viernes 23 de noviembre de 2007
Yak-42 y miserias políticas
EL juez Grande-Marlaska ha decretado el archivo de las actuaciones en la causa sobre presuntas irregularidades en la identificación de los cadáveres del Yak-42. De acuerdo con el auto dictado por el magistrado de la Audiencia Nacional, pudo haber errores en la identificación de treinta de los sesenta y dos militares españoles fallecidos en el accidente de Trebisonda (Turquía), el 26 de mayo de 2003, pero no existió falsedad alguna en el documento en el que se certificaba su muerte. Los eventuales daños morales producidos a las familias no revisten, según Grande-Marlaska, «relevancia penal», sin perjuicio de otras vías jurisdiccionales para su reclamación. El juez rechaza también que hubiera prevaricación, es decir, que descarta que el Ministerio entonces dirigido por Federico Trillo adoptara a sabiendas resoluciones injustas. De este modo, se cierra por completo la investigación judicial sobre el caso, puesto que hace unos meses quedó sobreseída la causa relativa a defectos en la contratación del avión. Si bien la Fiscalía anuncia su intención de recurrir el auto hecho público ayer, está claro en términos jurídicos que nadie intentó alterar la «veracidad intrínseca» de los documentos. Desde el punto de vista político, sería muy conveniente que el PSOE reconociera ahora su actitud imprudente y temeraria al acusar sin pruebas suficientes al equipo de Defensa durante el último Gobierno de Aznar.
En efecto, los socialistas hicieron del trágico accidente del Yak-42 un motivo permanente de oposición, anticipando conclusiones aventuradas que la Justicia ha desmentido después de forma rotunda. Más grave todavía fue la conducta del anterior ministro de Defensa, José Bono, que dedicó una de sus últimas comparecencias parlamentarias -en concreto, en el Senado- a profundizar en la operación de acoso y derribo a Trillo y a todo el Gobierno popular. Bono presentó como verdades evidentes meros indicios utilizados con intención partidista, según demuestra de forma inequívoca la resolución judicial. Ahora que anuncia su vuelta al primer plano después de una retirada efímera, debería admitir que midió mal sus palabras respecto a los responsables políticos y militares a los que puso en entredicho ante la opinión pública. Utilizar los sentimientos al servicio del propio interés es una conducta inaceptable en democracia. El dolor de las familias y la conmoción social que se producen en estas circunstancias dramáticas deben ser siempre respetados, sin perjuicio de las oportunas indagaciones que en un Estado de Derecho sólo alcanzan el carácter de verdad jurídica cuando existe un pronunciamiento judicial. Rodríguez Zapatero, Bono y otros líderes socialistas salen mal parados del auto de la Audiencia Nacional como responsables de la agresión injustificada a la dignidad de otros políticos y profesionales, acusados sin motivo de haber cometido o propiciado actos delictivos. Por fortuna, el tiempo y la independencia judicial ponen a cada uno en el lugar que le corresponde.
http://www.abc.es/20071123/opinion-editorial/miserias-politicas_200711230250.html
viernes, noviembre 23, 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario