German Yanke, La promesa del paraiso

lunes 22 de enero de 2007
La promesa del paraíso

Por Germán Yanke
Si, en medio de este barullo, alguien se tomara la molestia de leer el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, comprobaría que la gran iniciativa de José Luis Rodríguez Zapatero no suponía una modificación de la política antiterrorista que venía impulsando el Gobierno de José María Aznar. El PSOE no tenía alternativa, lo que no es un desdoro, ya que la gestión del PP, crecientemente eficaz, era el resultado de una larga reflexión social y política en la que participaban los dos grandes partidos.
Lentamente, y ante la reiterada barbarie de ETA, los votantes y los dirigentes del PP y del PSOE se habían ido desquitando de un complejo asumido tras la muerte de Franco y según el cual no había solución alguna sin los nacionalistas. Y, al mismo tiempo, habían aceptado la evidencia policial y poco a poco judicial de que la banda no era sólo un grupo de pistoleros, sino un complejo entramado que debía ser desmantelado por entero.
Desde un punto de vista político, al PSOE le interesaba que una política antiterrorista, que se imponía como la única posible, fuera vista por la opinión pública como algo tan propio de los socialistas como de los populares, y que los votantes, después de la violenta ruptura de la tregua en 1999, constataran que no iba a cambiar si los socialistas ganaban las elecciones. Pero no sólo deseaban eso: querían que el apoyo al Gobierno, sin alternativa posible, se compensase con un resorte para que esa política fuera en todo caso previamente aprobada por ellos.
Al PP le venía interesando, lógicamente, la cooperación del PSOE, aunque no tanto la principal novedad del Pacto, núcleo de su resistencia inicial y que se concreta en la primera parte del artículo 5 del mismo: las nuevas reformas legales para combatir a ETA precisarían el mutuo acuerdo. De hecho, José Luis Rodríguez Zapatero se quejó públicamente, y con razón, de que algunas propuestas de reforma del Código Penal no habían cumplido ese requisito.
Viene todo esto a cuento para analizar cómo fue el apoyo del PSOE en materia antiterrorista, ya que se ha convertido en una suerte de timbre de honor para el presidente y en comparativo elemento de crítica para el principal partido de la actual oposición. Desde luego, no fue un apoyo «ciego», «totalmente confiado», «silencioso», etcétera, como el que ahora pretende, en ocasiones literalmente, el presidente del Gobierno. En su momento, y sin tener alternativa a la política oficial, pidió -y consiguió con el Pacto- que cualquier iniciativa fuese previamente acordada.
Si el Gobierno y el PSOE se quejan ahora de la falta de unidad por las críticas del PP, deberían considerar estos extremos, empezando por no magnificar ni desvirtuar cuál fue su manera de apoyar al Ejecutivo anterior. Veamos: ¿La política de hoy es la que se refleja en el Pacto? Ciertamente no: El propio Gobierno nos ha explicado que ha pasado mucho tiempo, han cambiado muchas cosas y es precisa una reflexión para una nueva formulación. ¿Se han llevado a cabo los cambios de dirección o las iniciativas complementarias con el previo acuerdo del PP? Es evidente que tampoco. ¿Sigue en vigor el objetivo fundamental del articulado del Pacto según su preámbulo, es decir, la «firme resolución de derrotar la estrategia terrorista»? No se podría afirmar sin faltar a la verdad, ya que el Gobierno y su presidente evitan esa palabra -derrotar- hasta cuando se les trata de «obligar» a ello y la sustituyen por el «fin» o la «disolución» de la banda, logro que precisa unas «circunstancias» políticas. No hay más que escuchar al presidente: esa nueva política, fruto del diálogo, no es la de la «fortaleza del Estado de Derecho», sino complementaria a ésta. Y ni responde al Pacto ni es un cambio acordado con quien lo suscribió con el PSOE.
Puede seguir el debate, pero no tiene pase que se haga apelando a una «unidad» como la que el PSOE apoyó cuando estaba en la oposición. Seguir haciéndolo es un oprobio. Lo que ha ocurrido, y no otra cosa, es, sencillamente, que el presidente Rodríguez Zapatero ha modificado su política basado, según sus palabras, en una «convicción» y, aunque no lo diga públicamente, en un objetivo algo más que colateral.
La «convicción» ha sido que el «proceso» iba a salir bien o, al menos, se iba a mantener en el tiempo. No respondía a un razonamiento serio (la convicción no lo exige, le basta sólo la seguridad en que es verdad lo que piensa o siente), como ha demostrado la bomba de ETA del 30 de diciembre. El objetivo colateral, dejar a un lado, marginado, al PP. Esto sí respondía a un razonamiento, pero perverso. En el Congreso, el presidente ha reconocido su error estratégico, pero no el político, en el que persiste revistiéndolo ahora de «amplio consenso», «unidad democrática», etcétera.
Volvamos al principio. Lo que ha cambiado en las relaciones entre los dos grandes partidos es que el Gobierno actual no quiere que su política antiterrorista pase por el previo acuerdo con el PP, como ocurrió en el momento del Pacto. José María Aznar lo aceptó entonces, receloso al principio, porque le interesaba el apoyo socialista, y nunca la exclusión del PSOE ante el frente nacionalista de Estella.
José Luis Rodríguez Zapatero no está dispuesto a ello hoy porque persigue un proyecto de reformas radicales más amplio, que exige la marginalidad de un PP demonizado y el acuerdo con todos aquellos que no se sienten a gusto en el actual «estatus jurídico-político», por utilizar la tópica expresión de la izquierda abertzale.
La «paz» sería, en ese contexto, la justificación última de un proyecto tan perturbador. Por eso no se promete una batalla constante y realista contra los enemigos de la democracia, sino el utópico paraíso resultante: sin bombas, sin riesgos, sin víctimas, sin enemigos, sin problemas...