, tiene un fácil remedio: que se entreguen al Parlamento vasco esas actas del OCT.La opacidad fiscal vasca tiene sus beneficios políticos, obviamente. En todas la democracias el debate fiscal es el más importante y el de mayor contenido político. Aquí no existe tal debate, porque el remedo de discusión que se produce en juntas generales es simplemente prescindible, como lo demuestran los 20 años de vida del sistema. Políticamente, las juntas generales no pueden cambiar nada unilateralmente y necesitarían que hicieran lo mismo las otras dos provincias, pero, claro, no existe ningún mecanismo institucional para que las tres juntas pudieran ver de manera conjunta el proyecto remitido por la oficina opaca. Este año, por ejemplo, en Gipuzkoa han tenido que tramitar la norma del IRPF en 15 días, para poder aprobarla antes de fin de año, y el resultado es el obvio: un año más el tema fiscal pasa desapercibido para la opinión pública, que es lo de lo que se trata.Lo curioso es que tan anómala situación no tiene base legal alguna. La Constitución en su artículo 31 dice que ningún ciudadano debe pagar un impuesto si no está previamente aprobado por un Parlamento. El Estatuto de Autonomía, en su artículo 41.21. dice que las diputaciones aprobarán las normas dentro del marco de las leyes fiscales que fije el Parlamento vasco con el fin de armonizar y coordinar a las tres haciendas forales. Lo mismo dice el propio Concierto económico, en su artículo 3.1 a) e incluso el tótem de los foralistas, la LTH en su artículo 14-3. Pero todo es inútil: los foralistas prefieren jugar en el marco de su cuarto oscuro y rechazan vehementemente cualquier intento de sacar el debate al Parlamento vasco y, por lo tanto, a la política democrática.La situación es tan kafkiana que desde hace 17 años hay una ley vasca aprobada, la numero 3/89, que dice explícitamente que el Parlamento vasco podrá regular los elementos básicos de los impuestos de IRPF, Sociedades, etcétera, pero en 17 años los foralistas han impedido que esa ley se materialice una sola vez, y año tras año seguimos empantanados en los enrocamientos de nuestro negociadores forales en el OCT.Por lo que se ve, para un foralista es más importante que el Parlamento vasco no legisle en materia fiscal que el innecesario daño que sufren las empresas vascas al ver cómo año tras año se recurren las normas del Impuesto de Sociedades y se anulan. Aunque ningún político en activo se atreva a decirlo, ya es hora de que el ciudadano sepa que si las normas vascas son anuladas por los tribunales ordinarios es porque los foralistas se niegan a que dichas normas sean aprobadas por el Parlamento, como ocurre en Navarra. Esa solución tan sencilla impediría que fueran recurridas por ninguna asociación de empresarios ni por ninguna otra persona. Pero, claro, si el Parlamento legisla en materia de impuestos, como prevén las leyes, el foralismo estaría herido de muerte y ya se sabe: 'Antes muertos que sencillos'.