Luis Pousa, Un calculada ofensiva

viernes 9 de febrero de 2007
LUIS POUSA
CELTAS SIN FILTRO
Una calculada ofensiva
Una de las artes más difíciles del gobernante y, sobre todo, del gobernante en un régimen democrático es gestionar bien el tiempo político. Un recurso que, bien tratado, suele ser agradecido con el agente. Y cuando decimos bien tratado, estamos ya matizando que no se trata de elogiar con ello a aquellos gobernantes hábiles para el tiempo lábil y que, en los casos, más complicados se aprovechan de la incontestabilidad -hay cosas que sólo el poder puede hacer, pero no las afronta porque tampoco la oposición las haría- para dejar que el tiempo pase y conseguir que los problemas se pudran. No. Obviamente, no. Se trata, más bien, de que el gobernante utilice el tiempo para concebir planes y con ellos hacer cosas; para afrontar los problemas e intentar solucionarlos.
Como no todo se puede hacer al mismo tiempo, ni en el mismo sitio, ni para las mismos individuos -de hecho, gobernar es elegir y fijar prioridades-, y, por otra parte, el ejercicio del poder político es limitado a un periodo determinado, y para continuar ejerciéndolo hay que renovarlo ante las urnas, las variables que intervienen en la toma de decisiones son múltiples, y unas más determinantes que otras. A su vez, unas decisiones pueden ser concretadas a corto plazo, otras a medio, y algunas otras a largo plazo.
De lo que se colige que el poder para actuar en esos términos tiene que redefinirse como autoridad legítima. En democracia, esa autoridad es el respeto que le conceden los ciudadanos a los gobernantes, para que éstos realicen las funciones que aquéllos consideran necesarias. Lo que obliga a los gobernantes a comportarse legítimamente y, por similares principios, también a la oposición.
Esta semana se firmó el Pacto por el Empleo; el presidente de la Xunta se ha reunido, en Madrid, con el jefe del Gobierno central, para abordar asuntos como la Cidade da Cultura, el futuro de Navantia-Fene, los plazos de ejecución de AVE o nuevas transferencias a la comunidad gallega; Medio Rural anuncia la creación de un banco de tierras; Sanidad oferta terminar en dos años con la precariedad laboral que sufren los médicos interinos; y el Consello de la Xunta ha aprobado el proyecto de ley de defensa del litoral...
Ninguno de esos temas son cuestiones menores, tampoco surgen de imprevisto, pues se sabía que el equipo blanquiazul estaba trabajando en ellos, y, sin embargo, la integral del conjunto provoca la sorpresa por una calculada ofensiva del Gobierno bipartito, que por su propia génesis no es fruto del azar o de unas ocurrencias de última hora. Quienes tuvieron antes compromisos de gobierno, sean del color que sean, son conscientes de dos cosas: la iniciativa la encabeza Emilio Pérez Touriño, y la brecha abierta le da recorrido al bipartito hasta después de las elecciones municipales.
Es una interpretación lo más aproximada posible a la realidad. Lo cual invita a suponer que, en estos momentos, ciertas guerras de fechas, ciertos tejemanejes destinados a desfigurar los hechos, están más condenados al fracaso que al éxito. Pese a lo que lleva caído hasta ahora, el Gobierno gallego no ha perdido legitimidad ni autoridad ante los ciudadanos. Probablemente, porque como diría Crick, "sólo los acertijos tienen soluciones únicas; los problemas pueden ser resueltos en grados tolerables, ya que no eliminados, de múltiples maneras".