Ignacio Toro, Ayudas a las familias

lunes 12 de febrero de 2007
Ayudas a las familias
ÁLVARO SÁNCHEZ/POR IGNACIO TOROPRESIDENTE ACCIÓN FAMILIAR VIZCAÍNA (AFAVI) POR LOLA SIMÓN ALFONSOPROFESORA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA UPV-EHU

En los países de la Unión Europea encontramos distintos modelos de políticas familiares. Unos han optado por el principio de universalidad en las prestaciones, lo que significa que todos los ciudadanos tienen derecho a ellas. En otros, las políticas familiares se caracterizan por el principio de complementariedad, lo que significa que el fin de la prestación es 'apoyar' a las familias en la atención de la necesidad. Finalmente, en otros, se opta por el principio de subsidiariedad, según el cual la cobertura de las necesidades queda subordinada a la existencia de una incapacidad real de las familias para atenderlas por sí mismas. Las consecuencias son de gran trascendencia. Nos encontramos, por una parte, con los países del norte de Europa, en los que diferentes factores -entre los que la racionalidad administrativa no es el menos relevante- permiten garantizar la universalidad en los servicios y prestaciones, de forma que todos los ciudadanos, con independencia de su situación económica, tienen derecho a aquéllos. En estos países, los municipios juegan un papel determinante en la satisfacción de los servicios. Así, en Dinamarca existe una amplia cobertura pública de servicios para complementar el cuidado familiar mientras los progenitores trabajan a tiempo completo. En Finlandia, sin embargo, se hace más hincapié en la reducción de la jornada laboral, con la prestación de servicios que complementan los cuidados familiares y de determinados subsidios, lo que permite acogerse a un permiso 'parental' sin que suponga un gravamen económico importante para la familia.En Europa continental, las políticas familiares suelen tener en cuenta el nivel económico de los demandantes, con lo que no se configuraría, en sentido estricto, un sistema universal de prestaciones. Pero los criterios de baremación son tan amplios y los recursos destinados, tan abundantes, que las prestaciones familiares alcanzan a la práctica totalidad de la población. Así, los llamados 'cheques-servicio' en Francia están muy extendidos. Frente a estas situaciones, en nuestro país la cobertura de prestaciones destinadas a complementar las responsabilidades familiares es muy deficiente y fuertemente 'asistencialista'. En primer lugar, se hace imprescindible un mayor esfuerzo financiero en políticas sociales, acompañado de una mayor racionalidad en la gestión. Además, urge racionalizar la compleja estructura normativa y administrativa que caracteriza nuestro sistema, que responde más a la idea de reparto de cuotas de poder que a la de la eficacia del sistema. Este objetivo exige hacer descansar sobre la administración más cercana -la municipal- la garantía de acceso a los servicios, poniendo a su disposición recursos financieros suficientes. Finalmente, el importante papel que desempeñan las familias en la cobertura de las necesidades de sus miembros no puede seguir sirviendo de coartada a las administraciones para mantener la debilidad de sus políticas sociales. Los cambios sociales que afectan negativamente a la familia son bien perceptibles en Europa y, muy singularmente, en España. El remedio más eficaz -priorizar a la familia, apoyarla- es a la postre el más barato. En la Unión Europea abundan las innovaciones para responder a estos cambios sociales que dan mayor protagonismo a las políticas familiares: Gran Bretaña y Alemania, por ejemplo, quieren llevar las políticas familiares al nivel más alto de sus prioridades. Muy lejos de este propósito queda España.El reciente estudio aparecido en Gran Bretaña sobre los graves daños sociales y económicos que producen las disfunciones familiares ha llegado a una conclusión clara: lo más costoso es no prevenir, no priorizar la importancia de la familia a través de subsidios directos y desgravaciones fiscales. Pero eso no basta. Son necesarias medidas de conciliación entre maternidad y trabajo. Las medidas de flexibilidad laboral han de crecer progresivamente. Pero el mayor objetivo debe ser una política clara de apoyo a la familia y al matrimonio -soporte de la familia-. Lo demás no deja de ser un parche. Un país es lo que son sus familias. Tras examinar las políticas familiares de la UE, se observa un reciente esfuerzo en medidas para conciliar trabajo y familia en respuesta al aumento de madres: facilitar a padres y madres dedicar tiempo a sus hijos o ascendientes mayores. Sin embargo, de la comparación con otros países se observa que la política familiar española presenta graves defectos. El mayor es que no hay una política general que priorice la familia e integre de modo coherente las medidas de protección que le corresponden. El segundo es que las ayudas son escasas, tanto en prestaciones económicas como en las disposiciones para conciliar trabajo y vida familiar.Es encomiable el esfuerzo de los departamentos públicos responsables de las políticas sociales y familiares -en nuestro caso, el Gobierno vasco-, pero sus recursos apenas alcanzan a cubrir las necesidades más básicas. Hay que recordar que España registra una de las fecundidades más bajas del mundo. Sólo subirá facilitando las condiciones de bienestar a las familias. La generosidad con la familia nunca es un dispendio y menos en tiempos de escasez de bebés. La política familiar se debe computar más como una inversión que como un gasto. Resulta barata porque es preventiva, al generar bienestar entre el grueso de la población. Y, al contrario, impide que se gesten y se manifiesten problemáticas asociadas con la precariedad y el desarraigo familiares como el fracaso escolar, las drogadicciones, la delincuencia juvenil y el embarazo adolescente.