Los limites infranqueables

sabado 27 de enero de 2007
Los límites infranqueables
EL Ministerio de Interior ha sancionado a los promotores de la manifestación de guardias civiles que el pasado sábado se concentraron, vestidos de uniforme, en Madrid, para reclamar al Gobierno el cumplimiento de sus promesas. Pese a que en un principio José Antonio Alonso, titular del Departamento de Defensa, se mostró reacio a aplicar sanciones por no apreciar vulneración alguna del régimen disciplinario del Instituto Armado, los propios altos mandos del Cuerpo han hecho ver al ministro que la manifestación no encaja con las normas, valores y principios que presiden la historia de esta institución. La rectificación era obligada, porque aunque la Guardia Civil forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el instituto armado tiene un carácter inequivocamente castrense y las singularidades inherentes a su régimen jurídico, en materias de sindicación y huelga, obligan a sus miembros a cumplir los procedimientos a la hora de plantear sus problemas y reivindicaciones.
Los agentes que se concentraron en Madrid seguro que tienen muy poderosas razones para el descontento, especialmente en materia de salarios y de régimen laboral, pero su condición de guardias civiles les impone restricciones a la hora de expresar sus demandas. Es cierto que muchas de sus reivindicaciones merecen ser atendidas por un Gobierno atrapado en la retórica de sus promesas rotas y al que la situación, de tanto jugar a la ambigüedad, se le ha ido de las manos. Sus compromisos incumplidos -algún ministro del actual Gabinete llegó incluso a prometer la desmilitarización del Cuerpo cuando el PSOE estaba en la oposición- han generado indudable malestar y frustrado muchas expectativas, porque el Ejecutivo no ha dado ningún paso efectivo para la modernización real de una institución que necesita urgentemente de un impulso presupuestario que acabe con el agravio comparativo del que son víctimas sus agentes en relación con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero, asistiéndoles la razón en muchas de sus reivindicaciones, ciertas imágenes de la manifestación, así como los gritos y consignas coreadas suponen una vulneración grave de su reglamento que justifica la aplicación de sanciones.
El malestar es evidente, como notorio es el desencanto de los miles de militares que, como viene informando ABC, han expresado sus quejas por los nuevos salarios y la falta de información sobre los complementos retributivos. Al igual que en la Guardia Civil, la frustración es grande, hasta el punto de que un nutrido número de miembros del Ejército ha planteado sus protestas por carta al presidente del Gobierno. Tanto generar expectativas, que al final la situación se enquista hasta extremos impensables.
El más reciente ejemplo se visualiza con el arresto del presidente de la Asociación Unificada de Militares españoles (AUME), la misma que denunció la discriminación retributiva en las Fuerzas Armadas e instó al Gobierno a «la modernización y regulación de los derechos y libertades». Aunque al brigada Jorge Bravo se le sancione por unas declaraciones realizadas en marzo de 2006, la medida disciplinaria coincide en el tiempo con la actitud crítica que AUME mantiene con el Ejecutivo. Sin embargo, la respuesta de esta asociación no ha podido ser más desafortunada. Aunque la condición militar no puede servir de pretexto al Gobierno para hacer oídos sordos a reivindicaciones sensatas, es esa propia condición militar la que obliga a sus miembros al estricto cumplimiento de las normas. Por eso resultan extremadamente graves las amenazas de presión y protestas en la calle. Por muy razonables que sean algunas de sus demandas, los cauces para expresar el desencanto no pueden en ningún caso desbordar el régimen júrídico al que están sujetos los militares. El Gobierno es, en gran parte, responsable de este clima enrarecido que no justifica, en ningún caso, la respuesta desmedida de quienes deberían entender que la expresión de sus reivindicaciones tiene límites infranqueables.