Retos para un ministro

viernes 9 de febrero de 2007
Retos para un ministro

La designación del fiscal Mariano Fernández Bermejo como ministro de Justicia coincide con un momento convulso para la Magistratura, algunas de cuyas decisiones, en especial las vinculadas a dos materias tan sensibles como la lucha contra el terrorismo y la reforma del Estatuto catalán, están sufriendo un continuo cuestionamiento bajo la acusación de connivencia con directrices políticas de uno u otro signo. La desmedida controversia ha conferido una relevancia añadida al nombramiento del sustituto de Juan Fernando López Aguilar. Pero ni la envergadura del cargo, ni la legítima disputa partidista, ni tan siquiera las inclinaciones ideológicas de Fernández Bermejo justifican el beligerante rechazo del PP a su elección y la apertura de un nuevo flanco de enfrentamiento entre los dos grandes partidos. Resulta aleccionador que el Consejo General del Poder Judicial y las asociaciones hayan mostrado, en un gesto de cortesía de efectos balsámicos, su respeto y su voluntad de colaborar con el nuevo ministro.El hecho de que la legislatura enfile su tramo final y el endurecimiento en la pugna partidaria en período preelectoral limitan el margen de actuación de Fernández Bermejo para propiciar soluciones de consenso en los asuntos pendientes. Es lo que sucede con la renovación del Consejo, máximo órgano de gobierno de la Magistratura, que se encuentra en funciones desde hace casi cuatro meses por la renuncia de socialistas y populares a buscar un acuerdo. No obstante, el nuevo titular de Justicia tiene el deber de engrasar, por difícil que resulte el empeño, las maltrechas relaciones con el principal partido de la oposición y tratar de recomponer el espíritu cooperador del frustrado Pacto para la Justicia. Las iniciativas contenidas en él -desde la reforma del Constitucional a la modernización de la Oficina Judicial o la adecuación de los tribunales al Estado de las Autonomías- requieren de la complicidad de los dos grandes partidos para su eficaz promoción.Es probable que Fernández Bermejo se vea obligado a posponer a la próxima legislatura algunos de los proyectos previstos, sobre todo en lo referente a la descentralización y a la discutida justicia de proximidad. Pero lo que sí constituye una responsabilidad inaplazable es la de insuflar sosiego y moderación al debate político, renunciando a los discursos combativos que, en aras a contrarrestar los reproches del adversario, acaban deteriorando la credibilidad de los jueces y comprometen, con ello, la estabilidad del propio sistema constitucional. Ese apaciguamiento, sin embargo, no es una tarea que competa únicamente a las instituciones. Son los propios jueces los que están obligados a proteger su independencia, no sólo porque suponga una garantía y un deber constitucionales, sino porque su preservación es lo que asegura una Justicia verdaderamente ciega, imparcial y ajustada a las leyes.