El tripartito a la desesperada contra el TC

jueves 22 de febrero de 2007
El tripartito, a la desesperada contra el TC
LA confirmación de que el magistrado Pérez Tremps, con buen juicio, ha decidido continuar en el Tribunal Constitucional ha exasperado a la Generalitat de Cataluña, porque, según su peculiar visión de la independencia de aquel órgano, así no será posible el reequilibrio «ideológico» interno para resolver el recurso del PP contra el Estatuto catalán. En pocas ocasiones se ha visto un tratamiento tan partidista y sectario del Tribunal Constitucional y, sobre todo, del control de constitucionalidad de las leyes, a los que Montilla y su Gobierno intentan deslegitimar subordinándolos a sus intereses políticos. La primacía de la Constitución parece resultarles un incordio sólo útil si sirve contra el PP, pero que debe ser removido si entorpece el proyecto de reforma constitucional encubierta que se ha producido con el nuevo estatuto de Cataluña, ariete del modelo confederal puesto en marcha por José Luis Rodríguez Zapatero. El desprecio institucional al TC va además acompañado de un uso arbitrario de los procedimientos legales. La Generalitat ha presentado un recurso de súplica contra el auto que aceptó la recusación de Pérez Tremps, a pesar de que la ley orgánica del Poder Judicial declara expresamente que «contra la decisión del incidente de recusación no se dará recurso alguno» (artículo 228.3).
Pero lo más grave es el anuncio hecho por el gobierno autonómico de que, si el recurso no es aceptado por el TC, entonces recusará al magistrado Rodríguez Zapata. Esta táctica se descalifica por sí sola, porque supone un desconocimiento absoluto de la legalidad vigente sobre la figura de la recusación. También pone de manifiesto la desesperación que atenaza a Montilla y a su equipo. La ley del Poder Judicial, cuyas normas sobre recusación se aplican a los magistrados del TC, exige (artículo 223) que ésta se plantee «tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde» y, en todo caso, en el plazo de diez días «desde la notificación de la primera resolución por la que se conozca la identidad del juez o magistrado a recusar», siempre que la causa fuera ya conocida. Por tanto, esta especie de recusación condicional que anuncia la Generalitat es radicalmente inadmisible, porque el motivo -un estudio doctrinal para una entidad del Gobierno catalán- no sólo fue informado por el propio magistrado a sus compañeros, sin que estos mostraran objeción alguna, sino que es público y notorio desde mucho antes del plazo previsto por la LOPJ. La recusación es un instrumento para garantizar la imparcialidad de los jueces, no un atajo para cambiar a capricho la composición de un Tribunal. La Generalitat catalana debería saberlo.