Alarma en la bahia de Cadiz

miercoles 28 de febrero de 2007
Alarma en la bahía de Cádiz
LOS dirigentes de la Junta de Andalucía (y del Ministerio de Industria) se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena: envían requerimientos notariales y amenazan con cárcel y otras penas a los directivos de la filial de la multinacional norteamericana Delphi, atendiendo más al tendido que a las cuestiones de fondo, a una crisis conocida y anunciada desde hace años, la de una factoría mal ubicada e imbricada en una compañía en bancarrota.
La planta de Delphi en Puerto Real se emplazó en la bahía de Cádiz hace un cuarto de siglo, a rebufo de la importante inversión de General Motors (que era entonces la matriz de esa compañía auxiliar) en Zaragoza. El Gobierno de aquel momento, presidido por Adolfo Suárez, negoció duramente con la que entonces era la primera compañía multinacional del mundo para su implantación en España con una gran planta de montaje de automóviles, que arrastraba, además, otras factorías de componentes. La ubicación de Delphi en Cádiz respondía a la petición del Gobierno español, que quería promocionar una zona castigada por la crisis industrial, especialmente de la industria naval. No era el mejor emplazamiento, distante de los centros de ensamblaje y sin tradición en el sector, pero el precio político por la autorización de la planta y por unos subsidios e incentivos a la inversión que hoy no serían posibles llevó la planta a Puerto Real.
Desde hace varios años, Delphi atraviesa por muy serias dificultades. General Motors la sacó de su perímetro de grupo, y desde entonces ha ido de mal en peor, de ajuste en ajuste, para acogerse a la protección concursal, a la cobertura de la quiebra en 2005 y, hace unos meses, a otro plan de ajuste, por el que va a destinar 3.000 millones de dólares a la cancelación de 20.000 empleos en Estados Unidos.
Con esa tormenta en el piso principal, la situación de las filiales periféricas -y de las periféricas de las periféricas (Puerto Real)- es muy problemática, algo que se sabía desde hace meses, aunque quienes debían ocuparse mirasen para otro lado. Hay poca información fiable sobre la planta de Cádiz, de su rentabilidad, productividad y viabilidad, pero no será fácil que lleguen recursos de la matriz, ni que la amenaza de suspender subsidios de unas decenas de millones de euros impresione a los gestores. Resolver el problema de Delphi-Puerto Real no será sencillo: requerirá sacrificios y el concurso de varios actores, y probablemente modificar líneas de producto, costes, estructura e incluso propiedad. No estamos ante un problema de deslocalización industrial, aunque también puede haber algo de ello: la crisis original es de compañía, de sector y de modelo.
Lo que llama la atención es la impericia con la que responden las autoridades del Gobierno nacional y andaluz y las declaraciones de los dirigentes sindicales, con más retórica que fundamento. Tampoco tiene sentido que de la crisis de Delphi, que es específica y que viene de lejos, se saquen conclusiones generales para otras factorías, concretamente para la industria aeronáutica andaluza, que ofrece razonables cotas de productividad. En esta materia conviene evitar la demagogia e ir al detalle, al fondo de los problemas.