Gobierno intervencionista

jueves 1 de marzo de 2007
Gobierno intervencionista
LA irrupción de la italiana Enel en el accionariado de Endesa -con la compra, por el momento, del 9,9 por ciento de su capital- ha provocado un nuevo vuelco en la ya larga batalla por el control de la eléctrica española, a la que ahora se añade el último episodio protagonizado por una empresa pública extranjera -Enel está participada en un 30 por ciento por el Estado italiano- que trata de comprar y controlar una compañía privada española. La operación resulta sorprendente por la falta de reciprocidad derivada del blindaje del mercado italiano, cuya Administración ha bloqueado la entrada en su mercado de empresas extranjeras, entre ellas las españolas Abertis, que quiso comprar Autostrade, o el BBVA, que lo intentó con la Banca Nazionale del Lavoro. Alguna de estas operaciones podría desbloquearse ahora, como la de Abertis, e incluso facilitarse alguna otra, como la posible compra por parte de Telefónica de un porcentaje de Telecom Italia, resultado de una posible concertación de los gobiernos de Italia y España en la reciente cumbre de Ibiza. Preocupante resulta también el intervencionismo, una vez más, del Gobierno de Rodríguez Zapatero, cada vez más evidente tras la anticipación, por parte de un desafortunado ministro de Industria, de una operación que vendría a sumarse a la tutela que el mismo departamento prestó desde un principio a la opa de Gas Natural sobre Endesa.
Esta tentación permanente de controlar o dirigir la marcha de las empresas privadas por parte del Ejecutivo no es nueva, y este último caso añade mayor desconfianza a los actores económicos en un país con riesgo evidente de intervencionismo, un ejercicio gravemente pernicioso para la buena marcha de la economía y altamente dañiño para los intereses de los legítimos propietarios de las empresas y sus accionistas.
En esta situación, resulta exigible que la CNMV cumpla su papel de supervisión y defienda a quienes pueden salir más perjudicados. los pequeños accionistas. Algo similar hay que pedirle a la Comisión Nacional de la Energía para que cumpla sus funciones y disipe las dudas ante una operación que genera mayores incertidumbres en esta larga historia de la opa sobre Endesa.
Enel abre nuevos escenarios sobre el control final de la eléctrica española, de la que la compañía italiana aspira a controlar a corto plazo hasta el 24,9 por ciento. También se ve alterado el papel de alguno de los actuales accionistas, como Acciona, con el 21 por ciento del capital, o Caja Madrid, con el 9,9 por ciento. En sus manos está, en buena medida, que la próxima junta de accionistas de Endesa elimine las restricciones de derechos societarios, condición que pide E.ON para seguir adelante con su opa a 38,75 euros por acción, por debajo de los 39 euros a los que ha comprado Enel.