Un tren social

miercoles 21 de febrero de 2007
Un tren social

El sindicato ELA anunció ayer la puesta en marcha de una campaña de información y movilización destinada a lograr la paralización del tren de alta velocidad que está construyéndose en Euskadi gracias a un acuerdo laboriosamente alcanzado entre las administraciones central y vasca. Una intromisión tan frontal y beligerante de un sindicato en cuestiones que, como ésta de la organización de una red de transporte ferroviario, nada o muy poco tienen que ver con su ámbito de actuación causaría sorpresa en cualquier país del mundo dotado de unas instituciones democráticas consolidadas. En éste, sin embargo, tal intromisión apenas si resulta sorprendente, porque son ya comunes en la central nacionalista pronunciamientos y actuaciones que entran de lleno en terrenos que para nada le son propios y que han sido ya legítimamente ocupados por las instituciones democráticamente elegidas para ello. Pero la costumbre, si bien elimina el elemento de sorpresa, no es fuente de ninguna legitimidad. ELA es el sindicato mayoritario en Euskadi, una condición que le confiere una especial relevancia en la representatividad laboral, pero que no le faculta para convertirse en una fuerza de presión política.El tren de alta velocidad es un proyecto que las instituciones vascas han venido propugnando como necesario desde hace casi veinte años. De hecho, ha sido una de las iniciativas por cuya puesta en marcha más han batallado con la Administración central, presentando planes alternativos de ejecución y negociando modalidades extraordinarias de financiación. Decir, como dice ELA, que se trata de un «proyecto impuesto» o «definido y decidido por el Gobierno español en base a lógicas diferentes a las del ámbito vasco» es, además de una muestra del más trasnochado aldeanismo, un ataque muy grave a la verdad. El tren de alta velocidad es, por el contrario, uno de los proyectos-estrella de este país, cuya pronta ejecución resulta imprescindible tanto para mejorar la cohesión interna de sus territorios como para insertar a nuestra comunidad en la red estatal e internacional de comunicaciones. La afirmación, por tanto, de que el proyecto no es un «tren social», y su artificial contraposición a otra «red mallada y funcional» que respondería a unas supuestas «necesidades vascas», no son sino actos de inaguantable demagogia.El Gobierno vasco debe hacer el máximo esfuerzo por contrarrestar éstas y otras campañas mediante la transmisión de una información veraz y rigurosa. Sería imperdonable que las desavenencias internas que en este asunto se mantienen entre los propios socios que lo integran tuvieran como resultado algún tipo de inhibición respecto de su responsabilidad de sacar adelante este proyecto de interés general con el menor coste social.