Jose Garcia Rodriguez, El Jueves

lunes 23 de julio de 2007
Desde la cofa
El Jueves
Pero ni lo zafio, ni lo burdo, ni lo inmoral son argumentos para prohibir nada. Ni siquiera el mal gusto. Incluso la cursilería entra dentro de la ley, como demuestra el hecho de que ZP no esté cumpliendo cadena perpetua.
José Carlos Rodríguez

Quienes hemos leído a Miguel Mihura, a Jardiel Poncela y a Tono, quienes nos reímos con los números desempolvados de La Codorniz y hemos pasado noches enteras disfrutando del absurdo de Gomaespuma, sabemos que el humor tiene a la inteligencia como su mejor aliado. Pero como la genialidad y el ingenio son huidizos y caprichosos, no todo el mundo está tocado por ellos. Y como ganas de reír no le faltan al público, lo que sí sobran son quienes recurren a la zafiedad y a la maldad para arrancar las peores sonrisas. Miren, si no, El Jueves, la revista que se secuestra los viernes, como decía el gran editorial de esta casa. La portada de la polémica es tan cutre como la de cualquier otro número. El contenido no es mejor. Si el buen gusto fuera ley, estaría prohibida.
Pero ni lo zafio, ni lo burdo, ni lo inmoral son argumentos para prohibir nada. Ni siquiera el mal gusto. Incluso la cursilería entra dentro de la ley, como demuestra el hecho de que ZP no esté cumpliendo cadena perpetua. Una sociedad libre no tiene más remedio que convivir con lo inicuo, lo indecoroso, lo inmoral. Mientras no ataques los derechos de los demás y sea con uno mismo o con otros de forma consensuada, no hay lugar para la prohibición.
Pero ¿tiene uno derecho a la buena fama? En absoluto. La opinión que los demás tengan de uno sólo le pertenece a ellos y puede ser tan buena o mala como les plazca, y por supuesto que tienen todo el derecho a expresarla libremente. El delito de difamación, uno más de la larga lista de crímenes sin víctima, fue instaurado en España por tres generales: Narváez, Primo de Rivera y Franco. Los socialistas, que odian la libertad de expresión casi más que cualquier otra, quisieron recuperarlo en plena cleptocracia felipista, pero prefirieron guardarse ese as para una ocasión más propicia. Reaparecerá.
Como todos somos desiguales ante la ley (los impuestos son Ley, le recuerdo), parece que no tenga que escandalizar que la legislación arrogue a la Corona el privilegio de poner los instrumentos del Estado a la protección de su prestigio (el Estado, siempre tan eficaz, por cierto, ha multiplicado el mal). Pero sí, es muy injusto. La Corona tiene todavía suficiente buena fama en España como para dilapidarla por arrobas, como hace nuestro Jefe de Estado. Secuestrar libelos no le ayudará a mantener su prestigio, pero sí le sería de ayuda mostrar un poco de firmeza en la defensa de lo que queda de nuestra Constitución y de nuestra democracia, hoy en peligro.
Este ataque a la libertad de expresión le ha granjeado defensores entre sus más firmes enemigos: Los mismos que callaron cuando otros fueron instrumento de su propia intolerancia, con las caricaturas de Mahoma; los mismos que miraron a otro lado, por no mostrar su satisfacción, cuando la COPE recibía el acoso más vil contra un medio de comunicación en España. Sus incondicionales seguimos siendo pocos.
José Carlos Rodríguez es miembro del Instituto Juan de Mariana


21-VII-2007
La revista que se secuestra los viernes
Si lo medimos por los resultados, no cabe duda de que quienes han ordenado el secuestro de El Jueves son mucho más culpables de "dañar el prestigio de la Corona" que la misma revista.
