Pablo Sebastian, La bandera de Odon Elorza

jueves 29 de noviembre de 2007
La bandera de Odón Elorza
Pablo Sebastián
Volvemos a los tiempos ruidosos de la judicialización de la vida política y de la política judicial, vistos los niveles de alta tensión que las intrigas pertinentes de los primeros partidos nacionales, alguno nacionalista, y sus medios afines están imponiendo en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. Así como en otros órganos judiciales como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que es donde acabará el caso del alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, por su negativa a colocar en el ayuntamiento donostiarra la bandera española. Como por esa corte pasarán el lehendakari Ibarretxe por haber acogido, oficialmente, en la presidencia del gobierno vasco a los líderes de la ilegalizada Batasuna, con Otegi a la cabeza, y otros dirigentes del PSE, como Patxi López por motivo parecido.
Lo del alcalde Elorza tiene su interés político, jurídico y electoral y puede tener consecuencias en los comicios en ciernes, a la vez de convertirse en un precedente para otros municipios, y un motivo de enfrentamiento entre españolistas y nacionalistas. Sobre todo, tiene interés para el PSOE porque estamos hablando de una ciudad importante, como lo es San Sebastián, y de una alcaldía emblemática en manos de un personaje que parece estar más cerca del PNV que del Partido Socialista, y veremos cómo repercute todo ello en la sede central del PSOE y en la candidatura de Zapatero. De manera especial, si el PP sabe manejar con prudencia la cuestión y no saca a la calle su particular tamborrada que es, lamentablemente, lo que harán.
Lo de Ibarretxe ante los tribunales, donde pretende montar un espectáculo con su lista de testigos famosos, Zapatero, Aznar, etcétera, es otro asunto de distinto calado, de donde podría salir bien librado acogiéndose al apoyo del fiscal y a la jurisprudencia que existe sobre algún otro caso. Pero lo de Elorza se puede complicar, porque sería llamativo que el Gobierno diera instrucciones al fiscal, en contra de la legalidad, para exculpar al alcalde y destacado dirigentes del PSE-PSOE. Además, el precedente puede abrir en muchas ciudades de España un reguero de denuncias y demandas similares, lo que nadie puede descartar, con lo que volveremos al baile nacional de las banderas que tanto juego ha dado en esta legislatura.
Otros asuntos judiciales son la investigación que el Consejo General del Poder Judicial ha abierto sobre el juez Gómez Bermúdez de la Audiencia Nacional, por causa de su indiscreción y colaboración en el libro de su santa y muy amada esposa, Elisa Beni, un disparate mayúsculo que deja en pañales su acción judicial en el histórico caso del 11M, como consecuencia de la histérica ambición y notoriedad buscada por la pareja, acreedora de las sentencias populares de “por la boca muere el pez”, y de cherchéz la femme.
Mientras tanto, seguimos con la historia de las impugnaciones políticas de magistrados del Tribunal Constitucional como consecuencia de la lucha cerrada y descarnada que, en esa corte, libran PSOE y PP. De momento ha decaído la impugnación del PP montada sobre un artículo que resultó falso del diario El Mundo, y como venganza a otra recusación del Gobierno, tal y como lo confesó el diputado Zaplana. Una vez más, como en el 11M, este periódico y el citado dirigente popular han metido la pata y han dejado en el peor de los ridículos al periódico y al PP. Veremos que ocurre ahora con la recusación del Gobierno y, sobre todo, con el fondo de la cuestión que es la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que la actual presidenta, Emilia Casas, —públicamente amonestada en el día de la fiesta nacional— pueda continuar en el cargo hasta que se debata el Estatuto catalán, la piedra de escándalo y causa de la pelea política.
La reforma de la citada Ley es, de por sí, inconstitucional porque, según la Carta Magna, solo los magistrados del TC pueden elegir a su presidente. Pero dadas las posibles consecuencias políticas de la decisión de esta Corte sobre el Estatuto catalán cabe ponerse en lo peor. Es decir, que la mayoría pro PSOE de la corte se ponga por montera la Constitución.
Y como guinda del panorama político-judicial está la esperada renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional donde el PSOE, en busca de posibles futuros apoyos para gobernar, propone que se integren representantes de los nacionalistas, es decir la zorra como guardián del gallinero constitucional. Menudo panorama, pues, el de la justicia española y su dependencia de los poderes políticos. Y Odón Elorza, de momento, en capilla judicial y a lo mejor convencido de que ya es un mártir de la España imperial y un héroe del nacionalismo vasco, y por eso cuando vaya en su día a declarar irá, como Ibarretxe, escoltado por su gente en actitud de claro desafío al poder judicial.

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