Dudas de la Ley de Dependencia

lunes 22 de enero de 2007
Dudas de la Ley de Dependencia
LA Ley de Dependencia es el proyecto estrella del Gobierno en materia de política social. Sin embargo, una cosa es llenar las páginas del BOE y hacer declaraciones triunfalistas y otra muy distinta, poner la ley en práctica de acuerdo con los principios de eficacia y objetividad que exige la Constitución. Las prisas y los deseos de quedar bien chocan con la indefinición en materia presupuestaria: para empezar a aplicar la norma hace falta un mínimo de 400 millones de euros y para mantenerla en los próximos años, muchos miles de millones más. Y no está claro de dónde van a salir. Al ministro de Trabajo no le salen las cuentas. Tiene dificultades para cumplir sus planes para que la ley sea efectiva en abril, justo a tiempo para producir réditos electorales a los candidatos socialistas. Aunque las urgencias del momento no dejan tiempo para pensar a largo plazo, Caldera debería estudiar con atención el informe «Longevidad y dependencia», del que se hizo eco ABC el pasado viernes, en el que se evalúa el coste individual de los cuidados en función del grado de discapacidad (moderada, severa o total) y de las previsiones demográficas. Según el informe, hay más de dos millones de mayores de 65 años en España con algún tipo de discapacidad, y la atención media a cada uno de ellos se cifra en 10.495 euros anuales. Las cifras son concluyentes a la hora de demostrar la distancia que separa una decisión política de su aplicación efectiva. Por esta vía, el debate sobre la crisis del Estado de bienestar dejará de situarse en un marco ideológico hasta llegar al terreno, muy concreto, de la capacidad o incapacidad de la Administración para hacer frente a sus compromisos.
Se plantea también un serio problema de falta de coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas, que anticipa las dificultades que Caldera va a encontrar en la reunión del Consejo Territorial del Sistema de Atención a la Dependencia. Caldera parece dispuesto a forzar la interpretación de la ley en cuanto a la composición de este Consejo, ya que, frente a la mayoría autonómica prevista por la norma, podría utilizar a su favor a los representantes de Ceuta y Melilla, puesto que las ciudades autónomas no tienen transferidas todavía las competencias correspondientes. No será fácil acordar los criterios para determinar cómo se hace el reparto de los fondos y, de hecho, las comunidades gobernadas por el PP -e incluso algunas del PSOE- han mostrado ya sus reticencias en las reuniones preparatorias. Es fundamental dejar claro quién decide y con qué baremos. Es innegable que la Ley de Dependencia suscita grandes expectativas sociales, y sería muy grave que los ciudadanos se sintieran defraudados. En tal caso, la ley podría volverse en contra de sus promotores. Es el riesgo que se corre cuando se da prioridad a las estrategias coyunturales sobre la racionalidad económica y la eficacia administrativa.