Clamoroso rechazo

miercoles 10 de enero de 2007
Clamoroso rechazo

ETA asumió ayer la autoría del aterrador atentado de Barajas en un comunicado en el que asegura mantener vigente el alto el fuego que decretó el pasado 22 de marzo, al tiempo que amenaza con seguir empleando la violencia como «respuesta en el caso de que continúe la actual situación de agresión contra Euskal Herria». La delirante crueldad de dicho mensaje deja al descubierto la pretensión de la organización terrorista de aprovechar el aturdimiento social y político que haya podido provocar con su atentado para descargar en otros su exclusiva responsabilidad -en este caso, en el Gobierno socialista y en «el PNV de Imaz»- e intentar enredar en su diabólica retórica a quienes aún deseen creer que el proceso de paz puede reconducirse. El comunicado y las manifestaciones efectuadas la víspera por Batasuna demuestran que tanto ETA como la formación ilegalizada pretenden retrotraerse al 22 de marzo pasado, conminando a la sociedad y a las instituciones a que hagan lo mismo. Ya hace nueve meses podía cuestionarse que la mera declaración de «un alto el fuego permanente» ofreciera garantías suficientes para que el Gobierno se aprestara a dialogar con los terroristas. El atentado de Barajas confirmó las sospechas de una vuelta atrás que ETA había ido alimentando al reactivar la violencia callejera, perseverar en la extorsión y acelerar su rearme. La banda no ha interiorizado en modo alguno que debe deponer las armas como condición inexcusable. Una premisa que la propia ETA ha hecho más acuciante tras reventar el aparcamiento de la T4. Su intento de dar crédito a una supuesta tregua en la que los terroristas se reservan el derecho de atentar si lo consideran oportuno podrá servirles para atemperar sus contradicciones internas. Pero resulta sencillamente abominable para el resto de los ciudadanos. Ante semejante chantaje el Ejecutivo no puede alentar, ni siquiera como hipótesis, la posibilidad de entablar futuras conversaciones con la banda terrorista.Es evidente que ETA y la izquierda abertzale desearían someter a la ciudadanía y a los partidos, especialmente en Euskadi, a una desconcertante ducha escocesa de engañosas señales combinadas con actos de violencia. Por eso resulta más necesario si cabe que el Gobierno mantenga una actitud inequívoca de firmeza que ni brinde a las pretensiones terroristas el más mínimo resquicio de esperanza, ni induzca en la opinión pública mayor confusión y desasosiego. El coincidente desprecio con el que todos los partidos democráticos reaccionaron ayer ante el amenazador comunicado de ETA, y su común advertencia de que a la banda terrorista no le queda otro camino que abandonar las armas, ofreció una imagen unitaria que compromete a todas la fuerzas parlamentarias y en especial al Gobierno de Rodríguez Zapatero. En medio de las conversaciones mantenidas por el ministro Pérez Rubalcaba con los portavoces de los grupos parlamentarios, el comunicado de ETA vino a confirmar la urgencia de la unidad democrática frente al terrorismo. En primer lugar, mediante el entendimiento entre el PSOE y el PP, porque ambos representan a la inmensa mayoría de los españoles, y porque vienen enzarzándose en una pugna deplorable cuya superación representaría un valor en sí misma. Para ello bastaría el restablecimiento de un suelo compartido de principios mínimos que hicieran perder a ETA, definitivamente, cualquier expectativa de obtener concesiones a cambio del cese de su actividad criminal, y que conjurara el peligro de quiebra en la unidad política del que tanto se beneficia la banda. Es probable que Rodríguez Zapatero se conforme con apuntalar el apoyo del que ha dispuesto hasta la fecha, de todas las formaciones salvo el PP. Incluso es posible que sea eso lo que busque. Pero un acuerdo tan limitado ni colmaría las exigencias de la unidad democrática contra el terrorismo ni su cortoplacismo serviría a los intereses del propio PSOE, obligado a una reflexión crítica sobre su actuación tras el alto el fuego de marzo. No hay que olvidar que la complicada situación en que se encuentra el presidente Rodríguez Zapatero deriva tanto del engaño al que incomprensiblemente ha sido sometido por parte de ETA como de la excesiva distancia en la que él mismo quiso situarse respecto al PP en la gestión de la tregua.Es necesario que los partidos democráticos consignen los principios y las pautas de conducta compartidas por todos ellos y se comprometan a afianzar una mínima unidad de criterios. Pero si algún compromiso les es exigible por parte de la ciudadanía es que no exacerben las diferencias en materia antiterrorista, ni sometan al adversario a acusaciones falsas o a un falaz juicio de intenciones en sus propósitos respecto a ETA. Esto es algo especialmente necesario en un año electoral. Porque si la desunión entre los partidos genera desafección en la sociedad, la percepción de que la confrontación extrema a cuenta del terrorismo forma parte de estrategias que persiguen antes el voto que la paz resulta demoledora para la democracia.