La tapadera electoral de ETA

lunes 12 de febrero de 2007
La tapadera electoral de ETA
PRONTO va a haber ocasión para saber si realmente la ley de Partidos Políticos sigue realmente vigente, es decir, en disposición de ser aplicada por los tribunales a instancia del Gobierno o del fiscal general del Estado. Hasta ahora, el apoyo del Ejecutivo a esta norma decisiva en el retroceso de ETA durante la pasada legislatura ha sido meramente simbólico. Pero ésta es de esas leyes que requieren de las instituciones públicas un imprescindible compromiso activo con sus valores y principios, una irrenunciable militancia democrática para hacerlas efectivas. El Gobierno ha demostrado que no tiene compromiso alguno con la ley de Partidos, más allá de ser objeto frecuente de discursos vacíos. La prueba es la actividad impune del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), tapadera electoral que ETA activó cuando el Supremo ilegalizó las candidaturas de Aukera Guztiak, señuelo de Batasuna que monopolizó, a propósito o no, toda la atención del Gobierno y la Fiscalía. El PCTV fue investigado por el juez Grande-Marlaska, quien imputó a varios de sus dirigentes por integración y colaboración con banda armada.
Nada se ha vuelto a saber de este sumario. A pesar de todas las evidencias que demuestran su sumisión a los designios de Batasuna -por tanto, de ETA-, el fiscal general del Estado se ha manifestado públicamente a favor de la legalidad del PCTV. El PSOE no se cansa en repetir que el PCTV fue inscrito en el registro de partidos cuando gobernaba el PP, ocultando que aún no se había dictado sentencia contra el entramado batasuno y que la ilegalización de un partido no depende de sus estatutos sino de sus actos antidemocráticos.
Como hoy informa ABC, el PCTV ya está preparando las listas para las próximas elecciones municipales y forales del País Vasco. Y el Gobierno, que lo sabe, responde con una pasividad que es, realmente, un acto de complicidad para que la izquierda proetarra tenga un pasamontañas electoral, a pesar de que existen tantos indicios para ilegalizar al PCTV como los que hubo para ilegalizar a Batasuna. La decisión política del Ejecutivo y del Fiscal General es proteger al PCTV, que tiene contratados como asesores parlamentarios a destacados batasunos, que no ha condenado el atentado del 30-D, que se aprovecha de la infraestructura batasuna para recaudar fondos y apoyos, y que, en definitiva, prolonga la estrategia de ETA en el «frente institucional» que diseñó la banda terrorista cuando creó Herri Batasuna hace más de un cuarto de siglo.
A cada cual se le ha de juzgar por sus actos y sus omisiones. Pero, el nuevo ministro de Justicia no tiene cien días de gracia para ponerse a prueba. Su locuacidad sectaria le privó de esta cortesía y ahora tiene que retratarse con el Estado de Derecho y el principio de legalidad promoviendo las acciones legales necesarias para evitar que ETA vuelva a presentarse a las elecciones.