Insostenible

jueves 1 de marzo de 2007
Insostenible

El sector eléctrico atraviesa momentos convulsos y su situación se enreda cada día. Una parte de sus problemas es de índole mercantil y afecta a la composición accionarial de las principales empresas, sin que nadie pueda achacar nada a las decisiones estratégicas legítimas de quienes concurren en la liza, por sorprendentes que resulten algunas de ellas. Las constructoras han desembarcado en el sector y no se sabe si llegan huyendo de sus caladeros habituales por considerarlos agotados, o si esperan encontrar valor en las sobrecalentadas cotizaciones de las eléctricas. Jugadores históricos en el sector, como el BBVA, se retiran de él con el declarado propósito de obtener plusvalías para financiar proyectos en su negocio específico. Además, España se ha convertido en el campo de batalla de los grandes operadores europeos que desean acceder a un mercado dinámico y con elevadas tasas de crecimiento que, por otra parte, no está más regulado que los de procedencia. E.on y Enel se disputan abiertamente Endesa, mientras EDP y EDF esperan agazapados una oportunidad que quizá no esté lejos.Pero una buena parte de las convulsiones en el sector eléctrico procede de la intervención pública. El Estado decidió en su día reservarse aspectos sustantivos de la ordenación de este ámbito, limitando la capacidad decisoria de las empresas. Hay poderosas razones que justifican tal actitud en aras del bien común. Pero una regulación racional exige que los poderes públicos sepan qué quieren ordenar, cómo desean hacerlo y en qué medida van a limitar el terreno y las reglas de juego. En estos momentos es evidente que el Gobierno no tiene una postura formada al respecto. De ahí que los diferentes estamentos que intervienen en la trama -en especial el Ministerio de Industria y los órganos reguladores que de él dependen- mantengan doctrinas erráticas, efectúen declaraciones contradictorias y adopten decisiones incongruentes.Es lógico que el Gobierno defienda la localización y el mantenimiento de los centros de decisión, aunque ello se contradiga con las actuaciones de Telefónica, el BBVA, el Santander o la propia Iberdrola, lanzadas a 'deslocalizar' los centros de decisión. Pero no se puede maniobrar de manera aparatosa e inconveniente, ni se debe pactar una 'solución feliz' con la canciller Merkel para hacer lo contrario meses después con el primer ministro Prodi. Hacen falta criterios de intervención claros, lo que choca frontalmente con la falta de definición de las variables básicas del sistema, con la ausencia de una cuantificación del déficit tarifario o con los vaivenes legales de la remuneración establecida para la energía eólica. Las empresas tienen la obligación de cumplir las leyes y los gobiernos, la responsabilidad de establecer un marco legislativo coherente, nítido y estable. Algo que hoy no existe para el sector eléctrico español.