German Yanke, Sobre la culpa y la racionalidad

martes 2 de enero de 2007
Sobre la culpa y la racionalidad

POR GERMÁN YANKE
Como el atentado de ETA se llevó a cabo sin aviso previo de suspensión o ruptura del «alto el fuego», el ministro del Interior hizo referencia en su primera comparecencia pública a que las «pautas» tienen validez entre seres racionales y «no estamos ante personas racionales». Se comprende la incoherencia de este argumento en momentos de tensión (y de desolación) como los que Alfredo Pérez Rubalcaba vivía apenas cinco hora después de la explosión del coche-bomba: las «pautas», es decir, el aviso previo de ruptura de la tregua, era el modus operandi habitual de la misma banda terrorista que acababa de destrozar el aparcamiento de la T4 causando dos muertos y varios heridos, es decir, los terroristas de ETA eran tan irracionales o tan racionales antes como después de este último atentado. O, mejor, el problema con el que el Gobierno se encuentra -y con él los españoles- no es precisamente la irracionalidad de unos delincuentes.
Por la aversión que nos produce, tenemos la tentación, más allá del nerviosismo de un momento concreto, de achacar el terrorismo a una suerte de locura o de comportamiento irracional. Pero en esta reacción late el absurdo error de no reparar en que la maldad existe, perfectamente racional y consciente, o la desgraciada resistencia a las consecuencias que comporta reparar en ello. El Estado no puede enfrentarse al terrorismo como un psiquiatra entregado ni como un educador riguroso, sino consciente de que su objetivo es, ajustándose a los instrumentos legales, combatir hasta su desaparición a los enemigos de la vida y de la democracia.
El terrorista no está loco. Sabe lo que hace y, racionalmente -y a veces inteligentemente-, trata de imponer, por la violencia y sus efectos, su proyecto totalitario. Esa es su «pauta», la que se cumple una y otra vez, aunque los métodos, siempre reprobables, sean distintos. Se podría considerar, por tanto, que el atentado de Barajas, sin ruptura previa del «alto el fuego», no es un cambio ilógico o irracional de lo que venía ocurriendo, sino un paso más en la estrategia de unos criminales que se mueven muy racionalmente en las concretas circunstancias de cada momento.
Las circunstancias no eran, hasta el viernes, las que podrían deducirse de las palabras del presidente Rodríguez Zapatero la tarde de ese mismo día. El presidente anunció la suspensión de «las iniciativas de diálogo» al no cumplirse las condiciones de la resolución del Congreso de mayo de 2005, es decir, la constatación de una «voluntad inequívoca» de dejar las armas. Pero no sería otra cosa que engañarse pensar que, en las últimas semanas de amenazas, violencia callejera, desprecio a la ley y a las resoluciones judiciales, interminables extorsiones económicas, almacenamiento de explosivos, robo de armas, etc., estábamos en una situación en la que nos constaba la decisión de ETA de dejar las armas.
No se cumplía el contenido de la resolución parlamentaria pero «el proceso» debía ser sostenido e impulsado. El Gobierno lo ha reiterado hasta un punto ridículo del que ahora ya no hay duda. Se han minimizado, ocultado o distorsionado las cosas hasta el extremo de no considerar oficialmente relevante el almacenamiento de explosivos en el País Vasco y hasta seguir manifestando un irreductible optimismo, como el presidente hizo menos de 24 horas antes del atentado.
ETA y Batasuna lo consideraban «bloqueado» pero no roto. Sus reproches al Gobierno eran de dos tipos. Entendían, en primer lugar, que el Gobierno no había hecho hasta ahora lo que prometió (según su versión, que no tenemos por qué creer) o, sencillamente, lo que debía hacer para conseguir la contrapartida de que cesaran los repetidos hechos que vulneraban las teóricas condiciones del diálogo. Y, por otro lado, le regañaba por no reconocer los contactos realizados, a veces incluso arteramente, como si resultara absurdo no reconocer «el trabajo hecho por la paz».
El terrorismo y sus objetivos
El procedimiento es el de siempre: el terrorismo se detendrá, parcial o totalmente, cuando se logren sus objetivos, parcial o totalmente. El Gobierno, haciendo caso omiso a la violencia existente, venía sosteniendo el «proceso» pero no daba los pasos que la banda exigía. Tiene lógica pensar que, en el esquema terrorista, adjudicara al Gobierno una actitud positiva, distinta de cualquiera de sus predecesores, pero excesivamente lenta y que temiera, por ello, la posibilidad de que su arma en la negociación, que nunca es un argumento sino la violencia que se despegaba en ese momento, resultase, sorprendentemente, asumible y asumida. Tiene lógica, en ese contexto, aumentar la presión, elevar el listón de la violencia y el terror, convertir el diálogo, como efectivamente ha sido la reacción de Batasuna tras el atentado, en «algo más urgente y necesario que nunca». De hecho, dos de cada tres vascos pensaban poco antes del atentado, según el Euskobarómetro, que ETA podía volver a matar.
Quienes han sostenido equivocadamente que esto no era posible, y parece que sorprendentemente el Gobierno entre ellos, venían pensando que una reacción de este tipo, un incremento de la violencia existente, sería el suicidio de la banda. Según esta particular percepción de las cosas, ETA debería saber que el Gobierno, de acuerdo con la opinión pública española, no lo aceptaría de ninguna manera, olvidaría la generosidad con que había apoyado el «proceso», y que, además, «su» propia opinión pública no lo aceptaría. Atentar como ETA lo ha hecho en Barajas, sería ilógico, incoherente, irracional.
