"Agua va" sobre el Constitucional

"Agua va" sobre el Constitucional
Pedro Vicente

1 de marzo de 2007. La reforma de los Estatutos de Autonomía parece que va a garantizar carga de trabajo al Tribunal Constitucional para una buena temporada. Mientras que los magistrados que lo componen -excepto, claro está, el recusado Pérez Tremps- fijan un calendario para sustanciar el recurso presentado por el PP contra el Estatut de Cataluña, si nadie lo remedia, al menos tres Estatutos más pueden acaban recurridos ante el Alto Tribunal.De momento, parece harto improbable que el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se apee de su decisión de recurrir el nuevo Estatuto andaluz. El gobierno extremeño no acepta que Andalucía se atribuya "competencias exclusivas sobre las aguas del río Guadalquivir que transcurren por su territorio", toda vez que el artículo 149 de la Constitución contempla como competencia exclusiva del Estado la gestión de los recursos hidrográficos "que discurran por más de una comunidad autónoma"."Despedida" de IbarraEl enfrentamiento entre Ibarra y Chaves, los dos históricos barones territoriales del PSOE, está servido. Si Zapatero no se saca algún conejo de la chistera, el extremeño se dispone a culminar sus 24 años de mandato dejando ese regalo de despedida. Curiosamente, la determinación de recurrir el Estatuto andaluz es mucho mas firme por parte de Extremadura (3,39% de la cuenca del Guadalquivir), que por parte de Castilla-La Mancha (5,17%). El gobierno castellano-manchego de momento se lo piensa, quizá porque a José María Barreda, que no es Bono, no le resulta tan fácil como a Ibarra contrariar a Chaves, no olvidemos máximo barón territorial y presidente federal del PSOE.Las paradojas no terminan ahí. No consta que ninguno de los diputados y senadores socialistas extremeños y castellano-manchegos se hayan opuesto en el Congreso y el Senado al Estatuto andaluz, ahora contestado por los gobiernos autonómicos de su mismo partido.El conflicto en torno al Guadalquivir afecta de forma indirecta a una cuarta comunidad, Castilla y León, cuyo Estatuto se atribuye asimismo la competencia exclusiva de la cuenca del Duero mediante una formulación prácticamente calcada a la del Estatuto andaluz. Si el Tribunal Constitucional aceptara la tesis de Extremadura, Castilla y León vería seguramente frustrada su pretensión, basada en que el 98% de la cuenca discurre por territorio castellano-leonés.Pero las citadas no son ni mucho menos las batallas más cruentas en la guerra del agua. Si se aprueba la reforma de los Estatutos de Aragón y de Castilla-La Mancha en los términos en que están planteados, el goteo de recursos de inconstitucionalidad alcanzará niveles de aguacero."Blindar" el Ebro, cerrar el grifo del TajoEl "blindaje del Ebro" (reserva de 6.550 hectómetros cúbicos y exigencia de consenso entre las comunidades autónomas afectadas por los eventuales trasvases) suscita el rechazo frontal de la Comunidad Valenciana y de Murcia. Si el Estatuto aragonés sale adelante con ese "blindaje", la Comunidad Valenciana y Murcia no tardarán un minuto en recurrir al Constitucional. Lo mismo harán Camps y Válcarcel si prospera el artículo del nuevo Estatuto de Castilla y La Mancha que pone fecha de caducidad (año 2015) al trasvase Tajo-Segura.Este cruce de conflictos bilaterales o multilaterales entre Comunidades respecto a la gestión del agua iba a haberse abordado en la pasada Conferencia de Presidentes Autonómicos. Pero no hubo tiempo y el asunto se remitió a una Conferencia Sectorial del Agua, que no tiene fecha de celebración. Sin foros ni árbitros para dirimir los conflictos, cada Comunidad mantiene unilateralmente sus reivindicaciones en los respectivos Estatutos, una vía que, como se está viendo, acaba trasladando la pelota al Tribunal Constitucional.