Derecho a un techo

lunes 15 de enero de 2007
Derecho a un techo
ÁLVARO SÁNCHEZ/POR JAVIER MADRAZO LAVÍNCONSEJERO DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO VASCO POR RAFAEL LEONISIOMIEMBRO DEL COMITÉ DE LA PLATAFORMA POR UNA VIVIENDA DIGNA DE EUSKADI

Residir en una vivienda digna es una necesidad básica, un derecho fundamental que, al igual que la educación o el acceso a la sanidad pública, tiene que ser reconocido para todos. Por lo tanto el derecho a la vivienda debe ser 'exigible'. Mientras Francia acaba de anunciar su intención de promulgar una ley en este sentido, Escocia lo aplica de manera progresiva desde 1987, y quieren llegar en 2012 a un verdadero derecho exigible y universal.El derecho a la vivienda, entendido como un derecho humano fundamental, se ha situado en el centro del debate político y social en Europa y también en nuestra comunidad. Es evidente que el acceso a una vivienda no es posible para una parte importante de nuestra sociedad, especialmente jóvenes y mujeres, que se encuentran con serias dificultades para poder iniciar una vida independiente. ¿Quién no tiene en su familia más cercana un hermano o una hija que carece de recursos para pagar con su salario un piso en propiedad o en alquiler? Esta situación se agrava cuando está unida a la precariedad laboral o a los contratos basura. Me refiero al nuevo fenómeno social conocido como la generación de los 'mileuristas', que llegan a trabajar incluso como profesionales con un alto nivel de cualificación pero con unos ingresos que no superan los 1.000 euros. Es evidente que, con este dinero, ni las hipotecas a 50 años les permitirán comprar una vivienda libre, cuyo precio difícilmente baja de los 300.000 euros, o pagar un alquiler que en el mercado se sitúa en una media de 600 euros. Ésta es una radiografía fiel de una realidad cruel ante la que las instituciones no podemos permanecer impasibles. Todas las personas necesitamos un lugar en el que desarrollar nuestro proyecto vital. Sin vivienda digna tampoco hay vida digna. Ésta es, al menos, la convicción que impulsa todas las medidas emprendidas por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales desde el año 2001: fomentar el reconocimiento del derecho a la vivienda entendido como una prestación pública -como la sanidad o la educación-, como un derecho práctico, funcional, ejecutable y exigible ante las instituciones. Es cierto que las voces más conservadoras y reaccionarias rechazan esta concepción. Pero tengo la convicción de que el reconocimiento del derecho a la vivienda como un derecho fundamental sólo será cuestión de tiempo. Hay proyectos experimentales en Escocia, donde se pretende dar cobijo para el año 2012 a todas las personas sin techo, y ahora en Francia, donde se pretende ofrecer una vivienda entre 2008 y 2012 a los colectivos más desfavorecidos.El Departamento trabaja también en esta dirección, con el objetivo de garantizar este derecho a toda la ciudadanía, sin excepción. Todos los pasos que hemos dado tienen este objetivo, incluida la aprobación de la Ley de Suelo, dos planes de vivienda, el programa Bizigune como exponente de nuestra apuesta por el alquiler social, el canon sobre los pisos que, sin justificación, permanecen vacíos más de un año y, en un futuro, la Ley de Vivienda. Un lugar para vivir tiene que ser un derecho fundamental, y no un sueño.