EDITORIAL
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La libertad de expresión es un derecho fundamental y, como tal, los límites que le marque la ley deben estar perfectamente tasados y limitados a la defensa de un derecho aún más importante, como pueda ser el de la vida. Así, en un país sin la larga historia de asesinatos y coacciones terroristas que España tiene a sus espaldas el delito de apología del terrorismo podría ser considerado una intromisión inaceptable en la libertad de decir y escribir lo que se quiera. Sin embargo, la violencia que se promueve por medio de ese tipo de declaraciones y proclamas es bien real, y la defensa de quienes la sufren o la pueden sufrir en el futuro es razón suficiente para que ese delito se persiga. Pero como cualquier actuación de los poderes públicos que afecte a derechos fundamentales, aquellas excepciones a la libre expresión deben estar muy bien justificadas y razonadas. No es éste el caso del secuestro solicitado por Conde Pumpido del último número de la revista El Jueves.
Según el auto del juez Del Olmo, la viñeta publicada en la portada de la edición secuestrada "resulta innecesaria y desproporcionada para la formación de la opinión pública". Pero lo que olvida el instructor del 11-M es que en ningún caso el objetivo de El Jueves es informar o formar a sus lectores. Es una revista satírica, humorística, una más dentro de la larga tradición de este tipo de publicaciones en España. Por más que sus valores estén en las antípodas de los que nosotros defendemos, no cabe duda de que sus viñetas están hechas para hacer reír y no para informar. Todos y cada uno de sus más de mil quinientos números son "innecesarios y desproporcionados" vistos desde esa óptica.
Además, la tardanza con que se ha solicitado esta medida, aún en el supuesto de que estuviera justificado el secuestro de esta publicación lo único que ha conseguido ha sido aumentar extraordinariamente la difusión y publicidad de la ofensa que se quiere perseguir. La televisión, la radio, los periódicos, los digitales; toda la prensa, y no sólo la española, se ha encargado de dar a conocer el contenido de una viñeta que, hasta este viernes al mediodía, era conocida casi en exclusiva por los lectores de El Jueves, una revista con un promedio de difusión de poco más de 70.000 y que llevaba unos años cayendo, lenta pero inexorablemente. Sin duda acabarán agradeciendo tanta publicidad gratuita.
Era tan evidente que ese iba a ser el resultado inevitable de esta medida que es difícil no pensar que ha sido algo buscado. El aprieto en que Conde Pumpido y Del Olmo han metido a la Casa Real es mayúsculo. La institución monárquica será vista por muchos como responsable de un ataque a la libertad de expresión y vista como retrógrada e intolerante. Si lo medimos por los resultados, no cabe duda de que quienes han ordenado el secuestro de El Jueves son mucho más culpables que la propia revista de "dañar el prestigio de la Corona", el delito del que acusan. Y que a estas alturas, con todo lo que ha avanzado la tecnología, el juez instructor del 11-M haya pedido la recogida del molde empleado para la impresión del número demuestra que no ha dedicado a este caso el celo y la prudencia debidos.
Ha querido la casualidad que esta decisión se haya tomado el mismo día en que hemos sabido que el Tribunal Supremo no ha considerado delictivo que el grupo Soziedad Alkoholika desee que los ertzaintzas exploten y se esparzan sus tripas. Sorprende la diferencia entre el trato que reciben unos y otros, especialmente cuando, desgraciadamente, sigue habiendo tantos dispuestos a llevar a la práctica las edificantes admoniciones del grupo vasco. La viñeta era de un mal gusto indudable y demuestra la escasa sutileza que siempre ha caracterizado el humor de El Jueves. Pero esas no son razones suficientes para perpetrar un ataque como éste al derecho fundamental de la libertad de expresión.

10/08/2006 - José Carlos Rodríguez
Crímenes sin víctima
Cada uno tiene derecho a hacer consigo y con su propiedad lo que le plazca, siempre que no invada la de los demás o dañe a otras personas. Así expresado, este principio parece aceptable para la mayoría de la gente. Pero cuando se trata de seguirlo hasta sus últimas consecuencias, parece que esta idea pierde el interés o el atractivo inicial. Prueba de ello es la proliferación de los crímenes sin víctima, o crímenes consensuados, que son aquellos que se hacen sobre sí mismo y su propiedad, en soledad o en cooperación voluntaria con otros.
