Lento avance contra el maltrato

viernes 22 de diciembre de 2006
Lento avance contra el maltrato
LA tercera macroencuesta sobre violencia doméstica difundida por el Instituto de la Mujer arroja datos favorables, como el que se deriva, por ejemplo, de constatar la tendencia descendente del número de mujeres que se declaran maltratadas por sus parejas y, a su vez, de comprobar la reducción de los llamados «maltratos técnicos», comportamientos indicativos de cierto grado de violencia, como insultos, amenazas, aislamiento, marginación económica de la mujer o miedo a la pareja. Para los amantes de la estadística que gustan de exhibirla sólo cuando les resulta favorable, deben resultar satisfactorias conclusiones como ésta: desde 1999 hasta 2006, el maltrato declarado ha disminuido más de un 14 por ciento y el «técnico», casi un 23. Si hace siete años el 4,2 por ciento de las mujeres se identificaba como maltratada, ahora la tasa es del 3,6 (el 4 por ciento en 2002); y si en 1999 el porcentaje de malos tratos «técnicos» era del 12,4, ahora se ha reducido hasta el 9,6 (el 11 en 2002). En efecto, ambas curvas son descendentes en términos globales.
Pero el hecho de que estadísticamente haya un suave descenso en las cotas sociales de agresiones a la mujer no debe llevar a engaño. Nadie debe dejarse arrastrar por una falsa euforia. Un análisis menos cuantitativo y generoso que el presentado por los responsables del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género nos encamina hacia una conclusión menos optimista y a su vez acreditativa de que, pese a los lentos avances, aún se producen con demasiada frecuencia comportamientos profundamente descarnados con la mujer, impropios de sociedades que se definen como desarrolladas y avanzadas. Desde esta perspectiva, para los otros amantes de la estadística -los que, en un sincero ejercicio de realismo, ven el vaso medio vacío- cobran valor estas otras conclusiones: aún hay 674.000 mujeres que afirman haber sido víctimas de malos tratos físicos en el último año; esta cifra, sumada a la de mujeres que se declaran «técnicamente» maltratadas, asciende a 1.800.000, dato verdaderamente preocupante por lo que conlleva de propensión a potenciales agresiones; el año 2006 se va a cerrar con una cifra de mujeres asesinadas a manos de su pareja similar a la de 2005; y, finalmente, se ha disparado la incidencia de agresiones en los colectivos de mujeres inmigrantes -cada vez más numeroso en España- y de discapacitadas, lo que añade un desgarrador plus de crueldad al daño inherente a todo tipo de violencia.
Uno de los primeros compromisos del Gobierno fue aprobar una ley integral contra la violencia de género con el objetivo de erradicar la vergüenza social que representa mantener sojuzgada y humillada a una parte significativa del segmento femenino de nuestro país. En su defensa de esta ley -como de tantas otras-, el Gobierno recurrió al manido argumento de proteger a los «elementos más desfavorecidos» de la sociedad. Pero algo falla en esa norma del Gobierno, patrimonio ya de todos, cuando, pese al decrecimiento general de las cifras de la violencia doméstica, aumenta precisamente entre las más desfavorecidas: las mujeres discapacitadas, por evidentes razones de indefensión; y las inmigrantes, sometidas a usos y costumbres propias de sus países de origen, en algunos de los cuales la mujer mantiene asumido un perfil de inferioridad respecto al varón que conserva sumisamente en nuestro país, lo que en ocasiones complica la persecución y castigo de este tipo de delitos.
La ley integral es un instrumento que no conviene rentabilizar a golpe de estadística interesada. Su alcance se ha demostrado insuficiente a la vista de las expectativas generadas y su grado de eficacia no progresa en la proporción que el Gobierno desearía. En los Juzgados específicos, muchos colapsados y con enorme carencia de medios, se acumulan miles de procedimientos de malos tratos y las víctimas no siempre reciben la urgente respuesta que demandan y que es exigible en un Estado de Derecho sólido. Las estadísticas pueden ser propagadas como un bálsamo en lo cuantitativo, pero no dejan de esconder deficiencias cualitativas cuya resolución exige mayor decisión y eficacia de un Gobierno que convirtió la lucha contra los malos tratos en una prioridad. Por lo que se ve, todavía con un resultado discreto.