Pero si he escrito antes que «sorprendentemente» el Gobierno se apuntaba a esta tesis es porque, después de la nueva manifestación de la barbarie terrorista, el presidente no da por roto el «proceso», sólo lo suspende y añade algo parecido a una invitación a retormarlo de nuevo: «hasta que no se de una voluntad inequívoca de ETA de abandonar la violencia no habrá ninguna aproximación». ¿Cómo interpretarla ahora si sabemos como se ha gestionado hasta el viernes el contenido de la resolución del Congreso y qué pusilánime es la reacción posterior? Pero, sobre todo, ¿dónde está realmente la irracionalidad?
Nada más producirse el atentado, el ministro del Interior desconfiaba de que la reacción de Batasuna fuese distinta de la que realmente ha sido: no condenarlo, no separarse un ápice de ETA, pedir que el «proceso» se mantenga como algo más necesario que nunca... El presidente del PNV, José Jon Imaz, se lamentaba poco después del «servilismo» de Batasuna a ETA. ¿Por qué el Gobierno, entonces, podría esperar para mantener vivo el «proceso» una reacción distinta? ¿Por qué el PNV, en contra del sentido común y también de las sentencias judiciales, ha insistido en la especie de que se trataba de cosas distintas? ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde lo irracional? Porque para sostener lo que era insostenible ya antes de este atentado se nos ha dicho que algunos dirigentes de Batasuna eran «hombres de paz», que la declaración de Anoeta era el camino de la paz y el «retorno (sic) a la política», etc. ¿Dónde está, insisto, lo irracional?
Es evidente que la culpa del terrorismo, de la violencia, del atentado, de las víctimas, la tiene ETA. Ahora se insiste en ello, como si hubiera que defender al Gobierno de alguien que quisiera depositarla en él. Quien lo haga, si alguien lo hace, yerra o demuestra en tal mistificación pésima intención. Es verdad también que el atentado demuestra, en contra de algunas críticas en las que se ha podido querer salirse con la suya más que ser razonables, que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no se ha rendido. Pero rechazar estas falsas acusaciones no implica llamar la atención sobre algunos errores y responsabilidades.
Ha faltado información adecuada. Los reiterados llamamientos del presidente a la confianza ciega porque el, como jefe del Ejecutivo empeñado horas y horas de su jornada en el «proceso», sabía más que el resto de los mortales eran ya un ejercicio que desconocía que la democracia es un régimen de opinión pública, a la que no hay que dirigir en las tinieblas, sino convencer. Ahora se revelan, además, como una bagatela. Y ha faltado una inteligente y racional concepción de la realidad. Rodríguez Zapatero no ha escuchado, o no ha querido pensando que en última instancia todo se podía salvar, el estruendo de los tambores sonando de noche y de día, ni se ha dado cuenta, o no ha querido, de la ralea que tenía enfrente, por utilizar alguna de las expresiones de Jean Améry para lamentarse de no hacer reparado en la amenaza totalitaria.
Así que la culpa es, ciertamente de quien es, pero lo importante es ahora establecer cuál es la respuesta racional y responsable a los culpables, ya que la de los últimos meses ha resultado un fracaso. Hay que empezar por corregir, entre otros, unas líneas de la ya citada resolución del Congreso de 2005 en la que se dice, con optimismo irracional, que «a ETA sólo le queda un destino: disolverse y deponer las armas». Ya hemos visto que ETA, por el momento, no se suicida. Y sabemos, por larga experiencia confirmada por el último coche-bomba, que no se disuelve.
Si Rodríguez Zapatero piensa -demorando en el tiempo- una «solución» como la que ha intentado vanamente, se equivocará de nuevo. El «proceso» ha sido una falacia porque a la ingenuidad del Gobierno sólo se ha sumado la racional criminalidad de los terroristas. La única salida es darlo por finiquitado y aprender la lección. Ya no podemos resistir más el engaño de dar por buenas las palabras de ETA que convienen a una estrategia y por inexistentes (o existentes sólo para «su público») las que nos desazonan. Lo que podemos es reconocer que estamos ante una banda cuya ideología no es otra que el totalitarismo y sus instrumentos no se alejan un paso, aunque den rodeos, de la violencia terrorista.
Actuemos, por lo tanto, en consecuencia y volvamos al Pacto Antiterrorista, el que propuso el actual presidente en momentos más lúcidos, que ha sido, hasta ahora, el que mejores resultados nos ha deparado. En medio de la ceguera con la que se ha gestionado el «proceso» se ha insistido que, al final, el PP, las víctimas enrabietadas, los intelectuales críticos y los ciudadanos enfadados tendrían que plegarse a una estrategia acertada. Ha sido, al final, un fracaso y más vale apelar a la razón. Se equivocaron los diputados que aprobaron el texto de mayo de 2005 y, con el nuevo atentado, deben reconocerlo. A ETA le cabe (y le corresponde) otro destino, el único posible: ser destruida con el arma que no tienen los terroristas, la ley y los instrumentos del Estado de Derecho. Quizá sea más lento que lo que se promete vanamente, pero es más lógico, más racional.