Cristin Cuesta, El eterno retorno

domingo 7 de enero de 2007
El eterno retorno

Por Cristina Cuesta
LAS víctimas del terrorismo en el País Vasco tardamos treinta años en organizarnos en una asociación independiente que desde esa tierra defendiera nuestras legítimas reivindicaciones. En 1998 nacía Covite tras años de silencio, de miedo, de humillaciones, de apatía social, de pasividad institucional y del matonismo de la ETA social. Después del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y del infame pacto del nacionalismo vasco con ETA, igualmente trampeado por la banda, nada podía ser igual y la sociedad, el Gobierno y la oposición, ¡por fin!, acertamos en un diagnóstico común y fuimos consecuentes con él, constituyendo y apoyando el Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo, fruto de la experiencia de acierto y error acumulada de la constatación obvia de que ETA era y es una organización totalitaria. Y que resistir, aplicar la ley y atender las justas reivindicaciones históricas de las víctimas era la única fórmula para derrotar a la banda y deslegitimarla políticamente para siempre.
Conseguimos una situación de acorralamiento de ETA como nunca antes, un cese de atentados progresivo y un nivel de mínimos de su actividad social y política, fruto especialmente de la aplicación de la Ley de Partidos. El esfuerzo de resistencia y contención, de apoyo a la democracia española de tantos años tan duros, cobraba sentido para las víctimas.
Con la llegada del Partido Socialista al Gobierno, incomprensiblemente esta política no se ha mantenido. La ruptura se oficializó con la aprobación en el Congreso de los Diputados, el 17 de mayo de 2005, de la moción presentada por el Partido Socialista en el Gobierno y respaldada por varios grupos políticos, pero sin el apoyo del Partido Popular, principal partido de la oposición.
En la sede de la soberanía popular se rompió el consenso histórico en la lucha contra el terrorismo, se introdujo el concepto, ambiguo y resbaladizo, de «diálogo» sin explicitar el contenido del mismo, y se contó con el apoyo de partidos que históricamente habían estado manifiestamente en contra o se habían abstenido frente a las medidas judiciales y legales que mayor acierto y eficacia han aportado a la lucha democrática contra el terrorismo.
Esta iniciativa se completaba con el anuncio de ETA, el 24 de marzo de 2006, de «un alto el fuego permanente» que abría una etapa de escéptica esperanza, hoy definitivamente rota tras el demoledor atentado en la T-4 de Barajas, que ha asesinado a dos ciudadanos ecuatorianos, Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate.
El presidente del Gobierno debe sentirse responsable de haber deteriorado el consenso y la unidad política en la estrategia para derrotar a ETA, de haber potenciado la división entre la opinión pública, de alentar a la ETA política y social, de hacer anidar la desconfianza entre las víctimas, de haber claudicado conceptualmente y de haber demostrado una ineptitud más que evidente por no prever lo que se avecinaba, en contra de los datos de la realidad.
Desde el inicio del alto el fuego hemos constatado que ETA sólo ha mostrado su voluntad de conseguir un cambio del marco político bajo el chantaje permanente de la vuelta al terrorismo. ETA no cambia; lo paradójico y lo deprimente es que después de 40 años de dolor y de hostigamiento a la democracia española, producida por la barbarie etarra, tengamos la sensación de tener que volver a empezar. El camino estaba definido y trazado, y la historia explicará qué interés ha motivado al señor Rodríguez Zapatero a contradecir el Pacto que él mismo propuso como jefe de la oposición, a poner patas arriba la unidad y la estrategia para el final del terrorismo.
Desde Covite, desde el País Vasco, seguiremos defendiendo las bases de un modelo de resolución cabal y duradero que debe basarse en la verdad, en la memoria y en la justicia. La verdad de un relato verosímil que integre el significado político de las víctimas, y que se concreta en que no puede existir comunidad vasca legítimamente instaurada sin integrar la inocencia de todas las víctimas y los principios que defendieron en vida y por los que tantos ciudadanos siguen viviendo sin libertad: la pluralidad ideológica, la tolerancia identitaria, el derecho a sentirse vasco como cada uno desee, la normalidad y la libertad política.
Porque no puede darse un final que pase por ampliar las imposiciones nacionalistas. ¿Dónde quedarían los derechos de los constitucionalistas, de los ciudadanos masacrados y perseguidos por defender la normalidad democrática? Se justificaría la amenaza totalitaria de ETA en contra de la libre decisión de la sociedad y de los pactos políticos básicos, la Constitución española y Estatuto vasco, de los que nuestros familiares han sido mártires en primera línea.
No puede haber final digno sin la asunción de responsabilidades, de culpabilidades compartidas: las penales, que deben ser perseguidas, todas sin excepción. Las responsabilidades políticas e institucionales de todos aquellos que han sacado rédito político de la existencia del terrorismo y han practicado una estrategia en el mejor de los casos equidistante, comprensiva, de impunidad ética y legal, olvidadiza con las víctimas. La asunción de muchas vergüenzas colectivas: la falta de sensibilidad social, el embotamiento ético de tantos que miraron para otro lado, que se aliaron con los más fuertes, que dejaron en la estacada a tantas víctimas.
No podrá haber final digno del terrorismo hasta que no se practique esta regeneración moral de una sociedad que ha callado ante las víctimas y ha honrado, en tantas ocasiones, a los asesinos.
Seguimos reivindicando que la Justicia no puede cargar en las víctimas más sacrificios, cuando se ha hablado tan alegre y frívolamente de beneficios penitenciarios, de cambios legales, de generosidad. No. Antes hay que hablar de arrepentimiento, de remordimiento, de vergüenza, de culpabilidad. Es una exigencia mínima que se aplique la Justicia, que se persiga a todos los terroristas sueltos, que se cumplan las condenas. Cualquier tipo de beneficio legal, judicial o penitenciario sería una concesión política.
No puede haber proceso o final del terrorismo sin el consenso de la mitad de la población española y sin las víctimas del terrorismo, esto es una obviedad. Apelamos a las principales fuerzas políticas, aunque pueda parecer un sueño, a recuperar la unidad política y la firmeza del Estado de Derecho en el ámbito del Pacto por las Libertades como único camino para acabar con el terrorismo; en esta vía nuestros representantes políticos siempre nos tendrán a su lado.
Señor presidente: tiene que optar, tiene que liderarnos, tiene que buscar aliados coherentes con su estrategia; la del diálogo, la permisividad y la ambigüedad ha fracasado. Retome la del aislamiento a ETA, la mirada de las víctimas, la resistencia cívica e institucional. Es una cuestión de Estado. Como escribió el profesor Tomás y Valiente: o ellos o nosotros.
Portavoz de
Covite, Colectivo
de Víctimas del
Terrorismo en
el País Vasco