La lista de crímenes sin víctima es larguísima. En una recopilación de urgencia incluimos el suicidio, el consumo de drogas y todo el proceso de producción y distribución de las mismas, el juego, la homosexualidad, la poligamia y el matrimonio homosexual, la posesión de armas, la mentira, la pornografía, la prostitución, el vagabundaje y la holgazanería, multitud de delitos medioambientales y muchos otros.
La misma idea de crímenes sin víctima es absurda. Pero tiene su sentido en el contexto histórico en que el derecho penal ha sido arrancado de manos privadas por parte del Estado. Cuando, en una sociedad libre, un individuo daña a otro, hay instituciones como el derecho, reforzada por la moral y el entramado de relaciones interpersonales que hacen costosos los comportamientos antisociales, que contribuyen a la restitución a la víctima de lo dañado. Desde que el Estado se hizo con derecho penal, la situación ha cambiado. Primero porque la víctima ha perdido el derecho a ser indemnizada por el criminal y es el Estado quien, en ciertos crímenes y según la situación histórica, se ha quedado con la indemnización, convirtiendo el acto de restitución de la justicia en un nuevo crimen. La víctima lo es por duplicado.
Y segundo, porque una vez que el Estado puede definir los comportamientos penales, tiene la posibilidad de tipificar como tal los que no tienen víctima. En el derecho privado hay una realidad contingente, la persona o la propiedad, que ha resultado dañada por la invasión injusta por parte de un tercero. Puesto que el Estado no es víctima, no tiene como limitación ese hecho contingente, por lo que puede considerar delictivo cualquier comportamiento, incluso los que se realizan sobre la propia persona o su propiedad, en soledad o en compañía consensuada con terceros. Surgen así los crímenes sin víctima, inconcebibles en una sociedad libre.
Con la creación de esta figura se produce una situación que condiciona el libre desarrollo social de un modo determinante. La tipificación de delitos sin víctima o consensuados supone la intromisión y al final el uso de la coacción en comportamientos que, morales o inmorales, son perfectamente legítimos, por lo que es injusta. Además ilegalizar la libertad, criminalizar comportamientos habituales, que son fruto de la espontánea elección de los ciudadanos sobre los ámbitos de decisión a que tienen derecho, no sólo ataca nuestra libertad de forma directa, sino que nos pone en una situación a merced del Estado. Aunque cometamos alguno de esos crímenes sin víctima y no suframos la violencia estatal, nos deja en una situación vulnerable. Y si hacemos cualquier cosa que no guste a quienes estén en el poder, podrán ir contra nosotros por hacer cosas a las que tenemos perfecto derecho.
Pero la perversión de los delitos sin víctima va mucho más allá incluso que eso. Puesto que proscriben comportamientos que tienen su motor en deseos personales no satisfechos, muchos de quienes los adoptaban seguirán con ellos aunque con mayores costes. En ocasiones, en muchas de ellas, se recurre al crimen para hacer frente a esos costes. Y no es la última razón el hecho de que, puesto que uno ya está fuera de la ley, los costes del comportamiento ilegal han sido ya en parte asumidos, por lo que dar el paso a los crímenes reales no cuesta ya tanto. En consecuencia, la persecución de crímenes falsos fomenta los de verdad. El dato tiene una década, pero no tiene porqué ser hoy distinto: cerca del 80 por ciento de los delitos en España tiene relación con el consumo y el tráfico de drogas. Este fomento del crimen no tiene porqué limitarse al esporádico y a pequeña escala; por el contrario fomenta también el crimen organizado. Súmese a ello que las fuerzas de seguridad tienen que atender a ambos tipos de delitos (con el aumento del coste correspondiente), por lo que no se concentran en los que lo son en realidad, perdiendo así eficacia.
Puesto que la consideración de un comportamiento como delito no nace de la violación de derechos originarios, como la vida y la propiedad, su tipificación supone un juicio moral. De este modo, nos encontramos con que el Estado, reunión de todos los comportamientos aberrantes, se convierte en árbitro moral de los ciudadanos. Además, dado que el criminal coincide con la supuesta víctima, la represión del primero supone también la de la segunda. ¿Qué derecho es ese que reprime a las víctimas?