Guardias Civiles, deberes y razones

lunes 22 de enero de 2007
Guardia Civil, deberes y razones
DESDE su creación en 1844 bajo el impulso del Duque de Ahumada, la Guardia Civil es un elemento capital en la garantía del orden público y en la vertebración territorial de España. No es extraño que ciertos nacionalismos hayan tenido en el punto de mira a la Benemérita, fiel reflejo de una concepción de la soberanía nacional incompatible con los particularismos excluyentes. Los servicios al Estado y a la nación que ha prestado y sigue prestando la Guardia Civil son innumerables. Aunque forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, este instituto armado tiene un carácter inequívocamente castrense, según se desprende de la historia y del Derecho vigente. De ahí no sólo las singularidades inherentes a su régimen jurídico -por ejemplo, en materias de sindicación y huelga-, sino también la necesidad de adoptar una postura institucional a la hora de plantear sus problemas y reivindicaciones. Por muchas razones que puedan esgrimir para ello, los 12.000 guardias civiles que el pasado sábado se manifestaron en Madrid deben ser conscientes de que su condición les impone restricciones en la forma de expresar sus criterios. Más allá de las normas jurídicas, es una consecuencia de la grandeza y de la servidumbre propias de su estatus profesional. Con independencia de la delicada coyuntura política actual, ciertas imágenes de la manifestación y algunos de los gritos coreados no encajan con los valores y principios que presiden la historia de esta institución.
Pero sentada esta permisa, el Gobierno tiene que plantearse en serio la problemática de los más de 75.000 integrantes de la Benemérita, a lo que se comprometió desde el comienzo de la legislatura por el agravio comparativo que sufren respecto a otras Fuerzas de Seguridad. Las expectativas no satisfechas generan frustraciones y el PSOE no ha dado ningún paso para flexibilizar la sindicación y adaptar el régimen disciplinario, y no parece que los textos actualmente en proyecto aborden con rigor estas cuestiones. También hace falta un esfuerzo presupuestario para compensar como merecen los servicios que prestan los guardias civiles a la sociedad democrática. Las cosas no se arreglan con discutibles maniobras organizativas en la cúpula del Cuerpo o en el Ministerio del Interior. Muchas de las reivindicaciones planteadas por los participantes en la manifestación merecen ser atendidas por un Ejecutivo que está enfrascado en el diseño de estrategias partidistas y no atiende a los problemas reales de muchos colectivos ciudadanos. Ahora le molesta la expresión pública de la discrepancia, pero antes de quejarse, debería hacer un análisis riguroso sobre su propia responsabilidad a la hora de dejar que las cosas lleguen tan lejos. El enfado tiene que ser muy grande para que 12.000 agentes hayan decidido manifestarse. Los asistentes reclamaron la modernización del Cuerpo en el plano jurídico y presupuestario y para ello el Gobierno tendrá que atender a la reforma de las normas disciplinarias y mejorar el futuro Estatuto de Derechos y Deberes. La condición militar no puede servir de pretexto para hacer oídos sordos a reivindicaciones sensatas.
Otra cosa es, en cambio, el debate sobre la naturaleza del Instituto. Los socialistas llevan tanto tiempo jugando a la ambigüedad que no deben extrañarse de que, una vez abierta la caja de los truenos, la opción por la desmilitarización se mantenga viva en el debate social. Es imprescindible mantener un consenso político básico entre los grandes partidos nacionales en cuestiones que afectan a la seguridad y defensa del Estado, pero -como es notorio- ni la coyuntura política ni el discurso partidista que practica el Gobierno hacen previsible un acuerdo al respecto. Que no se extrañen ahora Zapatero y sus ministros si se les va de las manos una situación que ellos mismos han contribuido a alimentar a base de promesas incumplidas. Lo ocurrido es otro ejemplo de una afición de Zapatero lamentablemente convertida en costumbre: la de generar expectativas a las que luego no sabe o no quiere dar curso, nutriendo así su amplio catálogo de incumplimientos según avanza la legislatura.