Requisitos de consenso

martes 16 de enero de 2007

Requisitos de consenso

La comparecencia del presidente Rodríguez Zapatero ante el pleno del Congreso y el debate entablado con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, proyectaron la misma imagen de división entre el Gobierno y el PP que la ciudadanía viene soportando frente al desafío terrorista desde hace demasiado tiempo. La desunión entre los dos principales partidos en materia antiterrorista resulta extraña al funcionamiento de las democracias de nuestro entorno. Una situación penosa que la aproximación de las demás fuerzas al Ejecutivo, en especial la del PNV, no logra más que paliar levemente, brindando a los terroristas un panorama a cuenta del cual consiguen obviar sus propias contradicciones y eludir su responsabilidad no solamente sobre el daño que han causado sino también sobre el que amenazan con provocar.Si algún déficit puede imputársele al presidente del Gobierno, tanto en su comparecencia de ayer como en anteriores declaraciones públicas, es el de su renuencia a expresarse de manera más explícita; y el de su negativa a reconocer que, más allá de su desafortunada frase del 29 de diciembre -«hoy estamos mejor que hace un año; dentro de un año estaremos mejor que hoy»-, su apuesta política se basaba en una apreciación poco acorde con la realidad de una banda terrorista que se aprestaba a romper el alto el fuego. Por su parte, si alguna carencia evidenció el líder del PP fue la de su indisposición a acortar la distancia que le separa del Gobierno; una distancia que resulta excesiva e insólita en el ejercicio responsable de la política frente al terrorismo, y que amenaza con perpetuarse en el clima electoral que vivirá la política española durante todo un año.La demanda de Mariano Rajoy de que la resolución del Congreso de los Diputados de mayo de 2005 en la que se basó la iniciativa gubernamental sea revocada es coherente con el hecho de que el PP se negó a apoyarla entonces. Pero el problema no se halla en el contenido de dicha declaración, sino en su interpretación. Aquel texto establecía que «a ETA sólo le queda un destino: disolverse y deponer las armas». Y fijaba las condiciones para «un final dialogado de la violencia» en «una clara voluntad para poner fin» a la misma y en «actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción». Resulta evidente que la conducta de ETA no permitía la verificación positiva del cumplimiento de tales condiciones ya mucho antes del terrible atentado de Barajas. Por la propia naturaleza de la banda terrorista, está claro que no basta el fruto de una serie de conversaciones con intermediarios o portavoces -al parecer poco autorizados-, o un texto críptico de anuncio de 'un alto el fuego permanente', para concluir que los terroristas desean firmemente dejar de serlo. Es más, el doble asesinato de la T4 obliga, en todo caso, a una lectura tan estricta de la citada resolución que sus condiciones sólo podrían cumplirse previa declaración por parte de ETA de que abandona el uso del terror y se disuelve. De manera que los «poderes competentes del Estado» pudieran dialogar con quienes hubiesen renunciado a la violencia después de hacerlo.El hecho de que los dos partidos que en diciembre de 2000 suscribieron el Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo, PSOE y PP, se citaran ayer, en medio de la diatriba, para una próxima reunión de dicho pacto representó la única concesión que Rodríguez Zapatero y Rajoy se hicieron en respuesta a los requerimientos unitarios. Una oportunidad para la ampliación de sus bases fundamentales al entendimiento con los demás grupos parlamentarios. Pero el propósito formulado por el presidente Rodríguez Zapatero de «constituir un gran consenso democrático contra el terrorismo», reivindicando para ello el bagaje unitario contra ETA, requiere que se expliciten las condiciones de la estrategia que preconiza, al tiempo que precisa resultados tangibles en la actuación del Estado de Derecho contra ETA durante las próximas semanas y meses.La eficacia del Estado de Derecho frente al terrorismo depende siempre del grado de unidad que mantengan los partidos parlamentarios. Si estos discrepan respecto a la actuación que han de seguir las instituciones, o recelan mutuamente y se acusan de instrumentalizar o de obstaculizar la acción judicial, esa eficacia quedará irremisiblemente anulada. De ahí que el consenso democrático frente al terrorismo deba procurar, antes que nada, la unanimidad parlamentaria en defensa de la actuación, sin tregua, de los poderes del Estado en aplicación, sin excepciones, de la legalidad vigente. Sólo así el mensaje de la unidad llegará a sus dos principales destinatarios: a la sociedad, para que recupere su confianza en las instituciones representativas y en una política a salvo de la utilización partidista de la persistencia del terror, y a los terroristas, que sólo así se verían conminados a renunciar de una vez y para siempre a obtener contrapartidas mediante la violencia o a cambio de su cese.