Emilio Gonzalez, Echar el cierre

jueves 29 de noviembre de 2007
Oficina Económica de Moncloa
Echar el cierre
Con todo lo que ha sucedido en esta legislatura en torno a dicha oficina, a Solbes no le falta razón, pero se ha quedado corto: lo que habría que hacer es cerrarla.

Emilio J. González

El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, ha pedido que, si repite en el cargo en la próxima legislatura, las funciones de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno queden delimitadas para evitar solapamientos y puntos de vista distintos. Desde luego, con todo lo que ha sucedido en esta legislatura en torno a dicha oficina, a Solbes no le falta razón, pero se ha quedado corto: lo que habría que hacer es cerrarla.
No cabe la menor duda de que el presidente del Gobierno, sea Zapatero o cualquier otra persona de cualquier otro partido, tiene todo el derecho del mundo a tener sus asesores económicos. Es más, sería un error que no los tuviera, teniendo en cuenta que el presidente, por la lógica de su cargo, tiene que tomar decisiones en materia económica en el Consejo de Ministros. Además, la economía es, hoy por hoy, un componente fundamental de las relaciones internacionales, sobre todo para países como España que forman parte de una unidad europea supranacional como la Unión Europea y de un área monetaria única como es la zona del euro.
No obstante, una cosa es que el presidente del Gobierno tenga asesores económicos y otra muy distinta lo que está siendo en esta legislatura la Oficina Económica de la Presidencia. Lejos de constituir un organismo asesor de Zapatero, la Oficina ha sido, en primer lugar, un Ministerio de Economía paralelo que, en muchos casos, ha anulado a este departamento y a su titular, Pedro Solbes, llegando a imponer medidas que el propio Solbes rechazaba o a respaldarlas, como fue el caso de la ley de horarios comerciales de Montilla o el decreto que ampliaba las competencias de la Comisión Nacional de la Energía para frenar a E.On en su opa sobre Endesa. Y todo esto lo ha hecho sin tener que responder ni en sede parlamentaria ni ante los electores por sus acciones, sin someterse a los controles a los que se ven sujetos los miembros del Ejecutivo en cualquier democracia. Por el contrario, tanto con Miguel Sebastián como con David Taguas a su frente, la Oficina Económica del Gobierno ha ejercido un poder gubernativo que no le corresponde sin estar limitados por control alguno.
Las actuaciones del equipo de Sebastián, y luego del de Taguas, por desgracia no se han quedado ahí. El ex presidente de la CNMV, Manuel Conthe, ya denunció la intromisión de dicha Oficina en el intento de asalto al BBVA pilotado desde Moncloa cuando desde allí se intentó que el supervisor de los mercados financieros investigara al presidente del banco, Francisco González, para socavar su posición y expulsarlo del cargo. La Oficina intervino también de forma activa en las opas sobre Endesa, en contra de la eléctrica y de E.On y a favor de Gas Natural, primero, y de Enel y Acciona después; razón por la cual sus dos directores, Sebastián y Taguas, están denunciados en los juzgados. La Oficina, por último, se ha convertido en la ventanilla por la que tiene que pasar toda empresa extranjera que quiera hacer algo en España, cuando se supone que nuestro país es una economía de mercado que cumple los principios de la Unión Europea, por ejemplo, los de libertad de circulación de capitales y de establecimiento.
Todo lo anterior ya ofrece una imagen bastante tenebrosa de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno y de sus actividades. Pero cuando se añade que desde ella el clan de Miguel Sebastián ha tratado de hacerse con el control de todos los supervisores del sistema financiero español, aunque se les ha escapado el Banco de España, y teniendo en cuenta todo cuanto ha hecho en esta legislatura, lo único que se puede concluir es que Solbes se ha quedado corto al pedir que se delimiten sus funciones. Tenía que haber pedido, directamente, su cierre.

http://www.libertaddigital.com/opiniones/opinion_40654.html